El pasado domingo 11 de julio, el mundo fue testigo del que posiblemente sea el mayor levantamiento social que se haya registrado en Cuba desde el “Maleconazo” de 1994. Las imágenes del pueblo cubano manifestando públicamente su descontento con el régimen por la crisis sanitaria y económica que enfrenta la isla, así como la consecuente respuesta del régimen para reprimir las protestas, han dado la vuelta al mundo. Los hechos visibilizan una vez más el papel geopolítico de Cuba, debido a que esta movilización masiva, cuyos llamados por la libertad y el fin de la dictadura rápidamente acapararon las protestas, ponen en entredicho el papel de los Derechos Humanos y el funcionamiento del sistema socialista de partido único que impera en la isla desde hace ya más de 60 años.

Desde 1959, fecha en que tuvo lugar la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, se implantó en la isla un régimen socialista de partido único que mantiene en el poder al Partido Comunista de Cuba hasta el día de hoy. En su artículo número cinco, la Constitución establece que este partido es el que “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”.

El Partido Comunista concentra un poder casi absoluto, y mantiene un estricto sistema de regulaciones que limitan hasta los aspectos más personales de la vida de cada ciudadano, como las ocupaciones a las que pueden dedicarse y los precios a los que deben ofrecerse los bienes y servicios. Esto se debe a que, bajo este sistema, el Estado posee el control de los medios de producción y dicta, de acuerdo con sus intereses, hacia dónde y cómo se debe organizar la actividad económica cubana.  Como resultado de este sistema, Cuba se ubica hoy entre los tres países con menor libertad económica del mundo (puesto 176), solamente por delante de otras dos dictaduras socialistas (Venezuela y Corea del Norte, con los puestos 177 y 178 respectivamente.)

Los datos sobre libertad económica, la libertad de prensa y el estado de la democracia son el principal reflejo de la grave situación que atraviesan los Derechos Humanos en Cuba. La isla ocupó, en 2020, el puesto número 140 entre los 167 países analizados en el Índice de Democracia, lo cual consolida su posición como uno de los regímenes más autoritarios del mundo en la actualidad. En la región americana ocupa el puesto 23, y se ubica solamente por delante de Venezuela (puesto 24). En cuanto a la libertad de prensa, el panorama no difiere mucho, puesto que está ubicado entre los países más restrictivos en este ámbito (ocupa el puesto 171 de los 180 países que analiza el Índice de Libertad de Prensa), al lado de países como Vietnam, China y Corea del Norte.

Por otra parte, Cuba viene arrastrando un estancamiento económico (su mayor pico de crecimiento se experimentó en 2006, alcanzando un 12%; posteriormente se redujo a 4,1% en 2008 y mantuvo un promedio de 2% anual en el periodo 2009-2017) de casi una década. Ante el casi nulo crecimiento económico, poco pudo hacer el régimen para enfrentar la crisis que se agudiza a partir del año 2017, principalmente influenciada por eventos como el huracán Irma, la reducción del suministro de petróleo y el comercio de servicios profesionales con Venezuela, así como la caída de los precios internacionales del azúcar y el níquel, la paralización de reformas económicas, entre otros.

Ciudadanos cubanos hacen cola para recibir alimentos (Cubanet)

Como consecuencia de lo anterior, la cosecha de azúcar, que representa un 17,5% de las exportaciones cubanas, apenas alcanzó el millón de toneladas en el año 2018, superando la mayor caída en la producción de azúcar registrada hasta ahora (periodo 2009-2010, cuando se cosecharon apenas 1,1 toneladas). El turismo, tercer mayor generador de divisas, cayó un 33% en el periodo 2019-2020, mientras que en los primeros cuatro meses del 2021 sufre un desplome del 94%. Otra caída fundamental para la economía cubana son los servicios profesionales, el principal generador de divisas, ya que pasó de un 13,8% a un 8,3% con respecto al PIB en el periodo 2012-2017. A esta serie de elementos hay que añadir el aumento de la dependencia cubana con respecto a las remesas (segundo mayor generador de divisas), con un crecimiento de aproximadamente un 143% entre 2008-2017. Como resultado de la incapacidad para hacer frente a todos estos factores, la economía cubana comienza a experimentar una caída sostenida a partir del 2018.

Tanto el estancamiento económico como las restricciones a las importaciones privadas que impone el régimen, sentaron las bases para que la escasez de divisas en la isla influyera de manera determinante en la capacidad de importación de alimentos y medicamentos. La elevada deuda cubana, que ascendía a US$18.900 millones la última vez que fue reportada (2014), y la incapacidad de pago del régimen, han generado que los proveedores limiten cada vez más sus transacciones con Cuba, por lo que se vuelve cada vez más complicado para la ciudadanía el acceder a los productos alimenticios y médicos.

Como muestra de esto, el tercer informe del Estado de los Derechos Humanos (2020) que realizó el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba (ODS), señaló que más del 75% de los hogares se encuentra en una condición de escasez severa o moderada, y un 42% de los hogares manifiesta que tiene problemas para comprar incluso los productos más esenciales para sobrevivir. Esta situación afecta principalmente a la población mayor de 70 años, que representa un 64% de quienes manifiestan tales limitaciones. Además, la carencia de acceso a recursos básicos como el agua y la electricidad son otro factor determinante en cuanto al descontento popular que manifiestan los cubanos, debido a que el 46% de los hogares reporta que cuenta con suministro de agua potable menos de cuatro días a la semana, y el 14% de los hogares reportó que ha sufrido más de 10 cortes de electricidad en un lapso de 3 meses.

Sin duda, el mayor agravante en los últimos meses ha sido que el coronavirus ha experimentado un ascenso prolongado de contagios desde finales del 2020, cuyo impacto se amplifica dada la situación económica presente. Actualmente, el Ministerio de Salud Pública cubano reporta 2.203 muertes por el virus, 316.383 casos confirmados y 37.435 casos confirmados que se encuentran activos. Pese a medidas como los cierres de bares, restaurantes y los toques de queda, el régimen no ha logrado contener el ascenso de contagios producto de la reapertura de los aeropuertos y el aumento de visitantes a la isla desde diciembre.

La población cubana ha acumulado el malestar generado por esta situación durante mucho tiempo, y el descontento alcanzó su punto de ebullición el pasado 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles a manifestarse pacíficamente a lo largo y ancho de la isla. Las exigencias de acceso a medicamentos, las llamadas a la libertad y las consignas como ¨Patria y vida¨ han dado la vuelta al mundo, y las múltiples muestras de apoyo por parte de artistas internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y la población cubana que reside alrededor del planeta no se hicieron esperar.

Policías cubanos detienen a un joven manifestante (Reuters)

Sin embargo, el régimen ha apostado por la represión, la persecución y la censura para frenar la oleada de protestas, con múltiples detenciones arbitrarias que, de acuerdo con Human Rights Watch, ya superan las 500. La Brigada Especial Nacional (BEN) o ¨boinas negras¨, como se les conoce popularmente, es un escuadrón de choque especializado en prevenir cualquier acción que atente contra los intereses de la revolución, y junto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), han sido la principal herramienta de represión utilizada contra los manifestantes. Hasta el momento, se contabilizan doce cubanos condenados a prisión por medio de un juicio sumario que ha sido cuestionado por no contar con las garantías judiciales correspondientes.

Amnistia Internacional reporta que muchos familiares de los detenidos aún no han sido informados acerca de su paradero, con casos en los que no se les ha informado nada de su familiar hasta 6 días después de los hechos. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, e informó sobre ataques y detenciones a periodistas durante las manifestaciones. Amnistía también informó sobre los múltiples cortes a internet y el bloqueo a plataformas como Whatsapp, Facebook e Instagram desde el 12 de julio en todo el país, por lo que el acceso de la población a la comunicación está siendo gravemente vulnerado. 

A pesar de la movilización histórica, Miguel Díaz-Canel mantiene su posición con respecto a que la situación económica que atraviesa Cuba es resultado del embargo estadounidense. Sin embargo, al mismo tiempo se ha visto obligado a tomar medidas para flexibilizar las restricciones arancelarias que su propio régimen impone a las importaciones privadas de alimentos y medicamentos. Esto mediante una autorización temporal del Ministerio de Finanzas y Precios, que permitirá a los cubanos traer en sus equipajes de viaje alimentos, productos de aseo y medicamentos sin límite de valor y libre de aranceles hasta el 31 de diciembre del presente año.

Las implicaciones políticas de este evento en el terreno internacional no se hicieron esperar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea seguir endureciendo las sanciones contra el régimen de Díaz-Canel, mientras que Rusia se ha manifestado en contra de cualquier acción norteamericana que pueda interferir en los asuntos de Cuba. A su vez, la Unión Europea mostró su preocupación e instó al régimen cubano a respetar los derechos humanos de la ciudadanía, así como a liberar a los manifestantes detenidos de manera arbitraria. 

Los hechos evidencian que Cuba enfrenta una situación económica y sanitaria crítica, así como un descontento popular generado por la carencia de un sistema democrático que permita vivir en libertad a los ciudadanos. Las posibilidades de un cambio a nivel político en el corto plazo son reducidas, dada la capacidad de control que tiene el régimen sobre la isla; pero hoy más que nunca la sostenibilidad de este sistema está en juego, y la revolución no parece dispuesta a cambiar el rumbo que mantiene al país en estas condiciones.

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