Mientras los diferentes líderes del mundo luchan por combatir la pandemia del coronavirus, que ha incrementado la desigualdad social y la pobreza en muchos lugares del mundo, hay una zona del planeta donde el rumbo democrático e institucional se tambalea fuerte. 

Populismo, autoritarismo, violencia, desigualdad, pobreza, narcotráfico, violaciones de los derechos fundamentales, son algunas de las tristes características que se han vivido en algunos de los países de América Central y que la comunidad internacional no debe dejar pasar por alto nunca más. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, dijo al presentar el Informe Panorama Social de América Latina 2020 que la pandemia “ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”. Sin embargo, la nación que tiene que tener al mundo pendiente es Nicaragua. 

De acuerdo a un informe del Banco Mundial, la pandemia, la incertidumbre política elevada y el impacto que produjeron los huracanes Eta e Iota, prolongaron la recesión de Nicaragua en 2020 teniendo un crecimiento de -2.5 %. El informe señala:

“La pandemia ha afectado negativamente al crecimiento económico debido a la creciente incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria, la propagación interna del virus, los cierres voluntarios del sector privado, las salidas de capital, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del turismo. Como resultado, el progreso logrado en la reducción de la pobreza desde 2005 ha sido detenido”. 

Daniel Ortega, quien ostenta el cargo de presidente desde 2007, quiere asegurar su continuidad al mando de Nicaragua y lo hace controlando todas las instituciones estatales y, peor aún, prohibiendo cualquier intento de oposición a su régimen que se ha visto envuelto en temas de corrupción, nepotismo, autoritarismo y violación de los derechos humanos. Con miras a la elección presidencial de noviembre, comenzó la persecución contra cualquier tipo de oposición que pusiera en jaque a su poder. 

Los procesos electorales se caracterizan por la participación de los ciudadanos en la política, aún expresada en los partidos políticos o movimientos políticos que buscan de alguna u otra forma representar la diversidad de posturas que tienen los votantes. Sin embargo, el régimen de Ortega ya ha detenido a cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro. ¿En que se amparan para sus detenciones? Según la Ley 1055 determina que los nicaragüenses pueden ser calificados de “traidores a la patria” y no podrán optar a puestos de elección popular si es que financian o lideran un golpe de Estado, si alteran el orden constitucional o si fomentan los actos terroristas. 

La vicepresidenta del Gobierno, vocera y esposa de Ortega, Rosario Murillo, los acusó de “recibir dinero sucio para matar”, “ladrones, delincuentes, terroristas”, luego que se les acusara de, en el caso de Chamorro, de lavado de dinero por parte de Estados Unidos a su fundación. 

Acción internacional

Ante esta arremetida del régimen de Ortega y su familia, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a través de un portavoz de la entidad, pidió la liberación de los líderes de la oposición que han sido detenidos y la restitución de sus derechos políticos. 

En tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a sus miembros a que suspendan la participación de Nicaragua en el organismo. Este llamado ya lo había hecho Almagro donde solicitó al Consejo Permanente de la entidad a declarar la “ruptura del orden democrático” y para ello se necesitan dos tercios de los 34 países miembros activos. En los años que tiene la OEA sólo se ha suspendido a Cuba y Honduras, pero todo podría llevar a que Nicaragua se uniese a este grupo. 

Además Estados Unidos impuso sanciones económicas a funcionarios cercanos a Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, quienes han respaldado -según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU, un “régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes. .

El rumbo democrático e institucional que está tomando la región es preocupante, en especial en Nicaragua. Quién diría años más tarde que quien criticara la dictadura de Somoza, se convirtiese en la versión 2.0 del militar. La ambición del poder, de querer perpetuarse, es algo que sobrepasa todos los límites de la democracia y ante eso, la comunidad internacional debe tener los ojos puestos en cómo terminará esta historia. 

*NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21.