Este país centroamericano enfrenta la mayor crisis política en 40 años desde que en 2018 comenzasen las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La represión gubernamental, la detención de opositores y periodistas  así como el declive económico han provocado el éxodo de cientos de miles de nicaraguenses que escapan del autoritarismo del líder que una vez se erigió en libertador.

NICARAGUA: LA EROSIÓN DE UNA DEMOCRACIA

Que Latinoamérica es un foco de inestabilidad política es una evidencia. Como también lo es que prácticamente todos los países por debajo del paralelo 38 han sufrido algún tipo de dictadura o golpe de Estado en el último siglo. La proliferación de líderes autoritarios de diversas tendencias ha dejado una marca imborrable en la región. Algunos de estos dirigentes llegaron al poder a través de procesos democráticos para luego consolidarse como dictadores de facto. ¿Cómo identificarlos? Sus acciones revelan su verdadera naturaleza. La represión sistemática, la persecución de opositores políticos, la acumulación de poder y el culto a la personalidad son solo algunas de las señales distintivas de estos regímenes híbridos, que comenzaron como democracias pero se convirtieron en dictaduras con «elecciones». Dentro de esta descripción bien podrían caber varios líderes del nuevo continente. Pero hoy ponemos el foco en un caso paradigmático: el de un salvador transformado en tirano. Hablamos de Daniel Ortega.

En los últimos años, el presidente de Nicaragua ha sido protagonista de una política marcada por el autoritarismo. Desde el inicio de las protestas contra su administración en Abril de 2018, los datos arrojan un saldo estremecedor: 355 vidas perdidas y casi 2000 opositores sometidos a detención y encarcelamiento. De manera aún más preocupante, algunos de estos ciudadanos han sido deportados y privados de su nacionalidad, en un claro intento por silenciar la disidencia y consolidar la represión.

¿QUIÉN ES DANIEL ORTEGA?

Daniel Ortega (1945) es un viejo conocido de los nicaragüenses pues fue uno de los actores principales de la revolución que en julio de 1979 derrocaba la dictadura de la familia Somoza. Durante más de cuatro décadas, el país estuvo bajo el férreo control de Anastasio Somoza García y sus dos hijos menores. El desenlace llegó cuando el menor de los Somoza abandonó Managua el 17 de julio de 1979, ante la inminente victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del cual Daniel Ortega era un destacado miembro y más tarde, parte del gobierno revolucionario.

Daniel Ortega durante su juventud como un destacado opositor a la familia Somoza. Fuente: Edenpictures

La dictadura de Somoza reprimió duramente a la oposición y a las guerrillas armadas que luchaban en su contra. Con la llegada del sandinismo al poder se dio un giro de 180º en la agenda política. El gobierno del FSLN contaba con una diversidad de corrientes ideológicas, desde socialistas y socialdemócratas hasta marxistas-leninistas, siendo estos últimos los más influyentes. Desde el poder se impulsaron políticas de nacionalización de la banca y los recursos naturales y agrícolas, con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades, lo que tuvo efectos positivos en áreas como la sanidad y la educación.

Sin embargo, estas medidas también impactaron negativamente en los ingresos agrarios, y la centralización económica resultó en ineficiencias y graves déficits que se solucionaban mediante la emisión monetaria desenfrenada. En consecuencia, en 1988, durante el primer mandato de Ortega, se produjo una caída del 12,4% PIB. Ese año, en medio de una guerra civil frente a las «contras«, grupos armados respaldados y financiados por Estados Unidos, la inflación alcanzó un asombroso 13,611%. En el año 1990, el agotamiento del gobierno revolucionario se hizo patente. El FSLN y Daniel Ortega perdieron el poder.

VUELTA AL GOBIERNO

Después de dos décadas en la oposición, Daniel Ortega regresó con un mensaje renovado en 2006 para su campaña presidencial. En contraste con la política de su primer gobierno, donde el marxismo fue predominante, esta vez su campaña se centró en mensajes de reconciliación y solidaridad. En un escenario político marcado por la división de la oposición, el líder del Frente Sandinista, logró una victoria contundente con el 67% de los votos. Manteniendo un fuerte compromiso social, se presentó ante el pueblo nicaragüense con el lema «Trabajo y paz». Y al igual que otros movimientos de izquierda latinoamericanos, las referencias a Dios formaron parte de un discurso anclado en la teología de la liberación.

De vuelta al poder, Daniel Ortega tenía un ambicioso objetivo: combatir la pobreza en un país que figura constantemente entre los más pobres de América Latina. Comenzó trayendo de vuelta  la gratuidad en la educación y la atención médica. Así, en las elecciones de 2011, en busca de su tercer mandato, disfrutaba de una considerable popularidad.

Sin embargo todavía existía un obstáculo importante en su camino hacia la presidencia: la Constitución. Del mismo modo que otros líderes latinoamericanos como Evo Morales, Ortega se encontraba ante la prohibición constitucional de optar a un tercer mandato y la sucesiva reelección. ¿Cómo superar esta limitación? La clave, como siempre, estaba en la Corte Suprema, donde los magistrados afines al sandinismo respaldaron su causa y declararon inaplicable el artículo 147, que de manera evidente prohibía su reelección. Así, en las elecciones de 2011, un sandinismo transformado y caracterizado por el personalismo obtuvo una sólida victoria con el 62% de los votos.

LA CORRUPCIÓN

Desde la dictadura de Somoza y pasando por todas las etapas democráticas, la corrupción ha sido una constante en la historia de Nicaragua. El país ostenta el triste título de ser el tercero más corrupto de América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por la ONG Transparencia Internacional. En esta flamante lista, solo lo superan Haití y Venezuela. No es casualidad que aquellos países más pobres sean precisamente los más golpeados por este fenómeno.

Más alarmante es el hecho que desde la vuelta al poder de Daniel Ortega, este problema no ha hecho más que agravarse. Los casos de nepotismo son evidentes: no solo su esposa, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta tras las elecciones de 2016. Prácticamente todos sus hijos y sus respectivas esposas ocupan roles destacados como asesores presidenciales o desempeñan funciones en organismo oficiales. Sin embargo, el favoritismo no se limita a la familia directa, otros allegados también ocupan cargos en entidades oficiales.

Daniel Ortega durante una recepción presidencial. Fuente: Taiwan Presidential Office.

De acuerdo con las investigaciones de Nicaragua Investiga y Connectas, siete familias acaparan los puestos de poder y sirven como instrumento para que Ortega mantenga el control del país. Esta influencia abarca desde el sistema judicial hasta la policía y los tribunales electorales, pasando por el ámbito económico. El sandinismo ha transformado el nepotismo en una política de Estado para perpetuarse en el poder, y de paso enriquecerse. En paralelo a los salarios oficiales se calcula que el clan familiar es propietario de 22 empresas.

LA CRISIS DE 2018

El proceso de control de las instituciones públicas y de amedrentamiento de la oposición a través de una justicia partidista no pudo evitar que en Abril de 2018 se desencadenase una ola de protestas contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno. La mayor crisis política en 40 años se ha caracterizado por una feroz represión dirigida por la policía, al mando del consuegro de Ortega, acompañada de la censura de la prensa libre y la aparición de grupos paramilitares pro-gubernamentales.

Protestas en Nicaragua. Fuente: Wilmer López – Amnesty International

En los primeros seis meses de protestas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 325 muertos y más de 52000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Las marchas y concentraciones contra la subida de las cotizaciones sociales y la reducción de las pensiones no tardaron en convertirse en un baño de sangre en el que la policía no dudó en emplear armas de fuego y en el que los grupos paramilitares realizaron acciones indiscriminadas contra universitarios y la población civil.

El gobierno niega cualquier vínculo con estos grupos, conocidos como “turbas”, pero la realidad es que llevan a cabo la represión más atroz y una persecución de la oposición que queda impune. Los partidos críticos con el gobierno son acusados de golpistas, sus miembros arrestados y en ocasiones ilegalizados. Las elecciones presidenciales de 2022, en las que Ortega resultó reelegido, no contaron con los principales partidos de oposición a los que la justicia electoral había prohibido presentarse. Las prohibiciones también se extienden a las más de 1200 organizaciones civiles que han sido disueltas desde el inicio de las protestas.

Grupos Parapoliciales. Fuente: Amnesty International

El incremento de la represión también ha alcanzado a los medios de comunicación, con una gran cantidad de canales y programas intervenidos, como es el caso de 100% Noticias. La incapacidad de ejercer su labor de manera independiente y la persecución por parte del gobierno y las “turbas” han forzado a muchos periodistas al exilio. En los casos más graves, han sido detenidos y acusados de delitos políticos tales como «conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas».

La detención, el encarcelamiento, la deportación y la revocación de la nacionalidad de 222 personas en el último año se suman a este sombrío panorama. Como resultado de esta represión, el aumento de la inseguridad y el deterioro económico, Nicaragua enfrenta su primer gran éxodo en la historia, con 180,000 nicaragüenses cruzando hacia Estados Unidos en 2022.

Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos y las condenas por parte de instituciones multilaterales y países como Chile, el gobierno también se encuentra en un enfrentamiento con la Iglesia Católica, que alcanzó su punto más álgido con la detención del Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ya en 2018, Ortega había calificado a los obispos como «golpistas» llegando a expulsar al Nuncio Apostólico en Managua en Marzo 2022.

CONCLUSIÓN

Tristemente, hoy en día resulta imposible describir el modelo político que impera en Nicaragua como una democracia. ¿Cómo es posible hablar de democracia cuando los partidos de oposición son objeto de persecución y prohibición, los medios de comunicación son censurados y sus periodistas son forzados al exilio? ¿Puede considerarse democrático un país que deporta a sus ciudadanos y los convierte en apátridas?

El matrimonio presidencial ha logrado aferrarse al poder y por el camino han empleado los peores métodos para lograrlo. No deja de resultar irónico que Daniel Ortega, a sus 76 años, haya terminado pareciéndose tanto al dictador contra el que luchó en su juventud. El control absoluto sobre las instituciones y los medios de comunicación ha permitido que Daniel Ortega y Rosario Murillo permanezcan en el poder. Después de cinco años de dura represión, creen haber instaurado un régimen de terror que ha estabilizado el país.

La falta de una alternativa política viable en un sistema donde el cambio necesariamente debe surgir desde dentro ha llevado a muchos nicaragüenses a sentir que la situación es desesperada, y como resultado, muchos optan por abandonar el país. A pesar de la disminución en la popularidad del presidente y la avanzada edad de este, no hay perspectivas de que la situación vaya a cambiar, al menos en el corto plazo. Lo que sí es seguro es que esta democracia transformada en dictadura familiar está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder.

NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que representen las ideas de GEOPOL 21.