La violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) se produce de manera frecuente y deliberada contra la población civil, ocasionando traumas a largo plazo y rompiendo el tejido social, con un impacto intergenerecional que puede llegar más allá de las fronteras del conflicto.
Introducción
El debate sobre la violación sexual como arma de guerra surge después de los dos grandes conflictos en la década de 1990, Yugoslavia y Ruanda, donde las fuerzas armadas alentaron y participaron en patrones de violencia sexual contra poblaciones enemigas con intención genocida.
En un marco de conflicto, la violencia sexual contra la población civil es una de las formas de controlar el territorio o los recursos, sea con objetivos políticos, militares o económicos. Como consequencia, la violencia sexual relacionada con los conflictos fractura el tejido social y ocasiona humillaciones y traumas a largo plazo, por lo que también es una táctica utilizada por los grupos terroristas o extremistas violentos.
La violencia sexual durante el conflicto armado fue una constante en Colombia que no cesó con el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc (El Espectador).
¿Qué es la Violencia Sexual Relacionada con los conflictos (VSRC) y quién la sufre?
El concepto “violencia sexual relacionada con los conflictos” (VSRC) incluye la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado, así como otras formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños que tengan una vinculación directa o indirecta con un conflicto.
Las mujeres y las niñas son las más afectadas por este tipo de violencia en los conflictos, agravando patrones de desigualdad y discriminación por razón de género ya existentes en la sociedad anteriormente a los conflictos. También se producen torturas sexualizadas contra hombres y niños, quienes son violados públicamente con el objetivo de aterrorizar y someter tanto a la comunidad como al individuo. Generalmente, la víctima suele formar parte de una minoría objeto de persecución política, étnica o religiosa, tomada como objeto de agresión por su orientación sexual o identidad de género, sea real o percibida.
Dependiendo de sus circustancias, los casos de VSRC pueden considerarse crimen de guerra, crimen contra la humanidad, genocidio, tortura u otro tipo de violación grave de los derechos humanos.
Ficha técnica que ilustra el 12º informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos (ONU, 2020)
¿Qué información hay sobre los casos de VSRC en el conflicto de Ucrania?
La agresión rusa en Ucrania y los consecuentes desplazamientos masivos han aumentado el riesgo de las diferentes formas de violencia sexual contempladas en situaciones de conflicto, afectando a mujeres y niñas de manera desproporcionada.
Cuál era la situación respecto a la violencia sexual en Ucrania
Antes de que el conflicto estallara en febrero, los números de violencia de género en Ucrania ya eran alarmantes. Según un estudio publicado en 2019, el 67% de las mujeres en Ucrania han sufrido alguna forma de violencia de género desde los quince años, y una de cada tres ha sido víctima de violencia física o sexual. Las medidas adoptadas en los últimos años apenas han conseguido ser implementadas y el país nunca llegó a ratificar el Convenio del Consejo de Europa contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (el “Convenio de Estambul”).
Cabe destacar que estas cifras incluyen las experiencias de millones de mujeres y niñas que han vivido en la sombra del conflicto al este de Ucrania durante los últimos ocho años, desde la ocupación rusa de Crimea en 2014. En las regiones de Donetsk y Lugansk, las estadísticas oficiales de violencia doméstica, aunque incompletas debido al escaso número de denuncias, registraron un aumento en los casos computados en los últimos tres años con respecto a la media de años anteriores.
El riesgo a sufrir este tipo de Violencia Sexual traspasa las fronteras del conflicto
La situación de crisis que ahora se extiende a nivel nacional, ha aumentado el riesgo de abuso y violencia sexual incluso más allá de las fronteras del conflicto, debido a los desplazamientos masivos de refugiados internos y externos. Según UNHCR, un tercio de los ucranianos se han visto forzados a abandonar sus hogares: cerca de 12.8 millones de personas han sido desplazadas desde el 24 de febrero de 2022, aunque la mayoría no han salido del país (según datos del 5 de mayo de 2022).
Las mujeres y las niñas desplazadas, sufren un riesgo de violencia especialmente elevado que se acentúa en los cruces fronterizos, los centros colectivos de tránsito y en los refugios antiaéreos. En una situación de extrema vulnerabilidad, una de las amenazas a la que se enfrentan es la presencia de redes de tráfico de personas que ya operan en países limítrofes.
Cómo se está tratando de hacer justicia ante estos delitos: ¿un asunto nacional o universal?
Solo en las primeras dos semanas de abril, 400 denuncias de violencia sexual que incluyen casos de violación, violación en grupo, amenazas de violencia sexual y nudismo forzado provocados por soldados rusos fueron recibidas por la Defensora del Pueblo Ucraniana, Lyudmyla Denisnova.
Dadas las cirucstancias del conflicto, encontrar evidencias claras de estos delitos se vuelve difícil y pasarán años hasta que la Corte Penal Internacional en la Haya los lleve a juicio, aunque ya se investigan los crimenes sexuales cometidos por soldados rusos desde 2014, siendo la violación la forma más generalizada de violencia sexual.
Por este motivo, hay expertos que llaman a que Estados individuales consideren abrir sus propios procedimientos judiciales para procesar estos delitos fundamentándose en la jurisdicción universal – principio legal que entiende que algunas violaciones son tan graves que son una afrenta a la humanidad y, por tanto, pueden ser juzgadas por el sistema judicial de cualquier nación.
Un cartel en una manifestación por Ucrania en Ginebra muestra al presidente ruso Vladimir Putin y en el que se pide que sea procesado por la Corte Penal Internacional (Euronews)
Hasta la fecha, la mayoría de las pruebas son recopiladas por organizaciones no gubernamentales y periodistas, aunque el gobierno también ha activado una línea telefónica que recoge, en su mayoría, denuncias anónimas. Según los datos disponibles, las denuncias de abusos sexuales y violaciones son mayores en las zonas liberadas tras la retirada de los soldados rusos, cuando se reduce la sensación de inseguridad de las denunciantes.
¿Cómo acabar con el clima de impunidad?
Uno de los puntos clave para la prevención y disuasión de estos delitos es acabar con el clima de impunidad, asociado generalmente con el colapso del Estado durante y después del conflicto.
La violencia sexual relacionada con conflictos es “uno de los delitos más silenciosos”. El escaso número de denuncias se debe al gran estigma que conlleva admitir los hechos para la víctima. La ausencia de denuncias es la principal dificultad a la hora de hacer justicia, a lo que hay que sumar el obstáculo que supone la situación de inseguridad e inestabilidad para la recogida de pruebas. Por eso, es importante que existan centros en Ucrania y en zonas de paso donde las personas puedan denunciar casos de violencia sexual de manera efectiva, para evitar riesgos de re-traumatización y re-victimización, y para que puedan recibir apoyo el médico y psicológico necesario.
Un precedente Europeo, el caso de Bosnia y Herzegovina: ¿qué sucedió y cuál es la situación actual 30 años después?
Durante la guerra de 1992 a 1995 en Bosnia y Herzegovina, se cometieron violaciones y otros crímenes de violencia sexual en una escala masiva. En el caso del ejército serbobosnio, la violación fue utilizada de forma sistemática como un arma de guerra con el objetivo de destruir las familias y llevar a cabo una limpieza étnica. Se estima que entre 20.000 y 50.000 personas fueron violadas o abusadas sexualmente durante 1992 y 1995 en Bosnia y Herzegovina.
En 1993 la ONU estableció el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY), encargado de enjuiciar las violaciones más graves del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual. A finales del 2017, el TPIY cerró su actividad habiendo procesado 167 altos cargos de la limpieza étnica. El TPIY se ocupó de un número limitado de casos, los más graves, dejando a los tribunales de los diversos Estados surgidos de la antigua Yugoslavia la responsabilidad de juzgar a los cargos medios y a los verdugos que implementaron las órdenes sobre el terreno.
Aunque se han firmado protocolos de cooperación regional, en la práctica hay más obstrucción que cooperación ya que el negacionismo y continuo apoyo político a quienes cometieron crímenes de guerra hace que a menudo los Estados no quieren extraditar a sus nacionales.
En 2005 se creó la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, encargada de investigar y procesar los delitos que no podían ser enjuiciados por el TPIY. Sin embargo, durante estos años se han encontrado numerosos obstáculos para poder procesar con éxito los delitos de violencia sexual.
Según un estudio realizado por organizaciones no gubernamentales, tan solo 1000 supervivientes en Bosnia y Herzegovina han obtenido, o están en proceso de obtener, reparaciones de algún tipo. Uno de los obstáculos para que se haga justicia es la ausencia de una solución a nivel estatal que permita a todos los sobrevivientes acceder a un apoyo adecuado en igualdad de derechos. Las víctimas se enfrentan a diferencias en la legislación entre las tres unidades administrativas del país, lo que en la práctica lleva a una situación de desigualdad y discriminación ya que los supervivientes reciben un trato diferente en función de su lugar de residencia. Además, existe una falta de confianza en las instituciones judiciales del país, consideradas lentas e inefectivas a la hora de procesar los crímenes de guerra.
Conclusión
Aunque ambos conflictos – Ucrania y Bosnia – presentan diferencias fundamentales en su contexto, la comunidad internacional debe hacer lo posible para prevenir que los casos de violencia sexual relacionados con el conflicto en Ucrania tengan efectos tan devastadores como los de Bosnia, donde el tejido social todavía se ve afectados por las consequencias.
Para mitigar los daños a largo plazo, las sobrevivientes de violación necesitan acceder a anticonceptción de emergencia, apoyo psicológico y atención médica inmediatos. Para que las víctimas denuncien los hechos, es importante que se supere el estigma asociado a la violencia sexual y hacer frente al trauma profundamente arraigado en la violación como un ataque contra le individuo y la comunidad. Esto significa trabajar por una sociedad global que condene todas las formas de violencia sexual y que ponga en vergüenza y estigma a los perpetradores en lugar de a los sobrevivientes.
NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21
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