La discusión por los límites en las aguas australes no parece tener fin para dos naciones que, desde 1880 hasta 1984, han dirimido sus desacuerdos fronterizos por medio de una combinación de la amenaza y la diplomacia. Un ciclo de disputas marítimas-territoriales que vuelve a abrirse, en el contexto de una nueva posible ola de contagios en el Cono Sur y de la urgencia de ambos gobiernos de refrendar su imagen en las respectivas elecciones nacionales de 2021. 

Un nuevo capítulo se ha adicionado al listado de viejas disputas fronterizas entre Argentina y Chile. El viernes 26 de agosto, el gobierno de Chile anunció la actualización de su Carta Náutica N°8 que establece las áreas jurídicas marítimas nacionales y en la cual se incluyó una superficie marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, que la Argentina considera como suya. Sorprendidos por la medida, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina rechazaron el reclamo chileno sobre la base de que “claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”. El gobierno argentino sostiene que Chile pretende proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67° 16’ 00’’, establecido en dicho tratado, “de modo arbitrario, inconsulto y violatorio de los tratados internacionales vigentes”. En respuesta, el presidente Sebastián Piñera ha afirmado que lo único que hace Chile es defender su soberanía y que el litigio será resuelto mediante el diálogo, algo que ha sido mutuamente reconocido por Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. 

A la pregunta de qué motivos impulsaron a Chile a realizar este reclamo en este momento, el internacionalista argentino Esteban Actis mencionó en su cuenta de Twitter cuatro razones hipotéticas: 

• La pulsión electoral de una derecha desprestigiada, que intenta ampliar su voto por medio de una demostración de nacionalismo territorial. 
• Una percepción en las elites chilenas de que la distribución del poder material históricamente favorable a la Argentina ya no es tal.
• La crisis de gobernanza regional, que avala medidas de tipo unilateral en lugar de recurso a los organismos multilaterales.
• La crisis geopolítica global. Al debilitar el liderazgo mundial y el multilateralismo produce, mayor incertidumbre y menor propensión en los países a cumplir las normas internacionales. 

El, hasta entonces, canciller argentino Felipe Solá afirmó que los derechos de su país en el área en cuestión son irrefutables, ya que han sido establecidos por una la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020. La extensión de la plataforma marítima argentina data de abril de 2009, cuando desde Buenos Aires se formuló una petición para extender su área al sur de la línea divisoria con la plataforma chilena, la cual fue aceptada, el 11 de marzo de 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), organismo creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y refrendada el 17 de marzo de 2017. Ahora bien, como dice el canciller chileno Andrés Allamand, tanto en 2009 como en 2016 la Cancillería en Santiago afirmó que tales pretensiones eran inopinables y que Chile se reservaba sus derechos de soberanía sobre el área. 

Desde la democratización chilena, los dos países han establecido una agenda de relaciones bilaterales profunda y diversificada (Lorenzini, 2017). Aunque es imposible que la disputa por la Carta Náutica chilena derive en auténticas tensiones militares, para su mayor comprensión puede resultar de utilidad observar en la perspectiva de largo plazo. En cierto modo, no deja ser parte de una larga historia de conflictos fronterizos que durante un siglo han mantenido la desconfianza mutua entre Argentina y Chile y provocado situaciones de casi beligerancia en más de una ocasión. 

Si bien las conversaciones argentino-chilena acerca de la Patagonia datan desde 1810, el origen de la historia de litigios fronterizos puede situarse en la década de 1880. Por ese entonces, Argentina y Chile consolidaban la organización de sus Estados nacionales tras dos grandes guerras que definieron la dimensión geográfica de cada uno: la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que Argentina, Brasil y Uruguay derrotaron a Paraguay, y la Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Chile venció a la coalición de Perú y Bolivia. Las victorias significaron amplias ganancias territoriales para ambos. En el caso argentino, la zona de las Misiones y el Chaco Meridional, mientras que los chilenos se hicieron con el Litoral boliviano y las regiones peruanas de Tarapacá y Arica. 

Ahora bien, la Guerra del Pacífico había producido algunas inquietudes en Argentina. La diplomacia peruana intentó atraer al gobierno de Buenos Aires al conflicto sabiendo los recelos que allí generaba el poderío naval chileno, y muchos argentinos partieron como voluntarios a unirse al Ejército peruano (Lacoste, 2001). Eventualmente, Chile y Argentina firmaron en 1881 el Tratado de Límites que confirmaba la neutralidad argentina y la noción del uti possidetis iure, tácitamente aceptada desde 1810, para trazar la frontera patagónica entre ambas naciones. Es decir, los nuevos estados hispanoamericanos reconocían las fronteras de las antiguas jurisdicciones españolas. 

De este modo, el límite norte-sur a lo largo de la cordillera de los Andes, pasaría por “las más altas cumbres que dividen las aguas”, para luego dividir la Isla de Tierra del Fuego en dos y otorgar a Chile las islas al sur del canal de Beagle. Años más tarde, en 1893, el Protocolo Adicional y Aclaratorio sancionó el principio bioceánico, que establecía la exclusividad de Argentina al Océano Atlántico y de Chile al Océano Pacífico, no pudiendo ninguno de ambos países reclamar soberanía en el otro océano.

Ahora bien, la dificultad de dibujar la línea imaginaria se combinó con el nacionalismo territorial en cada nación. Tanto en Argentina como en Chile ha existido la percepción de que la otra parte obtuvo más de lo que merecía y de que la patria había sido estafada (Escudé, 1988). Los nacionalistas utilizaban contradictorios mapas españoles y Reales Cédulas españolas para argumentar la soberanía patagónica a su favor. Desde entonces, el irredentismo fue un componente importante del nacionalismo argentino y chileno. De hecho, fue uno de los grandes motores de la carrera de armas de 1881-1902, durante la cual Argentina, Chile y también Brasil incrementaron sus arsenales navales y pusieron en peligro el equilibrio regional. La tensión fue finalmente sorteada con los Pactos de Mayo de 1902, con los cuales Argentina y Chile acordaron poner límites al armamento naval y someter sus litigios al dictamen de árbitros internacionales. Este recurso fue utilizado en cuatro ocasiones:

• En 1902, el laudo de Eduardo VII del Reino Unido repartió de manera ecuánime el territorio entre las latitudes 40° y 52°S. 
• La división de los valles situados al norte del lago General Vintter/Palena, arbitrada por Isabel II, en 1966.
• El conflicto por el canal de Beagle, resuelto por una Corte internacional ad hoc, a favor de Chile, y luego por la propuesta de Juan Pablo II, en 1980.
• La disputa de la laguna del Desierto, ocurrida entre 1994 y 1995, arbitrada por un tribunal de juristas latinoamericanos en favor de Argentina.

De todos estos litigios, el conflicto del Beagle, ocurrido en tiempos de dictadura militar en ambos países provocó algunas movilizaciones militares y estuvo muy cerca de disparar la guerra. Sus orígenes se remontaban a la histórica disconformidad de los círculos navales argentinos por el principio bioceánico y la soberanía chilena en el paso del Beagle. De hecho, entre 1904 y 1971 continuaron las disputas diplomáticas y políticas por las islas Picton, Nueva y Lennox situadas al sudeste del canal. La interpretación argentina era que éstas se hallaban al este del mismo, por lo tanto, en el mar territorial argentino, mientras que Chile defendía el fallo de 1902, según el cual las islas se ubicaban al sur del Beagle. 

Tras el arbitraje de una Corte internacional ad hoc en 1977 que sostuvo los derechos chilenos, la dictadura argentina rechazó el dictamen y escaló las tensiones realizando ciertas movilizaciones militares en la Patagonia en 1978. Aunque el gobierno de Augusto Pinochet respondió de la misma manera, al parecer ninguno de ambos bandos estaba realmente dispuesto a ir a la guerra. El gobierno argentino envió tres delegaciones, a Washington, Moscú y el Vaticano, expresando su preocupación, luego de lo cual el cardenal Samoré, enviado de Juan Pablo II, comenzó su misión pacificadora entre Buenos Aires y Santiago. 

El cardenal logró que los cancilleres argentino y chileno aceptasen la mediación del Papa, la cual en 1980 mantuvo las tres islas bajo soberanía chilena, como decía el laudo de 1977, y creó una zona marítima compartida al sur del canal de Beagle. Pinochet aceptó la propuesta papal, mientras que la Argentina recién hizo lo propio en tiempos del presidente democrático Raúl Alfonsín, en 1984, tras un referéndum popular a favor del laudo papal. En dicho año, Chile y Argentina signaron el Tratado de Paz y Amistad, comienzo de una nueva etapa en la historia de las relaciones internacionales de Argentina y Chile y la apertura de un nuevo camino de paz sin retrocesos  (Orso & Capeletti, 2015).

Desde entonces, Argentina y Chile son socios comerciales y estratégicos y las hipótesis de conflicto militar están completamente descartadas. Ambos países han formado parte de los mismos organismos multilaterales y han realizado numerosas cumbres y acuerdos para mejorar las relaciones bilaterales. Lo llamativo es que, luego de tantas décadas de buenas relaciones, tratados de cooperación y valores compartidos, un reclamo de índole territorial/marítimo vuelva a traer al centro de la escena la rivalidad argentino-chilena, en momentos en que las campañas de vacunación contra el Covid-19 y la delicada situación económica en América Latina no serían el contexto más óptimo para limar este tipo de asperezas. 

Por otro lado, debe decirse que al menos ambas partes han enfatizado enérgicamente que la disputa se resolverá por el diálogo. Las motivaciones del gobierno de Chile para relanzar una disputa de este tipo, en este momento, pueden ser tan variadas como insondables. En cuanto a Argentina, el tema ha pasado un tanto disimulado entre la opinión pública, al tiempo que la derrota del gobierno en las elecciones primarias de octubre llevaron al reemplazo de buena parte de los ministros, entre ellos, el encargado de las Relaciones Exteriores, Felipe Solá, por Santiago Canfiero, ex-Jefe de Gabinete. Aunque la prioridad para ambos oficialismos este año son las cuestiones de política doméstica, como las elecciones legislativas en Argentina y las generales en Chile, lo que queda por ver es si las cancillerías y los presidentes optan por resolver el tema rápidamente y de modo discreto o si, acuciados por las necesidades electorales, utilizan el litigio para despertar las viejas pasiones del nacionalismo territorial.

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