La Unión Europea, en coordinación con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, ha aprobado sanciones al régimen de Pekín por graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos contra las minorías de la región de Xinjiang, donde residen los uigures, una minoría de confesión musulmana. Se trata de las primeras sanciones contra China desde el embargo de armas decretado tras la masacre de Tiananmen el 4 de Julio de 1989.
La medida, ya aprobada por unanimidad el 22 de marzo por los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete Estados miembros de EE. UU., consiste en la congelación de bienes y la prohibición de viajes para cuatro altos funcionarios chinos, y la imposición de sanciones contra la Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), una organización económica y paramilitar estatal. Con esta decisión los Veintisiete quieren enviar una señal de la firme voluntad de la UE de defender los derechos humanos, actuando de forma tangible contra los responsables de violaciones y abusos. De hecho, las sanciones contra Pekín forman parte de un paquete más amplio que busca sancionar los ataques continuados contra los derechos humanos. Además de a China, el paquete incluye sanciones contra Libia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como por la tortura de personas LGBTI y opositores políticos en Chechenia (Rusia), y ejecuciones y asesinatos en Eritrea y Sudán del Sur.
En la “nueva” lista negra de EE. UU. se ha incluido a Zhu Hailun y Wang Mingshan, responsables de la seguridad interior y la aplicación de las leyes de Xinjiang, a Wang Junzheng, acusado de detenciones masivas arbitrarias de uigures y personas de otras minorías étnicas musulmanas, así como a Chen Mingguo, conectado con el programa de macrodatos para la detención y deportación a campos de detención. La entidad sancionada ha sido la Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang.
Como represalia por la decisión de la EE. UU., el gobierno de Pekín ha sancionado a diez personas, los eurodiputados Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk y Miriam Lexmann, asì como otros políticos, investigadores y cuatro instituciones.
“Si la UE toma decisiones erróneas basadas únicamente en las mentiras de fuerzas anti-China malintencionadas, entonces muestra claramente que esto no es más que manipulación política. Si la UE insiste en tomar acciones incorrectas que perjudiquen los intereses chinos, reaccionaremos con mano firme”.
Ministro de Exteriores chino
Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha calificado la medida de China como inaceptable, afirmando que la represalia china «ha creado una nueva atmósfera» y «una nueva situación» en las relaciones entre y Pekín y Bruselas.
A este respecto, se recuerda, que esta última, el pasado diciembre, concluyó un acuerdo comercial con China, aún pendiente de ratificación, y que, en 2020, China se ha convertido entre el primer socio comercial de la EE. UU. Por eso, se confía en que las relaciones económicas con Pekín no sufran un descalabro.
A pesar de que las medidas tomadas por la Unión Europea no podrán cambiar de inmediato la situación de los uigures, estas enviarán al menos un mensaje al mundo, como lo recordó en Twitter Raphaël Glucksmann, eurodiputado francés, defensor de las minorías en China:
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