Históricamente, Estados Unidos se ha presentado ante el mundo como el garante de la libertad y la democracia. Sus principios fundamentales, como los alegados por todo ideal de régimen democrático, incluyen la defensa de la libertad de prensa. No obstante, en 1917 el presidente Woodrow Wilson aprobó la Ley de Espionaje, bajo la cual se pretendía la ilegalización de dicha práctica en un contexto post-Primera Guerra Mundial. Años más tarde, la ley se incluyó bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, siendo así utilizada para la persecución legal de la prensa y la publicación de los secretos de Estado.
La lógica de la seguridad: los secretos de Estado
Los secretos de Estado son la materialización de la lógica de la seguridad de los países. Esta etiqueta permite clasificar documentos, enlaces, códigos, nombres, etc. En el caso estadounidense, cualquier tipo de información que, por parte del Departamento de Defensa se considere que, de caer en manos enemigas, sería dañina para la seguridad nacional. Todo Estado mira por su seguridad, no se duda, pero los secretos de Estado atentan directamente contra la libertad de prensa y de acceso a la información de la ciudadanía, puesto que ¿cómo de gruesa es la línea que separa qué puede ser maligno para un Estado, pero su ciudadanía necesita conocer? Julian Assange puso a prueba este límite.
Un estudio realizado por David Pozen, profesor de la Universidad de Columbia, puso de manifiesto una chocante paradoja: frente a esta lógica del secreto en pos de la seguridad nacional, hay, proporcionalmente, más casos de filtraciones que persecuciones legales de las mismas. La teoría de Pozen, refleja cómo la permisividad frente a la filtración de ciertos secretos de Estado es puramente estratégica. Es decir, es necesario dejar de mirar a la ciudadanía tras los bastidores del complejo entramado político para no perder legitimidad.
Otra razón por la que algunas filtraciones son permitidas es debido a la necesidad de justificación del ejecutivo estadounidense del inmenso poder que ostenta. El Congreso ha encontrado un mecanismo para permitir a sus votantes acercarse a la punta del iceberg de una realidad política de entramado complejísimo, dando la sensación de que el público será capaz de identificar la mala gestión política.
La discrecionalidad con que operan las Administraciones frente a la libertad de prensa, manifestada en forma de permisividad respecto a la falta de persecución judicial ante claras brechas de seguridad, se explica a partir de la lógica del control. Ante esta compleja relación simbiótica que se da entre la política y la prensa, el cuándo, cómo y con qué intensidad hay que aplicar las leyes que prohíben las filtraciones se vuelve una cuestión, cuanto menos, delicada. Una Administración estaría dinamitando su salvoconducto ante la opinión pública si penalizara todas las filtraciones, ya que es la primera entidad que se beneficia de ellas. No obstante, no debe olvidar implementar los mecanismos de sanción con el fin de establecer un límite a las filtraciones de secretos para prevenir la proliferación de inseguridad.
Este delicado equilibrio se ve rápidamente disuelto cuando los secretos de Estado salen a la luz sin ningún mecanismo de control por parte de la Administración. Ejemplos de ello serían los famosos casos de los Papeles del Pentágono, el caso de Julian Assange y, años más tarde, las acciones de Edward Snowden.
El caso Assange
La formación del caso judicial contra Julian Assange tiene un inicio lejano a las primeras filtraciones de la página “Wikileaks”. Cuando la plataforma, con ayuda de la analista militar Chelsea Manning, consiguió acceso a documentos oficiales por los cuales se demostraban violaciones del Derecho Internacional por parte de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, así como del Derecho nacional en Guantánamo, el por aquel entonces presidente, Barack Obama, tomó la decisión de no presentar cargos contra el australiano. La principal razón aludida fue el peligro al que se enfrentaba la libertad de prensa y la imagen de la Administración si se llevaba a juicio a Julian Assange. Esa mentalidad queda ahora muy lejana.
Años después, la Administración Trump construyó un caso contra Assange. Cabe destacar cómo la denuncia nacional llegó tras haberse aprovechado beneficiosamente la campaña política de Donald Trump de aquellos documentos rusos filtrados por Wikileaks por los cuales su rival, Hillary Clinton, quedó gravemente desacreditada. Aunque en línea con una mentalidad e ideología republicanas, el caso de seguridad nacional presentado en 2016 ante el Departamento de Justicia es un reflejo de la hipocresía política que rodea y decide el futuro de la libertad de prensa.
Queda así demostrada la teoría anteriormente expuesta acerca de la permisividad de las filtraciones y el beneficio que acarrea para las Administraciones, siendo la decisión de presentar el caso ante el Departamento de Justicia completamente discrecional y subjetiva, sin un criterio regular. Ante una narrativa de transparencia, libertad y derechos individuales como es la que proyecta Estados Unidos ante el mundo, autoproclamándose estandarte de la seguridad y la democracia, es, cuanto menos, paradójica (si no dañino para su imagen) la irregularidad en los casos llevados ante la justicia. En lugar del mantenimiento de la hegemonía en la securitización, se consigue lo opuesto con estas acciones: la desacreditación del gobierno, quien permite aquello que más le favorece, y sanciona lo que lo pone en evidencia.
No es esta una situación nueva. El 13 de junio de 1971, el Times publicó los famosos Papeles del Pentágono, sacando a la luz cómo durante las pasadas cuatro Administraciones se había tenido conocimiento de que la guerra en Vietnam no iba a ser ganada por Estados Unidos. La Administración Nixon intentó frenar las publicaciones del Times y el Washington Post, pero este intento fue frustrado por el Tribunal Supremo en una victoria que ha pasado a la historia, sentando un precedente en favor de la libertad de prensa. No se puede celebrar lo mismo a día de hoy.
Actualmente, el gobierno estadounidense ha acusado a Julian Assange con 18 cargos, entre los que se encuentran conspiración, obtención no autorizada e ilegal de información referente a defensa nacional, así como su distribución y publicación, todos ellos bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, sumando un total de hasta 175 años de prisión. Al encontrarse el australiano en territorio británico, la Administración Trump llevó a juicio su extradición para poder juzgarlo en suelo estadounidense.
Después de un duro juicio, la defensa de Julian Assange ganó en base a su débil estado de salud tanto física como mental. La sentencia de la jueza británica Vanessa Baraitser fue un arma de doble filo. Por una parte, supuso la victoria de Assange frente a Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, al haber sido su estado de salud la razón del fallo judicial, el tribunal británico dio por válido el caso presentado por la acusación estadounidense. En otras palabras, de estar Julian Assange en perfecto estado de salud, estaría siendo juzgado en Estados Unidos por la publicación de información clasificada como secretos de Estado.
La peligrosidad de la sentencia radica en el precedente internacional que ha sentado, por el cual la libertad de prensa, a diferencia de aquella vez en los setenta, ha sido llevada a juicio y ha perdido. Debido a la validez del caso estadounidense, a día de hoy la lógica de los secretos de Estado ha pesado más que la libertad de publicación y acceso a la información de la ciudadanía.
En Estados Unidos numerosos colectivos están realizando llamamientos por defender con mayor ahínco libertades fundamentales como la de prensa, pilar fundacional del país (BBC News)
Conclusiones
El pasado 22 de marzo una delegación de ministros parlamentarios australianos liderada por G. Christensen, A. Wilkie y J. Hill, se reunió con Michael Goldman, embajador estadounidense, para interceder por Assange y negociar la retirada de cargos, así como la vuelta a Australia. Pese a que Goldman se mostró abierto, y los ministros salieron satisfechos, actualmente el Departamento de Justicia estadounidense se encuentra luchando por la apelación de la sentencia de la Jueza Baraitser con el fin de conseguir la extradición a territorio norteamericano. Numerosas asociaciones luchando por libertades civiles, libertad de prensa y defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, piden ante la nueva Administración demócrata la retirada de cargos, esperanzadas de que la mentalidad aperturista y liberal de Biden siga los pasos de Obama y decida posicionarse del lado de la libertad de prensa. No queda más que esperar y confiar en que Estados Unidos decida revocar la decisión que ha hecho peligrar la libertad de prensa a nivel mundial.
De no conseguirse esta retirada de cargos y puesta en libertad de Julian Assange, los secretos de Estado habrán sido validados como la alfombra bajo la que barrer las flagrantes ilegalidades y violaciones de derechos fundamentales por parte de los Estados. Bajo el cambio de Administración, Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada en la que deberá decidir cómo presentarse ante el mundo: garante de las libertades más fundamentales o una cortina de humo tras la que se esconde un régimen que vulnera sus principios más básicos.
Referencias
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