Recientemente, el brutal ataque homófobo que acabó con la vida de Normunds Kindzulis, un jóven de 29 años en Letonia, ha puesto de nuevo el foco en la vulnerabilidad del colectivo LGTBQ+ en Europa, una situación que está lejos de mejorar a pesar de los esfuerzos de una UE que lucha por ser una abanderada del colectivo a nivel mundial.  

En el mes de Marzo, el Parlamento Europeo declaró la Unión Europea una “zona de libertad para las personas LGTBIQ”, un gesto simbólico que, aunque no tiene fuerza legal, responde principalmente a los ataques de los gobiernos polaco y húngaro a los derechos del colectivo. 

La UE pretende desarrollar un mecanismo más fuerte, más allá del reglamento recientemente adoptado según el cual, donde no se proteja y se promueva la igualdad y los derechos fundamentales de todos – incluidas las personas LGTBQ+ -, no se recibirán subvenciones del fondo europeo. 

Fuente: OUT.com

Las “Zonas libres de ideología LGTBIQ” en Polonia

Desde 2019, en algunas regiones de Polonia se han adoptado resoluciones a nivel local como  “zonas libres de ideología LGTBIQ”. Estas declaraciones no prohíben la entrada a los homosexuales ni amenazan con expulsar a los ya presentes, pero se comprometen a mantener fuera la “ideología LGTB”. Los conservadores locales consideran “su estilo de vida” un intento de “adoctrinamiento masivo”, una amenaza para la tradición polaca y los valores cristianos. Estas localidades han recibido el apoyo del gobierno del país, empezando por el de Andrzej Duda, presidente de Polonia y líder de Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco), un partido ultraconservador y euroescéptico.

Ante esta violación de los principios fundamentales de la Unión, estos municipios autoproclamados anti-LGTBQ dejaron de recibir ayudas económicas por parte de la UE y otros estados democráticos europeos como Noruega. La Eurocámara mantiene que estas “zonas libres de LGTBIQ” son solo una parte de la discriminación y los ataques que el colectivo sufre en Polonia por parte de las autoridades y los medios de comunicación progubernamentales. Human Rights Watch denuncia también el arresto de activistas durante protestas pacíficas por los derechos LGTBQ+, acusados de delitos de blasfemia. Esto supone una violación de la libertad de expresión que pone en evidencia el deterioro del Estado de Derecho en Polonia.

Fuente: EU observer

La reforma constitucional de Hungría

La Hungría de Fidesz forma parte también de este grupo de Estados de Europa del Este en los que el Estado de Derecho está en peligro. El pasado diciembre el parlamento húngaro aprobó una polémica enmienda constitucional por la que se excluye a toda pareja homosexual del derecho de adoptar, limitando el concepto de familia a su versión más tradicional, y en la que se indica como definición de sexo el consignado en el nacimiento, sin tener en cuenta la existencia de las personas trans. También, en la misma línea que algunas localidades polacas, la ciudad de Nagykáta adoptó una resolución para prohibir la “difusión y promoción de la propaganda LGTBQ”. 

Italia, ¿a favor de la libertad de expresión?

Polonia y Hungría se presentan como los líderes del movimiento más ultraconservador de Europa pero los ataques al colectivo se dan también en otros territorios más occidentales de la Unión. Aunque Italia aprobó en 2016 las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el país todavía está muy por detrás de otros miembros de la UE a la hora de crear medidas contra la homofobia y no parece que esta tendencia vaya a cambiar pronto. La Lega de Salvini bloqueó en el Parlamento una ley que pretende hacer de la violencia y el discurso de odio contra el colectivo LGTBQ+ un delito. La ley fue aprobada por la cámara baja del parlamento en noviembre pero su paso por el senado se ha bloqueado por los cambios en el gobierno y el rechazo de la Lega. Según los conservadores, esta ley está en contra de la libertad de expresión, sería ilegal oponerse públicamente al matrimonio o a la adopción de parejas homosexuales. 

Sin embargo, la última polémica en cuanto a la libertad de expresión la protagonizó el rapero italiano Fedez, que acusó a la cadena pública Rai de censura por intentar vetar, sin éxito, su discurso durante un concierto en el que acusaba directamente a miembros de la Lega por sus posturas homófobas. 

¿Ha sido eficaz la UE a la hora de proteger el colectivo LGTBQ y el Estado de Derecho?

En los últimos años, los gobiernos más ultra conservadores de Europa han avivado el sentimiento anti-LGTB en nombre de la defensa de los valores tradicionales, en un intento de encubrir y legitimar un ejercicio del poder realmente antidemocrático. En Polonia y Hungría, gracias a su mayoría parlamentaria, han logrado debilitar los contrapesos de cualquier sistema democrático – la independencia judicial y la libertad y pluralidad informativa – por medio de reformas legales que les han permitido afianzar su poder. La situación ha llegado a empeorar en los últimos meses, mientras luchaban contra las consecuencias del COVID-19, las personas LGTB también tuvieron que hacer frente a una avalancha de homofobia y transfobia, liderada por gobiernos como el del húngaro Viktor Orban, que llegó a utilizar los poderes de emergencia de COVID-19 para aprobar leyes discriminatorias contra las personas transgénero. 

A la Unión Europea le ha faltado decisión para hacer frente de forma eficaz a estos ataques al Estado de derecho. Hasta la fecha, ha puesto en marcha un mecanismo para garantizar que los fondos de la Comisión Europea no puedan caer en manos de ningún gobierno que infrinja los derechos fundamentales de la Unión. La eficacia de este mecanismo ha sido objeto de debate, por un lado, estas zonas “libres de ideología LGTB” han dejado de recibir estas ayudas, en parte invertidas en programas para jóvenes, por lo que la juventud sigue marchándose de las zonas rurales y los valores tradicionales se afianzan con fuerza. Aunque por otra parte, también hay casos de ciudades polacas que también se declararon “libres de LGTBQ” y ante la posible pérdida de subvenciones extranjeras han cambiado de opinión en los últimos meses.  

Lo que está claro es que, aunque el mecanismo no va a terminar con los ataques, supone la primera respuesta seria al deterioro de los últimos años, más allá de que la Comisión decida aplicar el artículo 7 que establece sanciones a los estados miembros que infrinjan los valores fundamentales de la UE. En 2017, la Comisión inició este procedimiento contra Polonia y el Parlamento Europeo lo hizo en 2018 contra Hungría. Hasta la fecha, ambos procesos todavía se encuentran en trámite por el Consejo.