Nicaragua y Colombia mantienen una disputa territorial por la delimitación de sus aguas territoriales en el mar caribe, en particular entorno a la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia.

DISPUTAS EN EL PARAÍSO CARIBEÑO

El 19 de noviembre del 2012 se conoce a profundidad sobre la disputa compleja e impredecible entre Colombia y Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) emite un fallo en el que Nicaragua exponía que la frontera marítima con Colombia iría más allá de las 200 millas náuticas, donde se pretendía abarcar nuevas extensiones de mar territorial sumando poco a poco las plataformas continentales de los cayos alrededor de San Andrés y Providencia; esto con el fin de continuar incorporándose en la soberanía de Colombia. La evidencia que se da con este fallo inicia con el reconocimiento soberano de los cayos, lo cual nos dio a conocer que esta disputa va a ser fuerte y extensa.

Distribución del territorio marítimo entre Nicaragua y Colombia. (El Colombiano)

 Este problema le tocaría a Juan Manuel Santos en su primera presidencia, en donde expresó públicamente su inconformidad mientras trabajaba en tomar las decisiones correctas. Una disputa de este calibre generó distintas opiniones, no sólo por los colombianos sino por un sin número de analistas y abogados expertos en Derecho Internacional, porque la base de esto se ocasiona por defender los recursos naturales y la soberanía de Colombia.

Aunque este escenario es complejo de analizar, es claro que la decisión de desacatar el fallo, denunciar el Pacto de Bogotá y luego retirarse de él, perjudicarían a Colombia a largo plazo. Esto nos advierte que, con las anteriores decisiones del presidente de turno, se expresa una posición clara y se considera muy relevante criticar u omitir el derecho internacional, a no ser que ya se consideraba una idea de que Colombia podía perder gran parte de sus recursos marítimos o el gobierno se sentía seguro de inadmitir las próximas demandas de Nicaragua.

Argumentos de las partes

La fallida estrategia del gobierno colombiano se enfoca en desacatar el fallo de la CIJ y continúa con la denuncia del Pacto de Bogotá, un tratado firmante por países de América latina y el Caribe haciendo referencia (en este caso) a la solución pacífica de controversias. La retórica que utiliza la canciller María Angela Olguín sobre esta decisión, expresa ante la comunidad internacional que la CIJ no tendría la competitividad y la jurisdicción de manejar este caso, donde esta misma entidad sobrevaloraría el patrimonio inmaterial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por querer establecer coordenadas y limitaciones marítimas.

El desacato o simplemente ignorar esa sentencia replantearía las fronteras marítimas que para Colombia estaban establecidas pero que para Nicaragua no existía un tratado y mucho menos, una delimitación. Así, esta disputa se convertiría en buscar los argumentos suficientes, avanzar con estrategias militares y reconocer que somos parte de tensiones constantes sobre el territorio que no aceptamos perder. Quizás el gobernante de turno no pensó realmente en las graves consecuencias que tendría la población raizal (ubicada en San Andrés y Providencia) pues la economía local se abastecía por medio de la pesca artesanal de los cayos cerca a la isla. El resultado de esto fue que la CIJ negó los argumentos jurídicos, científicos e institucionales que planteó Colombia dándole paso a que Nicaragua, un año después, nuevamente interponga una demanda en la que exigía realizar una delimitación definitiva.

Lo dicho hasta aquí, causó un punto medio en esta disputa pues Nicaragua solicita, mediante una pretensión a la corte, un régimen u orden provisional para la explotación de recursos naturales. Dado este punto a negociar, Colombia excluiría las demás pretensiones y asumiría las competencias de la demanda que realizó Nicaragua. El único procedimiento que seguiría es aceptar la convicción y jurisdicción que tiene la CIJ frente a la zona marítima que se le había reconocido a Nicaragua, dándole paso a una exclusividad económica compartida mientras el Congreso de la República evaluaba a profundidad esta situación.  Hubiese existido una mediación adecuada y justa si Colombia no se hubiera retirado del Pacto de Bogotá puesto que la evocación de este tratado no era válida para un posterior periodo en el que decidieron retirarse.

Mapa de las disputas sobre la soberanía marítima. (El País)

Ante las tensiones o posible uso de la fuerza, Nicaragua tuvo el chance de ganar territorio a través de este órgano sin dar inicio a un conflicto bélico con Colombia. En muchas ocasiones, la invalidez de los argumentos no tiene que ver únicamente con la relevancia del caso sino también por la habilidad de defender un punto de vista con orden y claridad. Sin embargo, tras la pretensión y el acuerdo de que ambas partes tendrían en compartir una zona marítima exclusiva, generaría nuevamente desequilibrios geopolíticos sobre la nueva plataforma continental que hace parte de Nicaragua sobre los cayos de Quitasueño y Serrana.

En el 2021, el mandatario de turno Iván Duque, por medio de la canciller Marta Lucía Ramírez se pronuncia sobre la vulnerabilidad a la que se expone la población raizal y los distintos hostigamientos por parte de Nicaragua en la zona económica exclusiva. Por más de que se respeten las limitaciones dadas en la corte con el fallo del 2012, no deja de ser ajeno la vulnerabilidad de los derechos humanos hacia esta población por el régimen de Daniel Ortega. Un argumento constitucional que ha expuesto Colombia ha de ser que los límites con otros países hacen parte de su constitución y de su integridad territorial, refiriéndose claramente que éstos son modificados por medio de los tratados. De la misma manera, la evolución geopolítica no iría acorde con argumento de peso constitucional y la CIJ podría emitir un fallo para ponerle fin a los hostigamientos y el control a los pescadores de la isla de San Andrés para su abastecimiento económico; dándole el reconocimiento soberano sobre territorio restante.

Disputas territoriales sobre las aguas caribeñas entre Nicaragua y Colombia. (VOA)

El 13 de Julio de este año, la CIJ falló a favor de Colombia sobre el espacio marítimo que rodea a San Andrés y Providencia en lo que concede que existe una limitación de la plataforma continental a la cual Nicaragua no tiene acceso. El archipiélago de San Andrés y providencia junto a los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, oficialmente son de Colombia. Aún quedan muchas dudas sobre qué pasará más adelante, pero Colombia celebra el 20 de Julio la soberanía, la democracia y las decisiones acertadas sobre una disputa jurídica como la que ha venido teniendo con Nicaragua.

CONCLUSIONES

De esta manera, se puede concluir que la falta de buenas estrategias y decisiones oportunas pueden perjudicar a un país completo. Es responsabilidad de los gobernantes que se eligen defender los intereses nacionales en contextos geopolíticos, jurídicos e institucionales. Con Juan Manuel Santos se evidenció la importancia de ello de la misma manera en la que se exprese el respeto del derecho internacional mediante las instituciones que lo regulan como la CIJ y la confianza en la que se puedan exponer los argumentos necesarios para defender correctamente la soberanía.

Aunque existan gobiernos como el de Daniel Ortega y su forma de mediar la situación sea cuestionable, se destaca que cada una de las partes permite aceptar la disputa y respetar el derecho internacional. De acuerdo a la respuesta del último fallo, se tiene claro de aquí en adelante cual es la nueva delimitación del territorio. Sin embargo, no se tiene dudas de que notifiquen a Colombia en una nueva demanda, pero tampoco de que Nicaragua acepte las condiciones planteadas del último fallo.

NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21.