El 22 de abril se celebra el día Internacional de la Madre Tierra. La ONU recuerda en este día “la necesidad de un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta”.
Aunque líderes políticos como Trump, Bolsonaro o Salvini y Abascal en Europa lo nieguen, bromeen o resten importancia al asunto, expertos en la materia como John Knox (Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente) reconocen la conexión entre los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones llevan años afectando a millones de personas. Y por si quedaba alguna duda, ahora la pandemia sanitaria mundial de la COVID-19 llama la atención sobre los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, que aumentan la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos.
“La baja calidad ambiental del planeta Tierra y el aparente aumento de la fuerza y la frecuencia de los desastres naturales, como los ciclones, las inundaciones y las sequías, están intensificando la vulnerabilidad de las personas a la inseguridad alimentaria, a la mala salud y a los medios de vida no sostenibles”.
Relación entre Derechos Humanos y el medio Ambiente
Los Derechos Humanos han estado en el foco del Derecho Internacional desde hace más de 70 años, sin embargo, no fue hasta la Declaración de Estocolmo de 1972 cuando comienza a tomar una mayor importancia la relación entre la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos. El derecho a la protección del medio ambiente está ligado al derecho a la vida, a la salud y al bienestar, así como derecho a la alimentación, al acceso al agua potable, al desarrollo sostenible y de forma indirecta, a la propiedad, a la vivienda, a trabajar, a la no discriminación y a una especial protección de los derechos de las mujeres y los niños, demostrando que el Cambio Climático es una cuestión de Derechos Humanos.
Protección del derecho medioambiental en Europa
La Convención Europea de Derechos Humanos no recoge de manera explícita ningún artículo sobre el derecho a un medio ambiente digno, se han hecho varias gestiones para añadir el derecho a un medio ambiente sano en la Convención a través de un protocolo adicional pero no han tenido éxito. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos humanos puede hacer frente a las más graves violaciones de las normas medioambientales siempre y cuando se presenten en relación a:
- Artículo 2 (derecho a la vida),
- Artículo 8 (vida privada y familiar),
- Artículo 10 (libertad de expresión) y
- Artículo 14 (prohibición de la discriminación).
De esta manera, el Tribunal ha encontrado la manera de subsanar la brecha legal y compensar los daños medioambientales producidos.
Protección del medio ambiente en Europa
Las principales Organizaciones Intergubernamentales europeas reconocen que el peligro que supone el aumento de la temperatura del planeta y la intensificación de los fenómenos metereológicos y sus efectos devastadores – tanto para la naturaleza como para la economía – se trata de un desafío que no entiende de fronteras y requiere una respuesta mundial, por lo que pretenden dar ejemplo y contribuir a aumentar el nivel de ambición internacional.
El Consejo de Europa pretende poner el desarrollo sostenible en lo más alto de su agenda. Su política se centra en esfuerzos paralelos para desarrollar una cultura de la sostenibilidad y proteger la diversidad cultural: “el progreso económico no debe poner en peligro los bienes fundamentales de la humanidad: la calidad del medio ambiente y los paisajes, los derechos humanos y la equidad social, la diversidad cultural y la democracia.”
La Unión Europea, por su parte, es uno de los signatarios del Acuerdo de París, que pretende limitar el calentamiento del planeta a través de medidas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero. El primer paquete de medidas propuesto por la UE para los sectores clave de su economía establecía un objetivo de reducción de emisiones en un 20% para 2020. El objetivo propuesto se superó pero, ante la urgencia de hacer frente a los desastres climáticos que no dejan de aumentar, el objetivo 2030 pasó de ser un 40% a un 55%.
Los dirigentes de la UE, con Úrsula Von der Layen a la cabeza, aspiran a través del Pacto Verde Europeo a liderar la lucha mundial contra el cambio climático convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050. Pretenden conseguirlo con la adopción de una Ley Europea del Clima y una estrategia climática común a largo plazo, adoptada por los ministros de Medio Ambiente de la UE en marzo de 2020. Además, la UE también ha adoptado normas en relación a promover la economía circular, la prohibición de artículos de plástico de un solo uso, la limitación de emisiones de CO2 procedentes del transporte, un nuevo reglamento para mejorar la protección y gestión de la tierra y los bosques y un conjunto de medidas sobre energía limpia.
España, el país de la UE con más expedientes medioambientales abiertos
Pese a todas estos esfuerzos comunes, existen profundas divergencias entre el compromiso de los Estados miembros y los niveles de aplicación de la política medioambiental. Por ello, la Comisión puede instruir expedientes de sanción a los Estados por incumplimientos reiterados de normativa medioambiental. España lidera la lista de Estados de la UE con más expedientes abiertos en la actualidad (30). Algunos de estos expedientes incluso ya se han convertido en denuncias ante el Tribunal de Justicia Europeo – como el incumplimiento de los límites de contaminación en ciudades como Madrid y Barcelona – aunque como norma general el proceso de infracción europeo es lento y ofrece múltiples ventanas para que los estados resuelvan los problemas antes de que se solicite una sanción.
Un caso sin precedentes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado hasta ahora sobre unos 300 casos relacionados con el medio ambiente, relacionando diferentes artículos como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la vida familiar con una amplia gama de cuestiones medioambientales, incluida la contaminación, los desastres naturales o provocados por el hombre y el acceso a información ambiental. Hasta las fecha, el demandante o los demandantes siempre habían acusado a un Estado en concreto de violar sus obligaciones, pero por primera vez, en 2020, se presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra 33 países – los 27 estados miembros de la UE, además de Reino Unido, Noruega, Suiza, Turquía, Ucrania y Rusia – por no actuar contra el cambio climático con la suficiente contundencia.
Los países demandados son responsables de producir aproximadamente el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y son los más contaminantes de entre los 47 signatarios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, según Ballena Blanca. Los demandantes, seis jóvenes portugueses que cuando decidieron demandar eran todos menores de edad, acusan a los 33 gobiernos de no hacer lo suficiente para reducir las emisiones y el uso de combustibles fósiles, lo que pone en peligro la calidad de vida de su generación y las generaciones venideras, las más expuestas a los efectos de la crisis climática.
Cuatro de los seis demandantes son de Leiria, la región más afectada por los incendios forestales de 2017 que batieron récords históricos al calcinar cerca de 500.000 hectáreas y al acabar con la vida de 120 personas. Los incendios están relacionados con un clima de extrema sequía y temperaturas más altas de lo habitual que se experimentan durante los últimos veranos en el sur de Europa, según un estudio publicado en Nature. Los demandantes argumentan que estas olas de calor y los incendios forestales interfieren en su derecho a la vida y perjudican su bienestar físico y mental, según asegura Human Rights Watch.
El proceso está todavía en fase inicial, ahora los gobiernos procesados tienen hasta el 27 de mayo para presentar sus defensas, pero si el tribunal falla en favor de los demandantes, el Convenio Europeo de Derechos Humanos podría obligar legalmente a los países signatarios a recortar urgentemente sus emisiones de gases de efecto invernadero y a responsabilizarse de proteger los derechos de los niños frente a los peores efectos del cambio climático. Sea cual sea el resultado, la denuncia pone en el foco público, una vez más, la emergencia climática a la que se enfrentan todos los países y de la que llevan tiempo alertando los científicos.
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