El 18 de octubre de 2019 en Chile se inició uno de los estallidos sociales más grandes de su historia. Se estima que en la mayor manifestación en el contexto de la revuelta social, marcharon 1 millón y medio de personas. El 21 de noviembre de 2021, José Antonio Kast, un candidato de derecha populista radical, ganó la primera vuelta presidencial con poco más de 1.9 millones de votos. En solo 2 años, se inició un proceso constituyente vía referéndum, se escogió una Convención Constitucional, y en las elecciones municipales el Partido Comunista (PC) ganó en la comuna más emblemática de la capital. 

El actual proceso político se inicia con las elecciones presidenciales de 2017. En ellas se impuso Sebastián Piñera de “Chile Vamos”, una coalición de centroderecha liberal (los resultados de la primera vuelta se presentan en la Figura 1). En la segunda vuelta pasaron las dos coaliciones históricas que habían gobernado el país entre 1989 y 2017, la principal sorpresa en esa ocasión fue la irrupción de la candidatura del Frente Amplio en el tercer lugar y a sólo 2 puntos del centroizquierda. Era el proceso de consolidación de esta coalición de izquierdas que se formó luego de las movilizaciones estudiantiles de 2011, tal como ocurrió con Podemos en España luego del 15-M. La segunda sorpresa fue el casi 8% de los votos que obtuvo José Antonio Kast del Partido Republicano, un partido de derecha populista radical asimilable a VOX, volviendo al ejemplo español.  

Piñera no consiguió la mayoría del Congreso en 2017, pero su gobierno asumió que el país se había derechizado e intentó avanzar con una agenda pro-mercado que se encontró con la oposición del Congreso. Su luna de miel terminó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a fines de 2018 a manos de la policía. Más tarde en 2019 debió enfrentar movilizaciones de los docentes y luego de los estudiantes secundarios, estas últimas con niveles de violencia callejera nunca antes vistas en el desarrollo del movimiento estudiantil chileno. En octubre de 2019, el alza de las tarifas del metro derivó en jornadas de protestas masivas, la toma de la principal plaza del país, y enfrentamientos entre los manifestantes aglutinados en la llamada “primera línea” y la policía. 

Las protestas tuvieron en jaque al gobierno de Piñera, que alcanzó los menores niveles de aprobación en la historia de Chile y que ante la amenaza de tener que dimitir se abrió a iniciar un proceso de cambio constitucional. La Constitución en Chile fue aprobada durante un referéndum fraudulento durante la dictadura de Pinochet en 1980. Esta fue reformada en 1989 para iniciar el proceso de transición a la democracia, y luego, en 2005 el presidente socialista Ricardo Lagos introdujo nuevas reformas. Estas modificaciones siempre se hicieron en acuerdo con los sectores de derecha, que reivindicaban que la Constitución de 1980 era la responsable del progreso económico y social del país. Desde las movilizaciones estudiantiles de 2011 el cambio de la Constitución, por medio de una Asamblea Constituyente soberana, fue una de las principales banderas de toda la izquierda chilena.

En el Referéndum Constitucional se impuso la aprobación a cambiar la Constitución con un sorprendente 78%. El rechazo al cambio constitucional fue liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast  y obtuvo un 22%. Con estos resultados en la mesa se impuso la lectura de que Chile se había izquierdizado. El PC abandonó su alianza con la centroizquierda y comenzó su proceso de hegemonización del Frente Amplio. En las elecciones municipales, la izquierda además ganó comunas emblemáticas del país como Santiago, Maipú y Ñuñoa en la capital y Viña del Mar en la zona costera. 

Entretanto el gobierno de Piñera debió enfrentar la pandemia del Covid, donde el ejemplar proceso de vacunación no consiguió mejorar de forma significativa su popularidad. Luego del estallido, el Congreso tomó el control de la agenda promoviendo el retiro de los fondos privados de pensiones para usarlos como fondo de ayuda para contener los efectos económicos del confinamiento. La centroizquierda sumida en la fragmentación no fue capaz de organizar primarias presidenciales legales. En el centroderecha, la primaria la ganó Sebastián Sichel, ex ministro de Piñera en los peores días de la pandemia, y sin historia en los partidos históricos del bloque. Por último, la primaria más competitiva fue la de izquierda, donde el ex dirigente estudiantil, Gabriel Boric se impuso al candidato del PC, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, una típica comuna de clase obrera y de migrantes árabes de la capital. 

En ese contexto llegamos a la elección presidencial de noviembre de 2021 (los resultados se presentan en la Figura 2). En primera posición llega José Antonio Kast con un 27.9% de los votos. Kast obtiene buena votación de sectores populares, población rural y del norte del país, esto último, explicado por los problemas migratorios que se han vivido en esa zona en el último tiempo. En segundo lugar, Gabriel Boric con un 25.8% concentrado en sectores urbanos de la capital y de la región costera de Valparaíso. Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Las dos coaliciones históricas representadas en la candidatura de Sebastián Sichel por la centroderecha y Yasna Provoste por la centroizquierda quedaron relegadas a un cuarto y quinto lugar. 

La sorpresa y el factor clave de la definición de la segunda vuelta la tiene Franco Parisi, un candidato populista sin color político. Parisi no puso un pie en Chile durante la campaña pues su residencia está en EEUU y basó su estrategia en una constante expectación en su retorno a Chile, un retorno que nunca ocurrió. El partido de Parisi, el Partido de la Gente (PDG) obtuvo 6 asientos en la Cámara de Diputados tal como muestra la Figura 3. El voto de Parisi y del PDG es un voto anti-política que podría ser seducido tanto por la promesa anti-mercado de Boric, como por los llamados al orden de Kast, por lo tanto son definitorios en el balotaje.

De todas formas, y como muestra tanto la Figura 3 como la Figura 4, cualquiera sea el Presidente, no contará con la mayoría en el Congreso y tendrá que negociar para conseguir apoyos de cara a la aprobación de su programa de gobierno. Las negociaciones de endosos para la segunda vuelta darán indicios de las posibles coaliciones que den forma al proceso legislativo en los próximos 4 años. Los bloques tradicionales, los moderados Nuevo Pacto Social y Chile Podemos Más, serán a su manera, los grandes jugadores con veto en el Congreso. 

Finalmente, el próximo presidente deberá hacer frente a la culminación del proceso constituyente. El eje de la Convención Constitucional es una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Socialista que podría poner en aprietos al mandatario, especialmente si es José Antonio Kast. De ganar, lo más probable es que Kast se juegue su gobierno en el plebiscito de salida. Apostará al “Rechazo” invirtiendo la popularidad propia de la luna de miel presidencial en un referéndum que además será con voto obligatorio. La Convención, según declaraciones de la mayoría de los convencionales, se inclina por avanzar hacia un régimen semi-presidencial que podría entrar en ejercicio una vez aprobada la nueva Constitución. Los sectores de izquierda podrían acortar el periodo presidencial de Kast y llamar a nuevas elecciones para echar a andar el semi-presidencialismo de inmediato. Boric tiene mayor afinidad con los sectores hegemónicos de la Convención, pero tendrá que hacer frente a una situación económica delicada con una creciente situación inflacionaria combinada con una relación de poca confianza entre su coalición y los empresarios del país. Así es como, ad portas de conmemorar 50 años del golpe de estado de 1973, en lo que parece ser una constante histórica, Chile se mantiene bajo la sombra de Allende y Pinochet.

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