Los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre anunciaron a los cinco continentes un cambio en el país más poderoso del planeta. La Administración de Donald Trump ha conducido a la política norteamericana por la vía unilateral y alejada del enfoque global que ha caracterizado a los anteriores presidentes. 

La agenda internacional de Biden se basará, entre otros puntos, en reconducir las relaciones con la Unión Europea, volver a coger peso en Naciones Unidas, tras la salida de la Organización Mundial de la Salud, y hacer frente al auge de China y Rusia. América Latina no será una prioridad, pero tendrá un papel importante. Pekín ha convertido esta zona del continente americano en uno de los mayores campos de acción, situándose en socio comercial y económico, gracias a sus jugosos préstamos a diferentes países. Con el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China, Pekín penetra en la economía de los países latinoamericanos. Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina poseen en total más de 60 créditos con el gigante asiático, alcanzando una suma de 130.000 millones de dólares. 

EL VOTO LATINO, CLAVE EN LAS ELECCIONES

La importancia del voto latino fue palpable en las elecciones, véase en la difícil lucha de los votos por Florida, estado donde predominan los exiliados cubanos -más de 1.000.000- y venezolanos -300.000 aproximadamente- que huyen de los regímenes castrista y bolivariano. El discurso de Trump comparando a Biden con Fidel Castro caló en el electorado latino de ese estado a favor del republicano. Sin embargo, Biden centró su campaña en los migrantes centroamericanos, muy importantes en estados como Arizona o Nuevo México donde el 30% y 49% de los habitantes son población centroamericana. 

Análisis aparte, Biden ya apostó por América Latina estando como vicepresidente de Barack Obama; incluso se reunió en 2016 con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras para organizar un plan de cara a combatir la corrupción, mejorar la seguridad y disminuir los índices de pobreza. Biden presentó en el Senado una partida de 750 millones de dólares para llevar a cabo el llamado Plan de la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto propuesto por la administración Obama basado en fortalecer el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica.​

El pasado 10 de marzo la Administración Biden reabrió el programa para Menores Centroamericanos (CAM), que tiene como objetivo reunir a los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus padres cuando cumplan ciertos puntos y estos residan legalmente en Estados Unidos. El programa fue creado por el expresidente Barack Obama y paralizada en 2017 por Trump. Siguiendo las líneas de la inmigración el gobierno de Biden suspendió a principios de año el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), donde pertenecían los tres países nombrados anteriormente, y firmado por Trump. El acuerdo permitía deportar migrantes de estos países. Actualmente miles de inmigrantes esperan en la frontera de México y Estados Unidos a que el personal de fronteras permitan su entrada al país, situación que desde sus países de origen la promocionan como sencilla pero se convierte en un cúmulo de problemas al llegar a las ciudades colindantes con el territorio norteamericano. La situación podría agravarse este año tras el covid y los desastres naturales que afectaron a diversas zonas de centroamérica. 

Frente al muro de duras leyes de Donald Trump, Biden pretende penetrar en la raíz del problema y erradicar las causas que llevan a más de 350.000 personas al año a huir de sus países, especialmente en Centroamérica, con dirección a los Estados Unidos. La política de “tolerancia cero” promovida por Trump derivó en el comienzo, o, mejor dicho, renovación del muro de separación entre Estados Unidos y México -se han instalado 53 kilómetros del nuevo muro- y una mayor militarización de la frontera sur.

LAS ESPINAS DE CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA

En líneas generales, las presiones a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela seguirán estando presentes en la Administración Biden; no tanto las formas con las que Trump presentaba las medidas. La diplomacia estadounidense pretende retomar las conversaciones para restaurar la democracia sin amenazas de intervencionismo militar. 

Respecto a Venezuela, Trump se ha dedicado a torpedear su economía que cayó en un 50,44% en el tercer trimestre del pasado año, según recoge su propia Asamblea Nacional. A través de sanciones se obligó a cerrar una de sus principales fuentes de financiación: la industria petrolífera. Las factorías petroleras ya se encontraban renqueantes debido a la corrupción campante que se desarrolla en el país. Recientemente el gobierno estadounidense ha ofrecido amparo migratorio a más de 300.000 inmigrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el marco del Estatus de Protección Temporal. Dicha medida otorga el derecho a poder residir y trabajar legalmente a los venezolanos que se encuentren en territorio estadounidense y no posean antecedentes penales. La medida ha sido recibida con buenas señales por parte de la oposición chavista, la cual se encontraba desunida y se ha unificado para apoyar la noticia. Otra de las dudas es el posible fin del apoyo a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Guaidó arrastra meses de pérdida de popularidad al no unir a la oposición y alejarse, aún más, del ejército bolivariano, al que no consiguió apartar del gobierno de Maduro. 

En lo referente a Cuba, otro país latinoamericano que sufre sanciones de Estados Unidos, Biden se postulaba como el actor principal ante un posible cambio en las relaciones Washington – La Habana, pero Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, anunció que el diálogo con el régimen cubano no se encuentra entre las prioridades del gobierno estadounidense. El anuncio cayó como un jarro de agua fría en la isla caribeña, ya que redirige a un segundo plano la posible salida del país de la lista de países que patrocinan el terrorismo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y reapertura de las embajadas. Los movimientos políticos irán encauzados en lograr una mejora de los derechos humanos en la isla, golpeados desde hace años por la familia Castro y el gobierno de Miguel-Díaz Canel. Entre los futuros movimientos a favor del país caribeño, cabe destacar la posible vuelta de cruceros norteamericanos a los puertos cubanos -desde 2019 los cruceros estadounidenses tienen prohibido atracar en Cuba – y reabrir las oficinas de la compañía financiera Western Union en Cuba, clausuradas el pasado 23 de noviembre. La empresa estadounidense facilitaba las remesas de dinero provenientes en su mayoría de los cubanoamericanos residentes en Estados Unidos. También pretende abolir el límite de viajes de ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos a su país de origen. 

Siguiendo con los capítulos de acercamiento al gobierno castrista, la política de Biden pasa por demoler la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, el cual otorga el derecho a demandar en territorio estadounidense a todo aquel que trafique con bienes confiscados a estadounidenses por el gobierno cubano. Este mecanismo entró en vigor en marzo de 1996, y Trump la usó en 2019. El planteamiento del Título III golpea de lleno a la economía española, la cual encuentra en Cuba un oasis de inversión, especialmente la industria hotelera. 

Con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua Biden seguirá con las presiones para que el líder sandinista abandone el poder. Desde las revueltas sociales de 2018, donde la represión policial dejó más de 300 muertos, el régimen de Ortega posee multitud de sanciones internacionales, muchas promovidas por Trump. Desde Managua esperan iniciar unas conversaciones para rebajar las sanciones e iniciar un diálogo fructífero, pero Biden seguirá con la actual política implantada desde Washington. Desde 2018 el demócrata califica al presidente nicaragüense como un “dictador de un régimen represivo”.  Biden confía en una mejora electoral auspiciada por la OEA (Organización Estados Americanos) de cara a las elecciones de este año en el país centroamericano.

MEDIO AMBIENTE EN LA ESFERA INTERNACIONAL

Otro de los temas por los que se ha caracterizado Joe Biden en campaña y, ahora en el gobierno, es su consigna de defensor del medio ambiente, algo con lo que chocará frontalmente con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. El mandatario brasileño arrastra un sinfín de polémicas derivadas de su política medioambiental. Los datos no acompañan a Bolsonaro. La deforestación en la Amazonía aumentó un 9,5% en 2020 respecto a 2019. En el primer debate presidencial propuso crear un fondo para cuidar la Amazonía en Brasil e incluso dejó caer la imposición de sanciones económicas contra el país si no frena la deforestación. Bolsonaro rechazó la propuesta, evocando a una relación espinosa las nuevas conversaciones entre la Casa Blanca y el Palacio del Planato. Tampoco hay que olvidar que la agenda política de Bolsonaro se encuentra en la antítesis de la de Biden.

Además, Biden tendrá que lidiar con otra potencia regional, México. El demócrata deja a un lado la polémica cuestión del muro para reconducir las relaciones con López Obrador, un presidente más escorado a la órbita de Trump. Las relaciones de libre comercio con México levantan ciertas ampollas en el seno del partido demócrata, ya que el gobierno mexicano obvia la crisis medioambiental y prima el uso de combustibles fósiles. Biden también se encuentra frente a un socio que intenta quebrantar el acuerdo T-Mec -tratado entre Estados Unidos, Canadá y México- presionando a empresas energéticas estadounidenses que operan en suelo mexicano.

CONCLUSIONES

La nueva presidencia estadounidense se encuentra marcada por un aumento del multilateralismo. Ese cambio de ruta tendrá repercusiones en todas las esferas del planeta, también en Latinoamérica. La importancia de la región es clave en la agenda de Biden. El demócrata posee planes para revertir la deriva internacional y proteccionista del expresidente Donald Trump. 

Los países latinoamericanos recibieron a lo largo de la presidencia de Trump un ´America First´ como primera opción ante cualquier conversación. Empezando por la salida a los tres días de mandato del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial multinacional donde se encuentran Chile, Perú y México. En estos años el aumento de la inversión china y el incremento de la deriva autoritaria de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba han marcado la agenda latinoamericana al no encontrar un diálogo serio y fluido desde Washington.