En la Isla La Española, junto con la República Dominicana, se encuentra ubicado el que posiblemente sea el país más inestable del continente americano en términos políticos y sociales: la República de Haití. Hay que añadir otro factor fundamental durante las últimas décadas: la vulnerabilidad ante las catástrofes naturales, como lo han sido los terremotos y huracanes que han azotado al país caribeño, que hoy se posiciona como el segundo país más pobre de América, solo por detrás de Venezuela.

A nivel político, Haití atraviesa un fuerte período de caos e incertidumbre luego de que su Presidente Jovenel Moïse fuera asesinado por un grupo de mercenarios en su domicilio el pasado 7 de julio, en el distrito de Puerto Príncipe. El asesinato se produjo en un momento en el que el gobierno de Moïse enfrentaba cuestionamientos y múltiples revueltas por parte de la oposición. El desacuerdo surgió porque las irregularidades de las elecciones presidenciales de 2015 obligaron a repetir el proceso electoral en 2016, por lo que el Presidente no asumió el cargo oficialmente hasta 2017. 

Como la Constitución establece que el mandato presidencial es de cinco años, Moïse insistió en alargar su mandato hasta febrero de 2022, al cumplirse los cinco años del inicio de su gobierno; pero la oposición sostuvo que su período debía finalizar el 7 de febrero de este año, según lo establecido por las autoridades electorales. Las tensiones entre ambas partes llegaron al punto crítico en el que Moïse llegó a proponer una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial por dos periodos, algo prohibido desde el fin de la dinastía Duvalier en 1986.

El escenario que siguió al magnicidio tuvo como protagonistas al Primer Ministro que nombró Moïse dos días antes de su muerte, Ariel Henry; y a su predecesor, Claude Joseph, quien tomó el mando de la policía y estableció un estado de sitio justo después del asesinato del Presidente. La enmienda que se hizo a la Constitución en 2012 establece en su artículo 149 que, en caso de vacancia de la Presidencia de la República, “el Consejo de Ministros, presidido por el Primer Ministro, ejercerá el Poder Ejecutivo hasta la elección de otro presidente”. 

Sin embargo, la crisis de legitimidad que atraviesa la institucionalidad democrática en este país ha imposibilitado una transición adecuada del poder. El parlamento está paralizado: tanto el Senado como la Cámara Baja se encuentran diezmados debido a que la totalidad (o casi la totalidad en el caso del Senado) de sus miembros se encuentra fuera de funciones, luego de que sus períodos vencieran el año pasado.

El Poder Judicial se encuentra en condiciones similares, ya que la semana anterior al magnicidio, el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Corte de Casación, René Sylvestre, murió de COVID-19. Sumado a esto, durante el mandato de Jovenel Moïse, los tribunales haitianos realizaron múltiples huelgas en diversas ocasiones, ya sea por desacuerdos con acciones arbitrarias del Poder Ejecutivo, por exigir una mayor independencia y asignación de recursos, o por las condiciones de violencia que impiden el correcto funcionamiento de los jueces en el país. 

El resultado de esta situación es que cualquier Primer Ministro que sea nombrado carece de la legitimidad necesaria para ejercer el poder de acuerdo con lo establecido tanto en la Constitución de 1987 (donde se establece que la vacancia de la Presidencia la debe asumir el presidente del Tribunal Supremo), como en la versión que incluye la enmienda de 2012 (donde se establece que la vacancia de la Presidencia debe asumirla un Consejo de Ministros, presidido por el Primer Ministro). 

A pesar de la carencia de legitimidad de ambos contendientes, el “Core Group” conformado por diplomáticos de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos mostró su apoyo a Henry Lambert, lo cual generó el consenso necesario para establecer un gobierno interino que hasta hoy se mantiene, ya que el proceso electoral se encuentra pausado de manera indefinida.

Desde entonces la situación social es delicada, Haití se enfrenta a una crisis de inseguridad y violencia que parece cada vez más incontrolable. La policía ha sido incapaz de hacer frente a las más de 150 pandillas que controlan los principales distritos del territorio, y son las responsables de los más de 600 secuestros contabilizados en lo que va del año. Múltiples medios haitianos han denunciado reiteradamente la vinculación de estos grupos criminales con actores políticos, llegando incluso al punto de utilizar vehículos registrados como gubernamentales para perpetrar los secuestros.

Y si el panorama ya era complicado en este país caribeño, un terremoto de 7.2 grados de magnitud azotó al país el pasado 14 de agosto. El evento dejó a su paso la lamentable cifra de 2,246 muertos y 12,763 heridos, lo cual hizo necesaria la intervención humanitaria de urgencia por parte de diversos organismos internacionales para atender a casi medio millón de personas con necesidades de atención médica. 

Este compendio de factores es tan solo una pincelada que ilustra brevemente la compleja situación de Haití, el único país de América que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años, y donde más del 60% de sus habitantes vive con menos de dos dólares diarios. Los retos en materia de institucionalidad democrática e inseguridad, así como la asistencia humanitaria, juegan actualmente un rol fundamental en la construcción de un país que representa un caso único de inestabilidad crónica en el continente americano.

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