Las reivindicaciones de los pueblos originarios en América Latina han sido conflictivas desde las épocas coloniales hasta la actualidad. Algunas de estas han sido combatidas con todo el poder de los Estados en la antigüedad, e incluso consideradas como genocidios. Pero la actualidad es diferente: poseen un reconocimiento y derechos adquiridos, pero que chocan con las realidades legislativas y políticas en países que no saben cómo resolver el problema, como es el caso de los Mapuches en Argentina y Chile.


CUESTIÓN MAPUCHE, CUESTIÓN DE ESTADO

 

La República de Chile vive actualmente un período de convulsiones internas, políticas y sociales. El plebiscito previsto para formar la constituyente y tratar una nueva Constitución Nacional, aboliendo la previa que databa de la época del dictador Pinochet pero con modificaciones periódicas, y promovidas por el nuevo gobierno, fue rechazado por más del 63% de los votantes.

Este fue un duro revés para Gabriel Boric y su partido Convergencia Social (de izquierda-progresista), que hace poco más de un año había obtenido un 60% de votos en un país caracterizado por los gobiernos de derecha.

Manifestación a favor del NO en Santiago de Chile (Fuente: La Nación)

Buscando describir el porqué de esta negativa, lo explicamos con las características de la nueva propuesta de Carta Magna chilena: compleja de leer, una amplitud inusitada (iba a ser una de las más largas del mundo, con 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias), y una redacción muy técnica, pero a la vez generalista. Pero si uno realmente estudia las causas de su rechazo, hay elementos propios de la misma que han llevado al pueblo chileno a decir “NO”.

 

 Uno de los artículos más controversiales y (para algunos autores el causal principal del voto negativo), fue el Nro. 4 Inciso 1: «Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado».

 

Este artículo chocaba con el sentimiento nacionalista marcado históricamente por el pueblo chileno. Pero, además, daba un carácter especial a los pueblos originarios, dándole «derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales», en donde la norma menciona que tienen derecho a autogobernarse, a reconocer sus tierras y su patrimonio. El dilema era cómo llevar esto a la práctica, y cómo hacer colisionar los poderes de gobierno del Estado chileno, cuando dentro de su territorio hay pueblos con otras leyes, autoridades e incluso con sistemas judiciales distintos.

Para el pueblo chileno, fue entendido como un reconocimiento tácito al reconocimiento de un pueblo originario que hace más de tres décadas está en conflicto con el Estado chileno: los Mapuches. Este conflicto no solo no se ha solucionado, sino que se ha recrudecido en los últimos años y ha tomado protagonismo sobre todo en las revueltas de 2019, buscando su reconocimiento a través de la lucha, incluso armada.

 

Esta reivindicación no solo es una propiedad del pueblo chileno, sino que también se entremezcla con los reclamos en su vecino: Argentina. Si bien tiene sus matices en la Patagonia, no ha llegado a ser tan vehemente y violenta como en la Araucanía y la Patagonia chilena.

 

RAICES HISTÓRICAS

 

Para entender el conflicto, debemos hacer un poco de historia: los mapuches se reconocen como tales desde aproximadamente el Siglo XV. Su ubicación y asentamiento varía según los estudios, pero históricamente se los ha encontrado entre los ríos Itata y Toltén, en la zona centro-sur de Chile

 

Durante las épocas de dominio español presentaron una encarnizada resistencia a la dominación durante el siglo XVI, como en la “gran rebelión”, que desde 1598 a 1602 los combatió y logró repelerlos del territorio mapuche. También protagonizaron la Guerra de Arauco durante siglo XVII, y la última gran rebelión mapuche de 1656

A partir de allí, las relaciones con los colonos se distendieron y se produjeron importantes transformaciones sociales en la familia mapuche, el comienzo de la expansión hacia Argentina y la intensificación del comercio.

Durante el siglo XIX, durante las independencias de Chile y Argentina y su establecimiento como estados modernos, la intensa presión contra los pueblos indígenas a través de campañas militares (como la Conquista del Desierto por parte del Estado argentino), ocuparon la región y limitaron los movimientos comerciales y sociales de los mapuches y del resto de los pueblos que ocupaban la Patagonia y las Pampas.

La integración de la Araucanía al territorio chileno en 1882 provocó el derrumbe de toda una sociedad mapuche, que había encontrado la manera de adaptarse la lucha y el contacto con la nueva civilización.

 

A partir de los inicios del siglo XX, los mapuches siguieron organizados en sus comunidades, logrando mantener su cultura y sus costumbres, ampliando su marcado nacionalismo y separación de las nuevas estructuras estatales que ya se habían afianzado en los Estados americanos.

Se da un momento en particular, que recrudece la lucha de los mapuches y de muchos pueblos originarios en la región, que inicia en la década de 1970. Al afianzarse el proceso de descolonización iniciado por la ONU y fomentado por organizaciones no gubernamentales pacifistas, las comunidades indígenas comenzaron a elevar reclamos históricos a sus Estados, basando la lucha en intentar recuperar sus territorios ancestrales, mantener sus usos y costumbres, y buscando ampliar su reconocimiento como partes de la comunidad estatal. Además, hicieron reconocer las atrocidades acometidas a sus pueblos durante las conquistas, y ubicarse en una posición de negociación. Los ejemplos más marcados son las tribus norteamericanas y su reconocimiento por los estadounidenses como los pobladores originales de los territorios nacionales.

 

ARGENTINA: LA PATAGONIA ANDINA COMO SECTOR DE RECLAMO MAPUCHE

 

Mapuches le pidieron a Alberto Fernández ser indemnizados por la construcción un gasoducto de Vaca Muerta (Fuente: La Voz)

En la región en cuestión, Argentina ha redactado en su Constitución de 1994 (la vigente), el reconocimiento de los pueblos originarios e insta al estado a devolver de forma paulatina territorios de importancia histórica a las comunidades. También, adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y en su nuevo Código Civil y Comercial (2015), regula la propiedad indígena de la tierra a través de organismos estatales. Chile también dicta una norma: la Ley 19253, que establece la establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas.

Al establecerse estas nuevas legislaciones, comienzan entonces los conflictos por los territorios reclamados. Grandes terratenientes argentinos y chilenos desconocen todos o parte de los derechos territoriales indígenas, cuando se trata de tierras que se encuentran en su posesión, como es el conocido caso de la empresa italiana Benetton en la Patagonia argentina. Estos propietarios aducen que son titulares indiscutibles de la tierra, avalados por derechos de propiedad dados también por las mismas leyes que dictan devolver tierras a los pueblos originarios. Algunas comunidades comenzaron con una política de ocupación, llevando a los propietarios a iniciar juicios para desalojar a dichas comunidades. Incluso se puede ver el caso del desalojo del corte de ruta en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que termina en la muerte de Santiago Maldonado, un caso que expuso el conflicto a la opinión pública en Argentina.

Esta situación se recrudece con los elementos económicos de las regiones en conflicto: grandes posibilidades de explotación minera y petrolífera, extensiones para cultivos y cría de ganado, y el potencial turístico por sus bellezas naturales.

Durante el actual gobierno de Alberto Fernández, hubo decisiones polémicas en torno al tema: la represión y tiroteo en las tomas de terreno en Villa Mascardi, la no condena a un ataque incendiario a un puesto de la Gendarmería Nacional y a varias estancias en la zona de Bariloche, e incluso la declaración por el gobierno nacional de señalar al Volcán Lanín (lugar destacado para la práctica del montañismo y turismo) como lugar sagrado mapuche, habilitando su administración por la comunidad. Estas decisiones han llevado a chocar con las administraciones provinciales, quienes reclaman a la Nación su intervención, pero criticando estas decisiones que solo generan más tensiones. Cabe destacar que Fernández ha declarado que el problema es jurisdicción provincial y que deben solucionarlo de forma particular, pero a su vez da lugar a reclamos de las comunidades y reconocimiento político a los mismos.

 

LA RAM: SU APARICIÓN COMO BRAZO ARMADO

 

Entonces surge una nueva corriente, la organización mapuche que llevará adelante la lucha armada para su reconocimiento y para la solución de la cuestión. En 2016 se crea la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización clandestina y con dudoso financiamiento, que se adjudica atentados y enfrentamientos con las fuerzas policiales/armadas en todos los territorios en conflictos. Han logrado, por la violencia de sus incursiones, la aplicación en Chile de la Ley Antiterrorista, colocando a esta organización en esa clasificación.

La RAM es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu. Facundo Jones Huala, (actualmente en prisión en Chile, condenado por un incendio y por la tenencia ilegal de armas), es el único miembro conocido de la misma, dado que lo ha declarado en el juicio de extradición que se le realizó en febrero de 2018 en Bariloche (Argentina).

También, surgen otras organizaciones violentas, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que opera en la Araucanía, o pero no de forma tan periódica como la RAM.

Pero las comunidades históricas mapuches son claras: desconocen la lucha armada de la RAM, y declaran que sus integrantes no son mapuches, sino que son infiltrados en sus comunidades que quieren quitar legitimidad a sus reclamos, en defensa de intereses económicos que chocan con sus reclamos ancestrales. Esta explicación, es apoyada por varias organizaciones políticas, sobre todo de izquierda, quienes han declarado incluso que es una organización “inventada” para criminalizar a los mapuches, e incluso que está compuesta por elementos de inteligencia de ambas naciones. Esta idea también se ha expandido en Argentina luego del comentado caso de Santiago Maldonado, y como crítica a las medidas policiales y judiciales llevadas adelante por la administración de Mauricio Macri (2015/2019).

 

CHILE: LA CUESTIÓN MAPUCHE COMO POLÍTICA DE ESTADO

 

Imagen de Boric durante una manifestación en su campaña presidencial, donde prometió “cambiar el enfoque a la cuestión Mapuche” (Fuente: GETTY IMAGES)

El gobierno de Boric ha tratado de alejarse de las decisiones de su predecesor Piñera, y ha buscado tender puentes de diálogo con las comunidades indígenas, sobre todo con los mapuches. Pero las organizaciones han sido claras: no hay negociación con su autonomía.

Incluso han recibido la visita de importantes autoridades nacionales, como la visita de ministra del Interior, Izkia Siches, quien tuvo que ser evacuada al ser recibida con disparos al aire. Incluso, llevó a la declaración de la delegada presidencial del Bío Bio de que “no hay manera de controlar lo que está ocurriendo”. La misma, también tuvo que disculparse con Argentina, al declarar que “no se puede poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu”, legitimando y dando entidad al territorio ancestral reclamado por las comunidades, que incluyen territorios en ambos países.

Las comunidades de la zona acusan a Boric de continuar con la militarización de la Araucanía comenzada por Piñera, algo que se niega desde el Palacio de la Moneda. Pero la realidad es que la ley antiterrorista se sigue aplicando, y los ataques de estos grupos violentos siguen ocurriendo y cada vez de forma más violenta y periódica.

Un video en el que un grupo armado amenaza al presidente Sebastián Piñera (www.rionegro.com.ar)

LA ACTUALIDAD: UNA SOLUCIÓN DIFÍCIL SIN DEFINICIÓN POLÍTICA

Las demandas principales actuales de los mapuches son en resumen: la autonomía jurisdiccional (derecho propio),​ la recuperación de tierras ancestrales (ocupadas por el estado o particulares), libertad económico-productiva y el reconocimiento de su identidad cultural.

Actuales territorios con presencia de comunidades Mapuches y el reclamo ancestral (Fuente: El País)

En Argentina, mediante la actual administración de Fernández, se ha establecido que el conflicto debe ser resuelto por las Provincias, y que va a evitar la utilización de Fuerzas Federales para la represión de los pueblos originarios. Dada la inclinación de izquierda de su gobierno, se ha definido cumplir con lo declarado en la Constitución, y de establecer los lugares de establecimiento de las comunidades. Incluso, la justicia federal ha cedido terrenos pertenecientes al Ejército Argentino para la ocupación de las comunidades mapuches, confrontando las decisiones provinciales de no ceder terrenos privados a las demandas violentas de algunas comunidades. No se prevé una solución sencilla, ya que la caracterización de un país federal establece las jurisdicciones de cada estamento estatal, pero que demuestra la transversalidad del conflicto, y que no existen soluciones individuales, sino que necesita de un gran esfuerzo comunitario. A todo esto, se choca con el derecho individual de los propietarios de los sectores reclamados y/o ocupados: exigen el desalojo y el reconocimiento de su derecho como poseedores legales de los terrenos, que ha generado una catarata de reclamos judiciales.

En Chile, la cuestión no es tan distinta. La administración Boric ha establecido dialogar y llevar a la nación a ser plurinacional, reconociendo los derechos de los pueblos originarios, pero ha tenido que chocar con la realidad: el pueblo chileno se siente así, y no va a permitir que haya otras naciones en su territorio. Lo ha demostrado en el plebiscito de la nueva constitución y con una opinión pública a favor de la integridad territorial. En la Araucanía, un 60% de la población no mapuche está convencida de que el conflicto va a empeorar si el estado no se resuelve a gestionar el conflicto, subiendo a un 80% esta opinión a nivel nacional. Boric y su gobierno se enfrentan a la difícil encrucijada de tener que resolver un conflicto histórico, pero que parece estar en un momento clave.


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