La actualidad geopolítica mundial nos da como principal hecho de estudio al conflicto Ucrania-Rusia, junto con el rejuvenecimiento de la OTAN como alianza militar estratégica, la UE como bloque económico y político, y el caso China como nuevo actor fuerte en la balanza de poder global. También, nos ha dejado pensando y planteando nuevas posibilidades de conflictos armados (algo que unos años atrás veíamos lejano), con distintos Estados luchando por recuperar y/o definir territorios en disputa a través del uso de sus fuerzas armadas. Entonces, llevándolo a la región de América del Sur, llegamos a la pregunta: ¿cuáles son los potenciales conflictos territoriales y/o limítrofes que todavía están pendientes de resolución y cuál es su probabilidad de desembarcar en un enfrentamiento armado? Desde problemas limítrofes (nacidos desde la misma independencia de las Naciones), integridades territoriales, disputas históricas y enfrentamientos con potencias extranjeras, son algunos de los potenciales conflictos en la región.


SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS/FALKLANDS, GEORGIAS Y SÁNDWICH DEL SUR: ARGENTINA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA

 

El caso de las Islas del Atlántico sur, en disputa desde 1833 por la República Argentina y Gran Bretaña, es el primer caso que se abordará. Situadas a unos 346 km de la costa de Argentina y unos 12.761 de las costas de Gran Bretaña, han desembocado en un enfrentamiento diplomático entre ambas naciones, e incluso en la Guerra de 1982.

Gran Bretaña ocupa las Islas actualmente. Declara su soberanía ya que entre 1739 y 1784 (durante la Guerra con España), se establecieron algunas posiciones militares y un puerto de donde se pudieran atacar los intereses españoles, fundando entonces Puerto Egmont, que abandonarían en 1774. Ocupa las islas nuevamente en 1833, produciéndose allí el primer enfrentamiento entre ambos Estados. Las autoridades argentinas establecidas fueron expulsadas junto a la guarnición militar local (sin declaración mediante) y se colocó a cargo del gobierno a John Onslow, capitán del HMS Clio.

Cabe destacar que previamente a esta actividad, las mismas Islas fueron causa de enfrentamiento entre los reinos de Francia y España, mientras estaban en tiempos de paz bajo el “Pacto de Familia” (1743), resolviéndose entonces hacia la soberanía española, derivando su administración a la Capitanía de Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata).

Es de allí donde nace el reclamo argentino: durante 32 gobernaciones españolas, las Islas fueron parte del Virreinato del Río de la Plata, por ende, desde la Independencia argentina de 1816, los territorios coloniales pasaban a ser parte de la nueva nación bajo el concepto de Uti Possidetis Iure (como poseías, poseerás). Se establece entonces la gobernación de las Islas Malvinas, se establece un gobierno local y una guarnición militar. Además, se expone que las Islas se encuentran dentro de la plataforma continental, dentro del Mar Argentino (aguas territoriales), y dentro de la zona de reclamo argentino sobre la Antártida.

Luego de 1833, los reclamos argentinos son incesantes. En un primer lugar ante la Corona Británica, luego llegando a la extinta Liga de las Naciones, y a las Naciones Unidas, donde obtiene la Resolución 2065. La misma, indica que en “las negociaciones para encontrar una solución a la disputa deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, y no sus deseos, excluyendo la aplicación de la libre determinación para este caso en particular”.

Delimitación de los territorios de ultramar de las Falkland Islands y sus zonas marítimas, según Gran Bretaña (BBC.com)

Las respuestas británicas fueron siempre similares: en 1840, las islas se convirtieron oficialmente en colonia a través de Cartas Patentes firmadas por la Reina Victoria, una década después de la ocupación. Además, incluye a las islas antárticas y subantárticas bajo el nombre de Dependencias de las islas Malvinas, declarando así su proyección hacia el continente blanco.

Desde ya pasado el centenario de la ocupación, el Reino Unido define a la situación claramente con la Carta de la ONU, sosteniendo “Que la autodeterminación es un derecho universal”, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y que la misma se aplica a la situación de las Islas Malvinas.

El capítulo más conocido de este enfrentamiento es la Guerra de 1982. En 1983 se cumplirían 150 años de la ocupación, algo que complicaba las intenciones de negociación argentinas, por lo que se plantea una operación militar: el objetivo era ocupar las Islas, hacer flamear el pabellón argentino, retirar a las autoridades y la guarnición militar británicas, y todo esto sin causar bajas británicas ni de la población local. Desde allí, continuar con el empuje y las negociaciones diplomáticas, pero con la posesión territorial efectiva por parte de Argentina.

Esta operación fue un éxito, y solo se produjo una baja del lado argentino. Pero el gobierno nacional, en manos del Grl. Leopoldo Galtieri (a cargo de un gobierno de facto), no siguió el planeamiento efectuado: fue empujado por el exitismo de la primera victoria. Así, no se calculó la falta de apoyo de los Estados Unidos (que condenó la acción y apoyó a Gran Bretaña) ni del resto de los Estados Americanos (que se suponía apoyarían a través del TIAR, que no se activó al considerar a Argentina como agresor). Tampoco se esperaba la contundente respuesta británica:  organizó la flota más grande desde la Segunda Guerra Mundial y con su Task Force, utilizando la Isla Ascensión como base, y recuperó las Islas 74 días después (con un saldo de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas, y cuantiosas pérdidas de material bélico).

Desde allí, Argentina colocó a la cuestión Malvinas como una política de Estado: el reclamo por los derechos soberanos se estableció como irrenunciable en su Constitución Nacional, y mantiene el tema como parte de toda acción diplomática frente al Reino Unido. En cambio, Gran Bretaña ha adoptado una posición de no discusión, manteniendo su postura de libre determinación de sus ciudadanos (reconocidos como británicos desde 1983), a pesar de las diferentes instancias de diálogo que se han intentado abrir desde entonces.

Actualmente, Argentina administra los territorios como la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mientras que Gran Bretaña las reconoce como Territorio de Ultramar de las Islas Falkland.

La actualidad del conflicto, más allá de la discusión de la soberanía, pasa también por lo económico: Gran Bretaña brinda amplios contratos de pesca (incluso de búsqueda de hidrocarburos) desde las Islas y dentro de las aguas en conflicto, que Argentina entiende como aguas soberanas.

 

DELIMITACIÓN DE FRONTERA: LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA

 

La cuestión de la soberanía por la Guayana Esequiba ha sido un punto de conflicto que ha resurgido en los últimos años. La Guyana Esquiva está situada en una región muy rica en recursos naturales y en reservas explorables de petróleo, por lo que la hace sustancial y potencialmente, un área atractiva y que se ha potenciado en los últimos años gracias a exploraciones en búsqueda de hidrocarburos.

 

Mapa de Venezuela, Guyana y la región en conflicto (BBC.com)

La cuestión se remonta desde tiempos coloniales: Venezuela, desde su independencia en 1912, ha demarcado su frontera este sobre el Río Esequibo, algo comprobable en los primeros mapas de la República. La Guayana Británica (previamente holandesa), fue reconocida desde 1814, y aceptó dicho límite entre ambos territorios, hasta que, a partir de 1849, se comenzaron a anexar territorios al otro lado del mencionado río.

El Laudo de París de 1899 se propone como solución a la controversia, pero fue objetado por Venezuela (representada en el mismo por los EEUU), quienes defienden que dichos territorios no deberían ser sometidos a un arbitraje internacional, ya que los mismos fueron parte reconocida del territorio del país, y que los datos y cartografía presentados por los británicos en el Tratado de Arbitraje de 1897 no eran reales y carecían de legalidad. En un escrito a la Corte de la Haya en 1903, se desconocen dichas demarcaciones tratadas en el Laudo, y refiere que Venezuela fue obligada a participar en dicha reunión bilateral, expresándose así en contra de su contenido.

Estos reclamos no cesaron, pero con el compromiso de Venezuela de lograr una solución pacífica, sin uso de la fuerza, y a través de los organismos internacionales, sobre todo luego de la década de 1930. Hasta 1962, las afirmaciones británicas eran que ya existía una resolución que daba una respuesta jurídica a los reclamos venezolanos, por lo que Venezuela presenta ante la Organización de las Naciones Unidas la necesidad de revisar el estado de la reclamación venezolana a través de una denuncia, y estimando la pronta independencia de la Guayana Británica.

En 1966 se declara la independencia de la República Cooperativa de Guyana. En ese año, se llega entonces a un acuerdo: se crearía una comisión mixta con la incorporación de representantes de la Guyana, y en el marco del Acuerdo de Ginebra buscarían una salida jurídica al conflicto. El documento permitió a Venezuela condicionar la independencia de la Guyana, hasta que se produzca el reconocimiento de Reino Unido y de la propia Guyana de la reclamación venezolana.

La Guyana expresa su reclamo de soberanía sobre el Laudo de 1899, a su herencia histórica como colonia británica y a lo que entienden como “reafirmación bilateral” en los acuerdos de Ginebra de 1966. Esto produce un impasse en las conversaciones, que durarían hasta la década de 1980. En los años intermedios, hubo incluso un apoyo a las tribus originarias de la zona, para que se rebelaran y declararan su independencia y anexión al territorio venezolano, algo que no tuvo éxito alguno. Solamente provocó el endurecimiento de las posiciones de Caracas y Georgetown y el enfriamiento de las negociaciones.

En 1968, Venezuela decide el cierre de la desembocadura del río Orinoco, que introduciría un elemento al conflicto: la delimitación futura de áreas marinas y submarinas. En 1983, se reanudan las negociaciones debido a la disposición contemplada en el texto del Acuerdo de Ginebra, que refería al secretario general de las Naciones Unidas para lograr una solución del problema.

Entre 1983 y 2018, sobre la base de los buenos oficios, se continuó buscando una solución pacífica utilizando una metodología bilateral, y a la espera de la decisión del secretario general de las Naciones Unidas. Es entonces cuando António Guterres, Secretario General de la ONU, en enero de 2018, estableció que la Corte Internacional de Justicia de la Haya examinara el caso con base en la posibilidad de impulsar una solución jurídica y multilateral.

La respuesta del Presidente Nicolás Maduro fue totalmente en contrario con la resolución de la Secretaría General: declaró que la Corte de la Haya carece de jurisdicción para conocer el tema sobre el Esequibo, algo incluso compartido por Juan Guaidó, cabeza de la oposición. El 18 de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia se declara competente, y da lugar a la demanda unilateral de Guyana sobre la validez del laudo arbitral y decidir sobre la controversia concerniente a la frontera terrestre. Venezuela no se presentó para conocer la decisión e insistió en regresar a las bases del Acuerdo de Ginebra y a los buenos oficios de la ONU, manteniendo ese estatus hasta la actualidad.

Es destacable, por lo tanto, el  sinuoso camino que tomaron los gobiernos de Venezuela y Guyana. Sus decisiones macro han creado un escenario difícil para la solución: Guyana ha roto su compromiso con el Acuerdo de Ginebra, trasladando el plano bilateral a un plano multilateral que ha sido rechazado por Venezuela, sumando presencia en la región y otorgando permisos de exploración y explotación a empresas estadounidenses y británicas. Por su lado, el gobierno venezolano afirma (incluso en sus mapas oficiales) que la Guayana Esequiba es hoy por hoy parte integral del territorio de Venezuela, y denuncia la ilegalidad de la presencia de empresas extracontinentales, e incluso de la aproximación bélica de las Fuerzas Armadas guyanesas con las norteamericanas. Estas posiciones pueden contribuir a una escalada del conflicto incierta, sobre todo por las actuales posiciones políticas de ambos países. 

 

DELIMITACIÓN DE LÍMITES MARÍTIMOS: PERÚ Y CHILE

 

El conflicto chileno-peruano por las delimitaciones de las plataformas submarinas es resonante y marca un momento de tensión en la historia continental.

Luego de la Guerra del Pacífico (que también incluye a Bolivia como participante), y en donde las fuerzas armadas chilenas han salido vencedoras. En su resultado final, y luego de la firma del Tratado de Ancón en 1833, ambos países reconocen sus nuevos límites. Pero no es hasta el Tratado de Lima de 1929 donde llegan al acuerdo definitivo: “El territorio de Tacna y Arica, será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile”.

Allí, la Comisión Mixta de Límites Perú-Chile de 1930 decide «trazar la línea divisoria y colocar los hitos respectivos». Entonces, se determina entonces el «Punto Concordia», un hito físico ubicado por el Perú que marca la línea divisoria. Este se ubicó particularmente a 180 metros de la orilla del Océano Pacífico, y se le llamó «Hito 1» en Chile.

El Hito de la Concordia, en 1930 y en la actualidad (lamula.pe)

En 1947, siguiendo las reclamaciones similares en la región, Chile emite una declaración presidencial sobre jurisdicción marítima, donde expresa que pertenece a la soberanía chilena los mares adyacentes a las costas del territorio nacional y el zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares, cualquiera que fuere su profundidad, dentro de la zona formada por las doscientas millas marinas de distancia de las costas continentales chilenas, sin desconocer los legítimos derechos de otros países sobre la base de la reciprocidad.

Ese mismo año, Perú declaró la soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cualesquiera que fuera su profundidad y sobre la plataforma submarina, con una base similar a la chilena para marcar sus límites.

Hechas estas reclamaciones, y las de la mayoría de los países con costas marítimas en el continente, surge una presentación del Comité Jurídico Interamericano en 1952: el «Proyecto de Convención sobre Mar Territorial y Cuestiones Afines». Con esa base jurídica, Chile, Ecuador y Perú firman el «Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima» en 1954, en la ciudad de Lima.

Pero los problemas no podían resolverse por la supuesta línea imaginaria, y luego de varias acciones de las fuerzas navales de ambos países, determinan conjuntamente en 1969 la “Comisión Mixta”, que se encarga de la finalización de los trabajos de visualización física de la frontera (a través de faros y de boyas balizadas), mediante un Acta suscrita en Arica.

Estas delimitaciones fueron cumplidas hasta la III Conferencia sobre el Derecho del Mar (1982), organizada por las Naciones Unidas, en donde se aprobó la Convención sobre el Derecho del Mar, que ambos países suscribieron y ratificaron. A partir de allí, Perú hizo una revisión de los límites trazados, y entre 1985 y 1986, expuso la posición peruana sobre la necesidad de suscribir un tratado de límites marítimo, conforme a las reglas del Derecho internacional, bajo la premisa de que era preciso alcanzar una delimitación formal y definitiva.

Pero no existen negociaciones formales, hasta el año 2004. Se solicita a través de una nota diplomática al Canciller de Chile, el inicio de negociaciones para delimitar la frontera marítima, señalando que «hasta la fecha no han celebrado, de conformidad con las reglas del Derecho Internacional un tratado de delimitación marítima”, y que «no existe límite marítimo entre los dos países».

En 2005, se aprueba (de forma unilateral) la nueva ley de límite marítimos del Perú: establece que las líneas de límites están basadas en trazos de 200 millas náuticas desde diversos puntos geográficos perpendiculares a la costa del Perú. En el sur, al superponerse el espacio con las 200 millas de Chile, utiliza la bisectriz como método recomendado por la Convención del Mar, determinando su surgimiento del punto mencionado Concordia (y su proyección hacia el Hito 1), tomándolo como la línea base del límite marítimo.

Para Chile, este punto ubicado al sur del “Hito 1”, no se considera como inicio del límite terrestre con el Perú. Chile define que la zona entre la costa, el paralelo del Hito nº1 y el Punto Concordia correspondería a unos 37.610 m² terrestres, por lo que toma como definición al Concordia y al paralelo geográfico (también, entra en el reclamo unas 4 hectáreas terrestres, delimitadas por la bisectriz de las proyecciones).

Área de controversia y las posiciones de ambos países (RRPP.com.pe)

En el límite sur de esta frontera marítima se produce un polígono que produce el conflicto. Este polígono se superpone en 10.820 m² al mar que según Chile le pertenece según los acuerdos de 1952 y 1954.

Perú reclama la extensión de 38.000 kilómetros cuadrados de aguas, que comprende 19 kilómetros de mar territorial y 188 kilómetros de una de las zonas de explotación marítima más rica del mundo. Chile determina que los límites no son los reclamados, y que la proyección es errónea por parte de Perú, y se basa en los acuerdos firmados en 1952/54.

En 2008, Perú presentó formalmente la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), algo muy resistido desde Chile, pero que acepta la competencia de la Corte de La Haya expresada por los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera, quienes se comprometen a respetar la decisión de la Corte, durante una cumbre de la UNASUR en Lima.

La Corte comunicó que daría a conocer su fallo el 27 de enero de 2014: la sentencia adjudicó al Perú un área total de aproximadamente 50 000 km² que ha pasado a formar parte de las zonas marítimas peruanas; el segundo sector, de 28 471,86 km²,92 era considerado por este país como alta mar, es decir, un área oceánica abierta a todos los países. Como contraparte, el fallo ratificó la soberanía y los derechos soberanos de Chile sobre 16 352 km² de mar que ya poseía y explotaba desde hacía décadas, siendo ésta mayormente el área situada a menor distancia a la costa y que, por tanto, corresponde a la más rica en recursos pesqueros del total de aguas en controversia.

Resolución de la CIJ (BBC.es)

Si bien ambos países han aceptado el fallo, las repercusiones por el mismo todavía dan lugar a críticas bilaterales, y la falta de señalamiento actual de dichos límites llevan a tensiones particulares. En el Perú, se dirime la frase “Tacna sigue sin salida al mar”, mientras que en Chile se debaten los procesos bilaterales con Perú, al tomar una ruptura diplomática y un enfriamiento en sus relaciones por las decisiones unilaterales de 2004 y 2008.

 

REPÚBLICA DE CHILE – REPÚBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA POR LA SALIDA AL OCÉANO PACÍFICO

 

El conflicto surge a principios del siglo XX, en la llamada Guerra del Pacífico (o del salitre), en donde Bolivia junto a Perú, se enfrentaron a Chile, en un conflicto armado que surge por el enfrentamiento comercial por el manejo de las salitreras de la región.

Desde su independencia en 1825 hasta que surgió el conflicto, las zonas del Departamento Litoral de Bolivia ocupaban un total de 120.000km² y unos 400 km de costa del Pacífico. Su frontera norte era con Perú y la del sur con Chile, contando con puertos como el de Iquique.

Así eran las fronteras de Bolivia y Chile antes de la Guerra del Pacífico. (elpais.com)

Chile, para fines del siglo XIX, basaba su economía principalmente en la exportación en las salitreras del norte que se extendían por el desierto de Atacama y el sur del territorio peruano, comercializadas por puertos ubicados en las regiones bolivianas y peruanas.

Según un tratado comercial, firmado en 1874, establecieron los gravámenes a imponer hasta 1899. De forma unilateral, el gobierno de Bolivia impuso un nuevo impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, Chile decidió invadir su territorio argumentando que violaba un tratado comercial ya firmado.

El resultado del conflicto fue volcado hacia la victoria chilena (en 1880), y cerrado con el «Tratado de Paz y Amistad». En el mismo, se especifican los límites entre ambos países tras la guerra, que son los que se respetan hasta el día de hoy. Actualmente, se encuentran bajo la jurisdicción de la Región I y XV de la República de Chile.

Bolivia, a partir de 1920, comienza a solicitar revisar el Tratado de Amistad y Paz, aduciendo que fue firmado en circunstancias de no igualdad y que debería ser considerado nulo. Uno de los primeros lugares donde realiza la presentación, fue en la extinta Liga de las Naciones.

A partir de 1950 y hasta 1978, las negociaciones continúan, pero el presidente chileno Augusto Pinochet las cierra y rompe relaciones diplomáticas con su par boliviano en dicho año.

Bolivia continúa sus reclamos, pero sin lograr consenso en las organizaciones internacionales. Es hasta 2006 en donde Evo Morales toma la cuestión como una de sus prioridades, y se reúne con la presidente Michelle Bachelet, logrando establecer una agenda común de trece puntos que incluye el tema del mar y reclamó que las disposiciones de libre e irrestricto acceso a los puertos de Antofagasta y Arica contemplados por el Tratado de 1904 no estaban siendo cumplidos. Comienza un periodo de acercamiento entre ambos países.

En Bolivia el reclamo por la salida al mar es política de Estado. (bbc.com)

De igual manera, este acercamiento no da ningún resultado en sus planteos, por lo que unilateralmente, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la demanda contra Chile por una salida soberana al Pacífico en 2013, a la que Chile accede y da jurisdicción a la misma, aunque en un primer momento había adelantado que podría solicitar la incompetencia del tribunal, ya que el Tratado es anterior al Pacto de Bogotá de 1948, que confiere jurisdicción no retroactiva al tribunal internacional.

La postura oficial de Santiago no difiere de la histórica: los límites están establecidos por el Tratado de 1904, que ambas partes firmaron libremente, y que no está obligado por tanto a ceder su soberanía. Además, explica que la salida al mar de Bolivia está cubierta por disposiciones del mismo tratado, y niega haber incumplido estos puntos de acceso a dicha salida a través de puertos chilenos.

En 2018 se da a conocer el fallo de la CIJ, donde se estableció que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar en la costa del Pacífico, desestimando los reclamos de La Paz, y dando su entidad jurídica a lo firmado en 1904.

La resolución causó desilusión en los bolivianos, quienes argumentaron respetar el fallo diplomáticamente, y seguirán realizando el reclamo con nuevas estrategias, pero que el mismo es indeclinable para la nación. Todos los 14 de febrero se rememora la “invasión de 1879”, y se reafirma que “Nuestra reivindicación marítima es irrenunciable”.

 

SOBERANÍA DE LAS ISLAS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Y LAS REGIONES MARÍTIMAS CIRCUNDANTES: LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

 

El conflicto marítimo entre la República de Colombia y la República de Nicaragua comienza en el año 1928, luego de que ambos países firmaran el Tratado Esguerra-Bárcenas, estableciendo que la Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían a Nicaragua, mientras que el Archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana.

Presentación del reclamo de ambos países (infobae.com)

De forma similar a varios conflictos surgidos en 1982 al delimitar los mares territoriales, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia. Nicaragua, gobernada por el gobierno sandinista, declaró nulo el acuerdo existente de forma unilateral y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en su diplomacia.

Dicho reclamo fue desestimado por Colombia, quien dispone de la soberanía efectiva de las Islas hasta la actualidad, contando incluso con guarniciones militares establecidas en estas.

El reclamo de ambos países entonces fue similar: reclaman la soberanía de San Andrés y Providencia, islas ubicadas frente a la costa atlántica de Nicaragua, al igual que varios cayos y un área de casi 50.000 kilómetros cuadrados de aguas del Mar Caribe.

Playa en San Andrés: es uno de los principales destinos turísticos de Colombia (colombiapais.com)

Nicaragua presentó en 2001 formalmente el reclamo ante la CIJ: una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, la respuesta fue contundente: la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y, por lo tanto, violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento presentó su apelación ante la Corte y aceptó la jurisdicción de la misma para resolver el conflicto (a pesar de una resistencia del presidente Uribe a aceptar la misma).

En 2007, cuando comenzaron las primeras audiencias en la IGJ, hubo muchos reclamos y denuncias de Nicaragua a Colombia, incluso por el festejo de la Independencia Colombiana en San Andrés, con un amplio despliegue militar, algo que fue visto como una amenaza por Managua, y por las actividades de control de la pesca ilegal por parte de la Armada colombiana.

La Corte remarcó que la soberanía de las islas es de Colombia, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. En 2012, surge el primer fallo, donde se definen los nuevos límites marítimos entre los dos países.

Fallo de la CIJ de 2012 (elcolombiano.com)

El conflicto tuvo entonces varios capítulos, siendo el más importante en 2022, donde Nicaragua denuncia el incumplimiento del fallo de 2012, y afirmó que la Armada colombiana realizaba operaciones en la zona exclusiva nicaragüense recientemente demarcada por La Haya. Colombia contrademandó dos veces: el primero argumentando que Nicaragua violaba los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia para explotar sus bancos de pesca, y que se adjudicaba unilateralmente zonas marítimas en detrimento de Colombia.

Actualmente, se espera un nuevo fallo de la IGJ, aunque ya ha definido que Colombia violaba la soberanía y jurisdicción nicaragüense, al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ha ordenado que cesen de forma inmediata. Asimismo, Colombia ha solicitado a la administración de Joe Biden la mediación en el conflicto para poder cumplir con el fallo de la CIJ. Un conflicto que actualmente carece de una resolución definitiva.

 

LAS CUESTIONES LIMÍTROFES Y LA SOBERANÍA TERRITORIAL, LAS CUESTIONES A RESOLVER

 

Podemos visualizar que las cuestiones que podrían desembocar en un conflicto como en Ucrania, devienen de cuestiones relacionadas a la soberanía territorial y a las cuestiones limítrofes. La mayoría de los mismos se han resuelto bajo la vía diplomática, aunque algunos hayan desembocado en conflictos armados. Cabe destacar que muchos arbitrajes en el comienzo del siglo XX han colaborado a la disposición de límites que visualizamos actualmente: pueden destacarse los casos de límites entre Argentina-Chile (que casi desembocan en una guerra, con dos lugares todavía a dirimir), Brasil y Uruguay por la “Isla Brasilera”, Perú y Ecuador por los mares territoriales, y Brasil con Venezuela y las Guayanas/Surinam por la demarcación de la frontera en la Amazonia.

Como el análisis se ha centrado en conflictos solamente entre dos o más Estados, quedarán para analizar los conflictos transnacionales que ponen en jaque a la región: el narcotráfico y el contrabando; el conflicto mapuche y las reivindicaciones armadas de pueblos originarios; y las fuerzas insurgentes paramilitares (FARC, Sendero Luminoso, FALN y otras).


NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21.