El Estado sudamericano atraviesa una etapa de varios meses de desequilibrios políticos, dificultades económicas, crispación ciudadana, y violencia social. La diversidad de tensiones internas, impiden por estos días al gobierno de transición, la planificación de un programa político – económico, capaz de conducirlos hasta las elecciones generales del próximo diciembre.


El último presidente del Perú Pedro Castillo fue elegido como jefe del ejecutivo el 28 de julio del 2021. Su mandato estuvo desde el comienzo plagado de obstáculos con numerosos cambios de ministros y con un giro de ideas originalmente emplazadas en la izquierda, que derivaron a corto plazo en una carencia ideológica.  La crisis socioeconómica que castiga hace tiempo al país andino se ha agravado aún más por los efectos de la pandemia, provocando subidas en el desempleo, informalidad laboral; además de una elevada inflación que se refleja especialmente en los precios de la energía y de los alimentos. Las protestas, los bloqueos de rutas, las huelgas, y la violencia callejera, han acompañado la vida urbana de Lima y de otras grandes ciudades a lo largo del territorio.

 

Manifestaciones callejeras en Lima. Fuente: Rumbo Minero Internacional (2021)

UNA CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL PROLONGADA 

Perú dispone de un sistema institucional construido sobre tres pilares: el ejecutivo (presidente), el legislativo (la Asamblea), y el judicial. Los dos primeros son elegidos por votación directa de los ciudadanos, y su supervivencia es independiente el uno del otro. Sin embargo, la pronunciada fragmentación política (instalada desde las últimas dos décadas), ha terminado por unir a los dos poderes; ante una polarización del legislativo, y un vacío de poder en el ejecutivo. Las negociaciones imprescindibles dentro de la asamblea se fueron contaminando mediante prácticas contrarias a la democracia como el clientelismo y la corrupción, obstaculizando el curso de las políticas de gobierno y la generación de normas y leyes. Esas barreras internas, en conjunción con la reducción de apoyos legislativos, promovieron en más de una ocasión la adopción de medidas unilaterales (decretos) por parte del ejecutivo. Se engendró así un estilo de gobernanza controversial que se aleja de los principios constitucionales.

A comienzos del siglo XXI, Alberto Fujimori fue el primer presidente peruano en ser depuesto por cargos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El mandatario que se asiló voluntariamente en Japón a los pocos meses de comenzar su tercer período (2000), presentó vía fax la renuncia al ejecutivo. Una dimisión remota que la Asamblea peruana rechazó, votando por mayoría su destitución. Nueve años después durante una visita a Chile, Fujimori fue apresado y extraditado a Perú. En su país natal recibió una condena a 25 años de cárcel. Afectado por una enfermedad, y con edad avanzada, en el 2017 Pedro Kuczynski le otorgó el indulto por causas humanitarias.

Tan solo Alan García[2] (2006 -2011) y Ollanta Humala (2011 -2016), consiguieron finalizar los mandatos presidenciales, aunque sin quedar exentos de acusaciones cruzadas por corrupción. El citado Pedro Pablo Kuczynski ocupó la presidencia por un bienio (2016 y 2018), luego de atravesar dos procesos de remoción por parte de la asamblea. Deteniéndonos en Alan García, fue presidente del Perú en dos oportunidades entre 1985 y 1990 y entre los años 2006 y 2011. Su segundo gobierno se caracterizó por una receta de desarrollo bajo el paradigma neoliberal y favorecido por el alza internacional de los precios de las materias primas. La ambición de los grandes capitales con actividades extractivistas lo enfrentó con la clase trabajadora local. Tras dejar el cargo, el ex presidente era investigado por la promulgación de un Decreto de Urgencia (DU) 032-2009 (licitación de construcción de una línea de metro en Lima),  y por los aportes de la compañía Odebrecht a su campaña presidencial del 2006. El 17 de Abril del 2019 la Policía Nacional del Perú se dirigía a su vivienda para arrestarlo, y García se suicida con un disparo en la cabeza ante la inminencia de su detención.La moción de censura contemplada en el texto constitucional peruano, funciona como mecanismo de control político para aquellas situaciones en las que la interpelación del presidente, o de un ministro, no cubra las expectativas del Congreso. La interposición debe ser colectiva en el seno de la cámara baja, reuniendo las firmas de al menos un 25% de los  diputados.  Y su aprobación precisa del voto positivo de más de la mitad del número legal de miembros. La dimisión voluntaria de Kuczynski en el 2018, terminó por alejarlo de un posible enjuiciamiento sobre sobornos en proyectos de infraestructura pública.

Imágenes de las protestas callejeras en Lima el pasado octubre. (El Mundo)

El vicepresidente Martín Vizcarra lo sustituyó hasta finalizar los dos años y ocho meses restantes. Aunque en noviembre del año 2020 la asamblea con superioridad opositora, declaró a Vizcarra incapacitado moral para seguir gobernando, bajo supuestos cargos de irregularidades en la obra pública.  La dimisión concurrente de Mercedes Aráoz, dejó también la vicepresidencia vacante a fines del mismo año. El titular del Parlamento, Manuel Merino, desempeñó transitoriamente el ejecutivo, y tras su pronta renuncia, Francisco Sagasti dirigió el gobierno hasta las elecciones generales de julio del 2021.

 A lo largo de 18 meses de gobierno, la asamblea peruana sometió a Castillo a tres mociones de vacancia. El predominio opositor del congreso lo integran la ultraderecha Renovación Popular, los conservadores, y la fuerza popular fujimorista. Tras reiteradas acusaciones de incapacidad moral se objetaron investigaciones de fraude fiscal, irregularidades en los ascensos de las fuerzas militares y policiales, y presuntos sobornos por proyectos de obra pública.  Las redundantes relaciones coercitivas entre el ejecutivo y el legislativo peruano, han terminado por debilitar los instrumentos democráticos, y erosionaron a su vez, la legitimidad del liderazgo político.

El presidente Pedro Castillo en el Congreso ante una moción de censura. Fuente: Diario El Sol (26 noviembre 2021).

 

DICIEMBRE DEL 2022: INTENTO DE AUTOGOLPE 

En las últimas semanas del año 2022, el malestar generalizado empujó a cientos de miles de peruanos a expresarse en las calles para reclamar cambios en el rumbo de las políticas de gobierno. Acorralado e inmerso en una crisis sin diálogo político, el 7 de diciembre, Castillo tomó la decisión arbitraria de disolver el Congreso. Una medida inconstitucional que le valió la inminente destitución del cargo y su detención.

Un número importante de ministros, congresistas, políticos, y medios de comunicación, denunciaron los atropellos sobre la democracia.  La justicia peruana ha interpuesto un arresto preventivo de 18 meses por existir riesgo de fuga (Pedro Castillo tuvo un intento fallido de solicitud de asilo en la embajada mexicana en Lima). El ejecutivo recayó en la vicepresidenta Dina Boluarte, quién reorganizó en pocos días el gabinete de transición.

Las protestas y la violencia en las calles no han cesado desde las últimas semanas. Al menos unas 30 personas han perdido la vida, y los heridos se cuentan por centenas. Sin expectativas de completar el mandato original (hasta julio del 2026), Boluarte ha anunciado recientemente la convocatoria a elecciones generales para el mes de diciembre del 2023.

La recién asumida presidente Dina Boluarte,  presenta su gabinete a mediados de diciembre del 2022. Fuente: El Español (17 diciembre 2022)

LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA COMO UN MAL REGIONAL 

El fenómeno de la fragmentación política es una dinámica que crece alrededor del mundo y que se acentúa en los países latinoamericanos. La polarización exhibida en los últimos resultados electorales de Chile, Colombia, Argentina, Brasil y Perú demuestra el surgimiento de líderes que se proyectan desde plataformas políticas anti sistema y que reciben en su favor el voto castigo de electores fatigados de sobrevivir a tantas crisis. La desafección de los latinoamericanos con sus democracias es una variable que ha crecido sostenidamente. Una causa importante de la decepción en la ciudadanía se origina en las gestiones ineficientes que desarrollaron los gobiernos ante la pandemia del COVID 19. Las crisis de representación se manifiestan incluso con acciones violentas que persiguen reemplazar el statu quo; como se ha visto a comienzos de enero 2023 en el intento de golpe de Estado en Brasil contra el recién asumido presidente Lula da Silva.

El sistema político peruano sufre las consecuencias de la elevada polarización política, construida sobre ejes ideológicos antagónicos incapaces de establecer puntos intermedios de consenso. La fragmentación promovida por liderazgos personalistas ha trazado divisiones sociales en las que un sector monopoliza los aciertos e imputa sobre los contrarios los errores y las causas de los problemas. La cronología de presidentes depuestos con mandatos inconclusos, de asambleas divididas, y de resultados electorales muy fraccionados, desgastan los pilares fundamentales de la democracia. Sin dejar de considerar los polifacéticos problemas sociales que naufragan en una macroeconomía sumergida por el endeudamiento, la inflación, y la falta de inversión.

El 2023 será un punto de inflexión para el Perú que estos días debate la elección del nombre oficial para el año en curso. Una tradición que se remonta al año 1962 y que atribuye el lema de promoción, difundido a través de todas las instituciones del Estado. El 2022 había sido consagrado como el año del fortalecimiento de la soberanía nacional; ahora será la actual presidente Boluarte la responsable de integrar un eslogan representativo que aporte perspectivas de futuro para la malograda democracia andina.


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