La dictadura cívico-militar estuvo vigente en la República Oriental del Uruguay desde 1973 hasta el año 1985, instaurada tras el golpe de Estado impulsado por las Fuerzas Armadas y Juan María Bordaberry.
Tras casi 12 años de régimen autoritario, el poder del Estado retornó a los uruguayos, asumiendo Julio María Sanguinetti la presidencia del país, perteneciente este al Partido Colorado. Sin duda, desde el retorno de la democracia al país latinoamericano, Uruguay se postuló como un referente, hasta la actualidad, en avances económicos y sociales.
La década de los 80 (a partir de 1985) y 90 se caracterizó por las políticas de tipo económico, con la caída de la inflación y el fortalecimiento de la economía del país a pesar del impacto que tuvo la crisis argentina. Además, la restauración del funcionariado, la aplicación de las leyes de amnistía y el establecimiento de primarias en todos los partidos – siendo el único del mundo en el que todas las organizaciones políticas se han sometido a este proceso – han hecho de Uruguay un país sin duda ejemplarizante.
A partir de los 2000, la creación del SNIS – que permitió el acceso gratuito a la sanidad -, la aprobación de las uniones civiles y la adopción conjunta de dichas parejas, sumado a la instauración del matrimonio igualitario (aprobado por abrumadora mayoría en el Parlamento del Uruguay) y la despenalización del aborto reforzaron la concepción del pequeño Estado como un paradigma o prototipo a seguir en materia de derechos humanos.
En 2022, Montevideo contabilizó más de un 80% de la población con la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, superando a países como Suecia, Francia o Alemania. Además, la gestión de la pandemia en el país ha sido noticia en el globo debido a los bajos niveles de contagio (y decesos, si se compara con otras naciones) que se produjeron desde el estallido de la emergencia sanitaria.
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