El 28 de junio de 1969, la redada policial en el pub Stonewall Inn dio lugar a lo que hoy se conoce como los disturbios de Stonewall, la primera lucha del colectivo LGBTI en contra de un sistema que perseguía a las identidades y sexualidades disidentes. Desde entonces se han conseguido muchos logros a nivel global, pero todavía quedan avances por realizar si queremos caminar hacia una sociedad que reconozca e integre la diversidad. Así lo pone de manifiesto el último informe de ILGA-Europe, Rainbow Europe 2022, en el que se evidencia la persistencia de lagunas significativas en lo que se refiere a la protección contra la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI. En este sentido, 20 de los 49 países incluidos en el informe no disponen de medidas legislativas que ofrezcan protección a las víctimas de delitos de odio por razón de orientación sexual. Con relación a la protección frente a las discriminaciones por razón de identidad de género, hasta 28 países carecen de normas que ofrezcan garantías y seguridad.

 

Aumentan los índices de delitos de odio por razón de orientación sexual y/o identidad de género

Durante el año 2021, se percibe un ligero aumento de la retórica anti-LGBTI, lo que ha provocado un ascenso en los casos de delitos de odio y violencia en cada uno de los países europeos. En este contexto, uno de los conflictos que más ha dividido a la sociedad ha sido la autodeterminación, especialmente en países como Serbia, Reino Unido y España. No obstante, países como Andorra, Bélgica, Croacia, Finlandia o Alemania han llevado a cabo reformas legislativas a fin de reforzar el reconocimiento legal del género. A este respecto, los Principios de Yogyakarta, relativos a la aplicación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, recogen el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que señala que “la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación”.

Puntuación del cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en Europa y en la UE. (Rainbow Europe 2022)

 

Polonia y Hungría, a la cola de la Unión Europea

En noviembre de 2020, la Unión Europea presentaba la Estrategia LGBTIQ+ 2020-2025 con cuatro elementos clave: combatir la discriminación hacia el colectivo, garantizar su seguridad, proteger los derechos de las familias diversas y promover la protección de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo. La estrategia hace especial hincapié en la utilización de los fondos europeos para construir una sociedad igualitaria, en un claro ejercicio de crítica hacia Polonia y Hungría, dos de los países que más han retrocedido en esta materia. De hecho, algunas localidades polacas se han autodenominado “zonas libres de ideología LGBTI”, atacando directamente al colectivo y poniendo en peligro su seguridad. El 11 de marzo de 2021, el Parlamento respondía ante esta acción con la adopción de una resolución con la que declaraba a la Unión Europea una zona de libertad para las personas LGBTI.

No obstante, esto no resulta sorprendente, ya que Polonia es el país de la Unión Europea con mayores retrocesos en derechos LGBTI, como indica el informe de ILGA Europe. El Ministro de Educación y Ciencia, Przemysław Czarnek, ha realizado diversas declaraciones en las que criminalizaba al colectivo LGBTI e instaba a no promover medidas educativas que supusieran algún tipo de avance social, al entender que contravenía a la familia natural. A esta retórica de anti-derechos por parte de representantes políticos hay que añadir el aumento de los índices de violencia y delitos de odio por razón de orientación sexual y/o identidad de género, los cuales tampoco son perseguidos y/o sancionados por el gobierno. De hecho, en enero de 2022, el Parlamento polaco aprobaba una ley que vetaba los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en las escuelas, una iniciativa similar a la promovida por Vox en España.

(Gráfico recuperado de Rainbow Europe 2022)

Por su oposición a los derechos LGBTI, la Unión Europea inició en 2021 acciones legales contra Polonia y Hungría, condicionando así la recepción de fondos europeos por parte de ambos Estados. Una decisión que ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No fue hasta junio de 2022 que la UE desbloqueó los fondos de Polonia, una medida condicionada a la adopción de reformes que garanticen la independencia judicial.

Este no ha sido el único caso de conflicto entre estos países y la Unión Europea, sino que las familias diversas también han sido protagonistas de un arduo debate. El Parlamento Europeo instó a que todos los Estados miembro reconocieran plenamente a las uniones y/o matrimonios LGBTI*, exigiendo los correspondientes derechos de libre movilidad y derecho a la vida privada y familiar.

Aunque no han recibido tanta atención mediática, la situación del colectivo en países como Rumanía y Bulgaria también es preocupante. Ninguno de estos dos Estados reconoce las uniones entre personas LGBTI, por lo que en varias ocasiones las familias LGBTI* han tenido problemas burocráticos ante un gobierno que no reconoce sus unidades familiares. Aunque recientemente Rumanía ha aprobado la implementación de la educación sexual en las escuelas, no parece que entre los contenidos didácticos se encuentre la diversidad afectivo-sexual. Además, deja en las manos de las familias la posibilidad de que el alumnado acuda a este tipo de formaciones, una práctica similar a la promovida por el gobierno polaco.

 

Malta, Dinamarca y Bélgica muestran grandes avances en materia de derechos LGBTI

Situación de los derechos de las personas LGBTI* en Europa según Rainbow Europe.

En la otra cara de la moneda se encuentran Malta, que repite el primer puesto desde 2016, Dinamarca y Bélgica, los tres países con mayores garantías y libertades para las personas LGBTI. Esto supone que los tres países obtienen grandes puntuaciones en las siete categorías analizadas por ILGA Europe, a saber: igualdad y no discriminación; familia; crímenes y discursos de odio; reconocimiento legal de género; integridad corporal intersexual; espacio social civil; y asilo.

Entre los primeros puestos también se encuentran otros países a los que se les reconocen determinados avances y mejoras en los derechos de las personas LGBTI, como la prohibición de cirugías a personas intersexuales en Alemania o que Francia se haya convertido en el tercer país (después de Malta y Alemania) en sancionar las terapias de conversión a personas LGBTI.

Sin embargo, lo cierto es que las consideraciones que preceden lanzan un claro mensaje: los derechos de las personas LGBTI están en un claro retroceso. En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 17 de mayo, la Unión Europea manifestaba que “estamos asistiendo a un preocupante retroceso de los derechos de las personas LGBTI”. Con todo, el informe de ILGA Europe revela elevados índices de delitos de odio y agresiones por razón de orientación sexual y/o identidad de género, una lacra contra la que hay que actuar con mayores esfuerzos.

Protesta LGBTI* en España (El Diario)

 

Europa entre la encrucijada

Europa, que ha sido protagonista de grandes avances para el colectivo, tiene que tomar nuevamente el liderazgo que una vez ostentó y actuar ante un contexto en el que los delitos de odio y agresiones van en aumento. Ejemplo de esto es el reciente ataque a un bar LGBTI en Oslo, que, lamentablemente, nos recuerda que la seguridad del colectivo está en juego. Actuar y avanzar es ahora, más que nunca, un imperativo.


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