La narrativa de aumentos de violencia en México es insuficiente. Los carteles han escalado del dominio económico a un altisonante conflicto armado, obligando a reubicar el ángulo desde donde se discierne entre violencia criminal y conflicto armado. La violencia en México superó en 2020 los dos conflictos armados más relevantes de la última década.

El 1 de mayo de 2015, un Eurocopter Cougar, de fabricación francesa y de uso exclusivo militar, fue derribado por un lanzacohetes antitanques ruso, un RPG-7. No ocurrió en Basora, Alepo o Falujah; ocurrió sobre una carretera del estado de Jalisco. El helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional transportaba a tres aviadores y nueve soldados mexicanos, todos perecieron in situ. El mismo día, 39 buses, 16 gasolineras y 11 bancos fueron incendiados en ese estado. El responsable, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La violencia en México alcanzó el surrealismo máximo en 2020, aquel surrealismo que Frida nunca representó. El año anterior, los choques armados entre cárteles y con cuerpos de seguridad del gobierno mexicano superaron por primera vez a Afganistán y Siria que concentraron la atención de la última década. Se priva de la vida a civiles, mujeres, periodistas, líderes y miembros de grupos indígenas, manifestantes pacíficos, policías y militares uniformados y sin uniforme, activistas de causas sociales y ambientales, miembros de la comunidad LGTB, figuras del clero, alcaldes, gobernadores, diputados estatales y federales, candidatos a la presidencia (Colosio, en 1994), youtubers y hasta a la vaquita marina, aquel espécimen endémico del mar de Cortés en ruta sin escalas a la extinción. 

Contra la población civil hay desapariciones forzadas, torturas, desmembramiento de cuerpos y exposiciones públicas de cadáveres, ejecuciones sumarias, violaciones sexuales como arma de guerra, persecución política sistemática y desplazamientos forzados de poblados enteros. Los descubrimientos de fosas clandestinas son usuales, en la última década en México se han exhumado fosas comunes en al menos 16 estados, la mitad del país. Y para finalizar esta diversa lista, la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero fue un delito de lesa humanidad, un crimen de altísima gravedad cometido por oficiales de estado. 

¿Qué sucede realmente en México? Esta vasta lista de crímenes no son cometidos por individuos en persecución de propósitos patrimoniales, estos representan el menor porcentaje. La mayor cantidad de muertes son atribuibles a enfrentamientos entre cárteles, cárteles contra fuerzas de seguridad del gobierno mexicano y carteles contra población civil. 

“Cártel”, como nomenclatura, no alcanza ya para dimensionar las actividades que hoy en día despliegan, pues no sólo son corporaciones ilícitas que buscan control sobre una actividad lucrativa y dominio y supresión absoluta de la competencia, sino que persiguen legitimación de sus actos ejerciendo influencia sobre poblaciones relevantes relacionadas con su industria. 

Esta última afirmación conceptualiza al Conflicto Armado Irregular. Para distinguirlo de su hermano ubicado en el extremo opuesto, el conflicto regular se caracteriza por la insurgencia contra la autoridad legítima, deposición del gobierno en ejercicio y consecuente apropiación del poder político. Esta continuación de política por otros medios, como enseñó Clausewitz, no es el caso del teatro de seguridad en México, porque los grupos armados pretenden expandir su espacio de operación para la continuación de su giro corporativo sin intervención alguna de aparatos de seguridad municipales, estatales, federales y militares. Esto no es otra cosa que un desafío abierto al monopolio del uso de la fuerza coercitiva de la autoridad política. 

Pero los conflictos armados se desarrollan con diversidad de tonalidades para tropezar con la superficialidad de dos modos únicos de conflicto. Los cárteles mexicanos son auténticos actores no estatales, aquellas organizaciones armadas que recurren a la violencia o la amenaza de su uso para conseguir un fin. Son agrupaciones flexibles, sofisticadas que evolucionan a nuevas tácticas militares, regulares o irregulares mientras se sirva su propósito. Es decir, enfrentarse con fuerzas de seguridad del gobierno no se alinea con su esencia existencial cien por ciento lucrativa, pero cuando su espacio de operación sea mortificado, su entrenamiento y diversidad de armamento disponible está presto para defender su territorio. 

Un ejemplo de la evolución táctica de los grupos armados en México en la última década es el narco bloqueo. Tan sencilla como sorprendentemente efectiva, un camión de carga colocado de lado a lado en una carretera es suficiente para crear un caos vial total. Esto permite a los grupos armados alejar a los cuerpos de seguridad por algunas horas y hasta días. El efecto de esta táctica es relámpago; confusión, incertidumbre, expectativa y especialmente miedo entre civiles.  Una vez conseguido el objetivo, las fuerzas de seguridad desatienden otros puntos de una ciudad donde los grupos armados actúan a placer. 

Los actores no estatales mexicanos también despliegan un conflicto armado entre facciones. Este modo tiene génesis en que los intereses fundamentales entre dos facciones (los cárteles) son incompatibles. Disputas armadas económicas emergen en espacios donde hay débil gobernación, nula o escasa proactividad de políticas públicas que impacten directamente a la sociedad civil y donde las fuerzas de seguridad no tienen control. Este es el caso de los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora y Sinaloa, donde en la última década, la autoridad política de facto en sus amplias extensiones territoriales es ejercida por grupos armados. 

En México, este conflicto entre facciones pasa de generación a generación. No solo porque la actual va pereciendo en enfrentamientos, sino por las mismas razones que provocan el nacimiento del grupo armado. Las nuevas son responsables de la transformación y actualización de la organización, que debe cumplir con exigencias modernas del mercado ilícito. Esta transformación ocasionalmente es forzada, en tanto la estrategia empleada por diferentes gobiernos de México ha sido la persecución de cabecillas y jefes de cárteles. Esto trae como consecuencia vacíos de poder, una aniquilación mutua asegurada y ha empeorado la estadística de muertes violentas.

Este es el caso del CJNG, remanente de otros cárteles que existieron en décadas pasadas y que, como su nombre lo indica, es una nueva generación de militantes violentos dispuestos a prolongar la existencia de su empresa a cualquier costo. Esta agrupación que hoy concentra la particular atención del gobierno de los Estados Unidos por su aptitud paramilitar nació a partir del abatimiento del líder de un cártel previo en 2010 y concentró a varios subgrupos que operaban en el estado de Jalisco. 

Los grupos armados en México tienen como propósito final el éxito de su emprendimiento económico, pero no son enteramente apolíticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en una rueda de prensa que los números de violencia en México se deben a que el país no ha sido capaz de trazar con firmeza una línea que separe debidamente delincuencia con autoridad. Un contubernio entre autoridad y delincuencia es por antonomasia la fórmula para un estado fallido. 

REFERENCIAS

• Carpenter Ami C. Beyond Drug Wars: Transforming Factional Conflict in Mexico 
• Mantell Edmund H. Factional Conflicts Through The Generations
• Hoffman Frank G. Conflict in the 21^st Century: The Rise of Hybrid Wars (2007)
• Texas Department of Border Security – Narco Blockades in Mexico