La crisis migratoria impulsada por Bielorrusia hacia territorio comunitario supone la ruptura total de unas relaciones bilaterales intermitentes, en las que los enfrentamientos superaban a cualquier entendimiento previo, y donde Rusia ha ejercido su influencia ante la necesidad de tener bajo su cobijo a un país determinante en el debilitamiento de la Unión Europea.

Las relaciones bilaterales entre Bielorrusia y la Unión Europea se han caracterizado por un “tira y afloja” constante, en el que los desencuentros y las desavenencias han revertido la tendencia imperante de buena voluntad que habían mostrado ambos desde el año 2015. Concretamente, tras la liberación de todos los presos políticos por parte del régimen bielorruso, lo que significó que, en 2016, se incrementase en el doble la ayuda financiera comunitaria, con hasta 30 millones de euros al año, y que a principios de 2020 se firmara un acuerdo que facilitaría la concesión de visados de entrada comunitario a los ciudadanos bielorrusos.

Sin embargo, estos avances se desvanecieron tras las cuestionadas elecciones presidenciales de agosto de 2020, en las que el presidente desde 1994 Aleksandr Lukashenko reafirmó su poder con un 80% de los votos, frente al 10% de la opositora Svetlana Tijanövskaya, en una jornada de votación en la que hubo mil detenidos y un muerto, y que fue considerada por la oposición como un fraude electoral.

Los manifestantes siguen saliendo a las calles clamando que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas (DW)

Junto al rechazo de la población, se produjo la decisión de varios países como Ucrania, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia y República Checa de no reconocer la legitimidad de las elecciones. Por su parte, la Unión Europea, a través del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell declaró que dichas elecciones no fueron “libres ni justas, y exigió a las autoridades de Bielorrusia que pusieran en libertad a los detenidos en las protestas contra el presidente. Además, avisó que los Veintisiete llevarían a cabo una “revisión profunda” de sus relaciones bilaterales, a fin de “tomar medidas contra los responsables de la represión, las detenciones y la falsificación de los resultados electorales”.

La respuesta de Lukashenko fue clara al afirmar que: “Bajo mi punto de vista, según la ley, Bielorrusia no debe nada a los países occidentales y tampoco tiene por qué avisar a nadie. Es un asunto interno de nuestro país”.

Para entender la rotundidad de sus declaraciones, es necesario incidir en el papel que Rusia, y en concreto su presidente Vladimir Putin, tiene ante cada desencuentro entre Bielorrusia y la UE. En este caso, fue el primero en felicitar a Lukashenko por el resultado electoral.

Alexander Lukashenko y Vladimir Putin en Sochi (Rusia. AP)

El interés ruso en Bielorrusia no es baladí, su pertenencia a la alianza militar dominada por Rusia: la “Organización del Tratado de Seguridad Colectiva” (OTSC), y su especial ubicación geográfica, limitando al sur con Ucrania, al este con Rusia y al oeste con miembros de la OTAN y de la UE como Polonia, Lituania y Letonia, la convierte en pieza clave para el debilitamiento de sus mayores enemigos, hecho que justifica el apoyo y defensa de todas las actuaciones del gobierno bielorruso en su intención de menoscabar la UE.

Por ello, no resulta extraño el apoyo ruso cuando el pasado mes de mayo, Aleksandr Lukashenko provocó el desvío y posterior aterrizaje forzoso, en la capital bielorrusa de Minsk, del avión de Ryanair que realizaba el trayecto entre Atenas (Grecia) y Vilna (Lituania), alegando que existía una amenaza de bomba de la organización terrorista radical islámica Hamás. No obstante, su verdadera intención era detener al disidente bielorruso Roman Protasevich, quién había sido protagonista de las protestas por la democracia en el país, y a quién las autoridades bielorrusas consideraban un “extremista” que pretendía “iniciar una masacre y una revuelta sangrienta”.

La reacción comunitaria fue contundente al calificar el suceso, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, como un “un ataque a la democracia”, y aprobar por parte del Consejo Europeo tres tipos de represalias: ampliar la lista de dirigentes bielorrusos vetados en Europa, prohibir a las aerolíneas bielorrusas seguir volando a sus destinos europeos, y preparar una batería de sanciones económicas.

Ante esta condena europea, Rusia acusó de hipócritas las reacciones occidentales, haciendo referencia a la escala no programada en Austria que tuvo que hacer en el año 2013 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando volvía de Moscú, debido a que Francia, España y otros países europeos habían cerrado su espacio aéreo de forma precipitada. La razón no era otra que la sospecha de que el ex agente de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, acusado de “traidor” en su país, estaba a bordo. 

Sin embargo, y pese a que la naturaleza de la legalidad del suceso fue discutida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), los políticos europeos mantuvieron su reticencia a las críticas, lo que evidenciaba la doble vara de medir de la Unión.

Migrantes en Kuznica, en la frontera polaco-bielorrusa: el frío y la precaria situación agravan el estado de muchas personas (DW)

No obstante, Lukashenko ha dado un paso más allá en sus enfrentamientos con la comunidad europea, propiciando la llegada de miles de inmigrantes procedentes de Medio Oriente y África a las fronteras de Polonia y Lituania, es decir, a territorio de la Unión Europea (UE), sabedor de cuál es su punto débil. De esta forma, Bielorrusia rompe con cualquier tipo de acercamiento en el pasado, consciente de que el interés europeo residía en acercar a su esfera a un país con importantes relaciones con varios miembros de la UE, concretamente con Polonia, Lituania y Letonia, y que su alianza suponía un freno al crecimiento de la influencia rusa en la región. 

Sin embargo, la UE debería haber previsto con quién negociaba. Bielorrusia es un régimen donde las libertades fundamentales pasan a un segundo plano, y que siempre se ha caracterizado por una mentalidad prorrusa, que le acerca más a su homólogo Vladimir Putin que a unas instituciones comunitarias, quienes actúan condicionadas por el chantaje que pueden sufrir en materia migratoria. La solución europea no debe ser contentar a sus vecinos limítrofes, si no reafirmar su identidad, fortalecer sus puntos débiles, fundamentalmente en política exterior, y actuar como una potencia que no cede a ninguna extorsión. 

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