Desde comienzos del siglo XXI, América Latina. comenzó a sufrir los impactos del cambio climático, que profundizan y agravan los problemas socioeconómicos de la región impidiendo a los países promover una agenda política climática. En el siguiente artículo se cita, a modo de ejemplo, el caso de la Argentina y algunas de las dificultades que esta tiene que afrontar para construir una agenda política ambiental.

El panorama actual de Latinoamérica

Para poder hablar del caso argentino es indispensable situarse en el contexto donde está ubicado el país, por ello se hará una introducción del panorama climático en América Latina. La región del sur global se ve inmersa, hace décadas, en una serie de desafíos económicos y sociales estructurales que debe afrontar con carácter de urgencia. Pero como si estos desafíos fueran pocos, acorde al último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) la región se encuentra sumamente expuesta y vulnerable a los impactos de la crisis ecológica. El diagnóstico se agrava aún más debido a que los países del sur americano no poseen los recursos económicos y tecnológicos para poder invertir en políticas de mitigación y adaptación climática. Hoy en día la región cuenta con un 33,7% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza y  un 12,5% se encuentra en situación de pobreza extrema. Esta situación es consecuencia de la plutocracia que rige en los países latinoamericanos, que se ve fomentada por una distribución desigual de la renta y sistemas impositivos regresivos. 

Según la revista Forbes, la riqueza de los millonarios en la región creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento seis veces superior al del PBI de la región, 3,5%. 

Por otro lado están los desafíos climáticos que no dan tregua a las políticas públicas, a las sociedades ni a los gobiernos. Los desastres naturales como fuertes tormentas, sequías, inundaciones e incendios, han provocado la muerte de  más de 312.000 personas en la región y afectaron a más de 277 millones  entre 1998 y 2020. El verano de 2022 registró olas de calor sin precedentes e incendios provocados por sequías. 

En la última década, América Latina y el Caribe perdieron 53,8 millones de hectáreas cubiertas de árboles y bosques, de las cuales Brasil es responsable de un 55,6% de la pérdida, ya sea por acción del hombre o desastres naturales. Los bosques tienen un rol clave en la lucha contra el cambio climático. Estos poseen la capacidad de absorber el agua de las lluvias para evitar inundaciones y, a su vez, absorben una importante cantidad de dióxido de carbono. Los expertos advierten que las consecuencias de los impactos climáticos en la región son aún más graves y profundas debido a la pobreza y a la desigualdad estructural. En este contexto y debido al fracaso de integración regional en el cono sur y en el Caribe, los países se las deben ingeniar por su cuenta para hacer frente a los problemas estructurales y a la crisis climática. 

Argentina: un laboratorio a cielo abierto

El país ganadero se caracteriza por sus actividades económicas insostenibles desde principio de los noventa, cuando comenzó a practicar la megaminería a cielo abierto y autorizó el uso de la soja transgénica en los años noventa bajo el Consenso de Washington. Esto trajo como consecuencia un uso cada vez mayor del glifosato, un récord en la cantidad de hectáreas desmontadas y desalojos a campesinos y pueblos indígenas. Por su lado,  Argentina ocupa el puesto número 28 del ranking de los 30 países que más emiten gases de efecto invernadero. Al firmar el Acuerdo de París, el país se comprometió a reducir un 18% las emisiones de dióxido de carbono para el 2030, porcentaje que puede ser mayor si se recibe ayuda financiera internacional. 

Además de estos datos, no menores, los pronósticos climáticos para el país, según científicos, no son muy optimistas. Se espera que aumente con frecuencia e intensidad las lluvias, las sequías, los incendios y para algunas zonas del noroeste del país se espera que la temperatura llegue a 1,5°. Al dia de hoy, en algunas  provincias como Chubut, Mendoza, Rio Negro y San Juan la temperatura promedio es 1C° mas alta que hace medio siglo atras. 

Los conflictos ambientales y sociales de la Megaminería

En este país del sur global, las actividades que generan mayor crecimiento económico en el país tienen un impacto relevante en el medioambiente, en la población, en la flora y fauna, y a su vez en la economía. Las actividades principales que lideran esta lista son la megaminería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos no convencionales (shale y tight gas) y el modelo de agronegocios. 

La megaminería a cielo abierto es la figura extrema del extractivismo, que se basa en un modelo de sobreexplotación de bienes naturales, en su mayoría no renovables, que tienen un destino exportable. Los minerales, al igual que otros recursos naturales, comienzan a escasear debido a que la humanidad los ha agotado casi por completo. Por este motivo, para extraer minerales diseminados en extensas áreas se realiza la megaminería a cielo abierto, usando mucha energía, explosivos, agua y una cantidad inmensa de sustancias tóxicas (como cianuro y ácido sulfúrico) para separar minerales de las rocas. Esta actividad daña la naturaleza debido a que sus desechos tóxicos van a parar a diques que tienen una infraestructura tan débil que siempre están al borde del colapso.

En Argentina hubo más de un conflicto ambiental y social por esta práctica tan controvertida, que es defendida tanto por gobiernos progresistas como por gobiernos conservadores, quienes defienden que es una actividad que favorece el crecimiento económico. El emprendimiento megaminero de la Barrick Gold, en la mina Veladero en la provincia de San Juan, realiza sus extracciones sobre glaciares y zonas periglaciares, lo que hace que la megaminería sea una práctica ilegal porque va en contra de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Esta ley expresa, literalmente, que está prohibida la minería sobre superficies glaciares y periglaciares. Tal como habían anunciado los científicos, hubo desastres ambientales y sociales causados por esta práctica. En Argentina hay 28 casos por conflictos mineros. Algunos de los casos más conocidos a nivel internacional son: Andacollo Gold, Chilecito y Famatina, Valle de Uco en Mendoza y Veladero, San Juan.

En el año 2015, la práctica minera de Veladero – emprendimiento de la multinacional Barrick Gold –  contaminó con millones de litros de solución cianurada los ríos  Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Tagua, incumpliendo, entre otras cosas, la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos. Pese a estos conflictos y protestas de los vecinos de la localidad de Jachal, la Barrick Gold sigue realizando sus actividades bajo el consentimiento de presidentes y gobernadores. A su vez, los minerales como el cobre, la plata, el oro y otros metales, son la exportación de un concentrado con cero valor agregado y mano de obra muy barata y no calificada.

Se supone que este modelo productivo genera crecimiento económico, pero no es así. En Catamarca, por ejemplo, después de veintitrés años de megaminería, los índices de pobreza continúan siendo más altos que la media nacional y es, además, la provincia que mayor números de beneficiarios tiene del plan social de Asignacion Universal por Hijo. Económicamente, entonces, esta práctica beneficia a unos pocos y perjudica a unos cuantos, perpetuando el sistema plutocrático de una Argentina cada vez más desigual. 

Una Agenda Verde, un pendiente obligatorio de la Argentina

La megaminería no es la única actividad con impactos negativos e irreversibles en el medio ambiente. El modelo agrario tiene una fuerte tendencia al monocultivo de la soja que implica deforestación, acaparamiento de tierras, desalojo de campesinos y pocos puestos de trabajo. La extracción de hidrocarburos no convencionales genera destrucción de los suelos utilizando enormes cantidades de agua a través del fracking y de explosivos. Lo que tienen en común estas actividades, que se dedican a exportar, es que las tres generan concentración de la riqueza lo que imposibilita el camino a una distribución equitativa de la renta generando cada vez más desigualdad social. 

El camino hacia una economía verde y justa es hacer una agenda ambiental nacional donde participen viejas y nuevas luchas, sociales e interculturales, feministas, ecologistas y sobre todo científicos. A su vez es clave re-establecer un diálogo en pos de la cooperación Norte-Sur y centro-periferia, donde se reconsideren espacios multilaterales para cooperar en materia ambiental. 

Es importante además que en Argentina haya una reestructuración tributaria y fiscal, donde se distribuya equitativamente la renta y se invierta en políticas ambientales y sociales en pos del progreso económico y social. Argentina cuenta con un sistema impositivo regresivo como el IVA, que impacta en la economía de todos los argentinos por igual. No se entiende, bajo ningún concepto, que el más rico y el más pobre paguen el mismo 21% de impuesto cuando compran alimentos, por ejemplo. Bien se podría comenzar a cobrar impuestos a los grandes patrimonios y herencias, eliminando el impuesto IVA. 

Por otro lado, es menester poner en práctica efectiva un impuesto al carbono que grave las actividades aceptadas pero que generan mayor emisión de gases de efecto invernadero. Cada vez son más los economistas que sostienen que un impuesto al carbono es la medida más efectiva de reducir las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, disminuir desigualdades sociales. Lo cierto es que en Argentina tiene que haber una acción climática, económica y tributaria con carácter de urgencia, sin vacíos legales y de manera coordinada con todos los sectores del país.  

NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 2