Vivimos en un mundo cada vez más peligroso para las personas defensoras de la Tierra y el medioambiente. Los procesos de activismo, mantenimiento de formas tradicionales de vida y las propuestas alternativas al modelo actual de desarrollo, viven bajo el yugo de una represión violenta constante por parte de todos los actores interesados en explotar la tierra y sus recursos. Actualmente existe un movimiento global que, a través de la justicia ambiental, busca impulsar la sociedad y la economía hacia una “sostenibilidad ecológica. En América Latina a partir de 2001 se consolidó un proceso regional e internacional de protestas contra la globalización en oposición al neoliberalismo y a los acuerdos de libre comercio. 

INTRODUCCIÓN

Poniendo en evidencia la “deuda ecológica” de los países del Norte con los del Sur es posible comprender y denunciar mayores consecuencias producidas por el modelo de desarrollo vigente. Más allá de la acumulación, desposesión y expropiación, se genera contaminación y degradación de la tierra, la cual se transfiere a generaciones futuras. Pues bien, las protestas y resistencias hacia esta situación no solo se producen porque las comunidades sean propiamente ecologistas, sino porque buscan defender sus recursos y su territorio, buscando emancipación y seguridad alimentaria. A esto Matínez Alier lo denomina el Ecologismo de los Pobres.

En este contexto, encontramos que dichas protestas cuestionan también los canales tradicionales de comunicación entre gobiernos, partidos políticos, sindicatos, etc. Desde los movimientos sociales se proponía una alternativa basada de un modelo más horizontal, de organización colectiva y autónoma y, sobre todo, en red de forma que sea posible recoger y dirigir las demandas comunitarias y reivindicaciones en torno a la tierra, etnia y género. Al mismo tiempo, dentro del marco internacional de creciente preocupación por la situación climática y ambiental y de involucramiento de la ciudadanía, surge a nivel regional el Acuerdo de Escazú, propuesto por Chile y respaldado por la CEPAL.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ

En el camino que ha recorrido el acuerdo de Escazú, es posible encontrar antecedentes e impulsores normativos. Los cuales han seguido sus pasos en dirección a la integración y cooperación regional y a la protección de los sectores de la población más afectados por los problemas ambientales y el cambio climático, pero ¿se atienden realmente las necesidades y demandas de la población?

En 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, popularmente conocido como Acuerdo de Escazú. Cómo su propio nombre indica, se trata de un acuerdo multilateral de carácter regional cuyos objetivos se encuentran concentrados en tres pilares fundamentales: acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia, denominados “derechos de acceso”.

Se trata del primer tratado regional ambiental de carácter vinculante de América Latina y el Caribe y su principal objetivo es garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Es decir, garantizar la participación segura de la población civil en el proceso hacia una transición sostenible.

Los derechos de acceso deberían asegurar la debida atención a los problemas ambientales y, del mismo modo, garantizar que las políticas públicas responden adecuadamente a las demandas de la población local. El Acuerdo de Escazú contó con el apoyo de varios informes llevados a cabo por la CEPAL, que actuó como “secretaria técnica”, el cual recogía la situación de la región en materia de reconocimiento e implementación de los derechos de acceso. Gracias a estos informes, se tuvo en cuenta el carácter multidimensional de los conflictos y las problemáticas ambientales. Por primera vez se consideró que el daño ambiental afecta a otros aspectos de la vida y, por tanto, a otro tipo de derechos humanos. De esta forma, este acuerdo explicita el vínculo entre derechos humanos, la protección ambiental y los derechos de acceso.

Uno de los aspectos más importantes del tratado es establecer obligaciones especificas a los Estados parte. El Acuerdo de Escazú actúa como una superficie de apoyo para la región, no como un techo, esto quiere decir que sienta las bases para la construcción de leyes y normas, no cuenta con ninguna limitación para la expansión para la garantía de derechos. También reconoce la dramática situación y la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos y ambientales en la región, la más peligrosa del mundo para los activistas.

ANTECEDENTES MÁS RELEVANTES

El recorrido normativo internacional de este acuerdo encuentra sus bases en diferentes tratados y conferencias que lo han inspirado y cimentado como instrumento vinculante a nivel regional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo podría considerarse el primer antecedente de relevancia. Más concretamente el artículo decimo de esta declaración firmada en Río de Janeiro en 1992, donde se establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, (…) en el plano nacional todas las personas deberán tener acceso adecuado sobre el medioambiente de que dispongan las autoridades públicas (…) los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población…” 

En segundo lugar, celebrado en 1998 en Dinamarca, el Convenio de Aarhus, fue originalmente una iniciativa regional europea que contaba con el fin de ser un instrumento jurídicamente en materia de democracia ambiental. Fue considerado como modelo y punto de partida en la idea de incluir la participación de la ciudadanía en instrumentos internacionales vinculantes. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos “sobre el papel”, la realidad no ha cambiado del todo. Los movimientos ambientalistas que luchan por la justicia socioambiental siguen siendo criminalizados por parte de los Estados y numerosos activistas son asesinados cada año.

Doce años más tarde, se aprobó en Indonesia, en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) un documento que contenía 26 recomendaciones, conocidas como las Directrices de Bali. Su finalidad era la de guiar la implementación de todos aquellos actos legislativos que buscaran desplegar el Principio 10 de la Declaración de Río. Finalmente, en 2012, sucedió el último detonante que comenzó a materializar la idea que hoy se ha convertido en el Acuerdo de Escazú.

En Río se celebró el veinte aniversario de la Cumbre de la Tierra llamada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más conocida como Río+20. El resultado más conocido de este evento fue los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), surgidos de los dos pilares fundamentales que sostuvieron a la Cumbre: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, ambos desde un marco institucional. Dentro de este contexto, producto de una propuesta de Chile respaldada por la CEPAL, los Estados latinoamericanos impulsaron el proyecto la Iniciativa de Acceso -con titulo original en inglés-, una red global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a mejorar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. Desde este momento, se iniciaron rondas de reuniones entre gobiernos con la participación de sectores de la población civil y organizaciones no gubernamentales para poder llevar a cabo la redacción del documento que se firmó seis años más tarde en Escazú.

Este no es el único acuerdo que cuenta con estas bases, ya que otros muchos han seguido este recorrido y se han adaptado en sus respectivas formas regionales. En el continente americano, dentro del marco de la OEA también se formularon varios tratados sobre derechos humanos donde muchos tienen en cuenta la relación con el medioambiente. Sin embargo, se trata de una aproximación a la naturaleza como una variable más, sin llegar a incluir un pensamiento local, “desde abajo”.

Es por ello por lo que esta forma de adopción de normativas parece un acoplamiento desde  el exterior que no llega a calar en la realidad latinoamericana.

A pesar de que Chile fue el país impulsor del Acuerdo de Escazú, no ha comenzado el proceso de ratificación hasta este año (2022), el cual se ha producido de manera acelerada de la mano del nuevo gobierno de Gabriel Boric. Actualmente ha sido ratificado por el Senado y se encuentra a la espera de la aprobación del Congreso.

ESCAZÚ Y LA COOPERACIÓN SUR-SUR

El cuerdo de Escazú es un paso hacia delante en materia de cooperación, tanto interestatal como en la involucración de la sociedad civil. Debido a que la CEPAL se ha mantenido cercana al proceso, ha brindado continuamente apoyo e instrumentos para poder llevar el proyecto de Escazú adelante. Prueba de ello es la creación del Observatorio sobre el Principio 10, complementario para el seguimiento de los objetivos del Acuerdo.

Por otro lado, es importante destacar que, a pesar de que parte de sus antecedentes son acuerdos y convenciones extrarregionales, el Acuerdo de Escazú se trata de una iniciativa propiamente latinoamericana y caribeña. Es destacable la adaptación y reformulación de las herramientas jurídicas establecidas en el tratado. Se trata, por tanto, de un ejemplo de integración dentro del marco de la cooperación Sur-Sur. Sin embargo, como es posible observar en las imágenes, el acuerdo de Escazú aún necesita recorrer un largo camino hasta llegar a ser ratificado y plenamente efectivo en toda la región. Muchos Estados no lo han firmado aún y otros se encuentran envueltos en trabas internas de procesos burocráticos y políticos propios de las instituciones de cada país.

El Acuerdo de Escazú, de una forma similar a la CEPAL, pretende tener un alcance general en la región latinoamericana y el Caribe buscando un nuevo “sentido de comunidad”, en este caso, a través de la defensa del medioambiente y de la protección de la población. Esta nueva propuesta se encuentra enmarcada en un nuevo contexto para la región, tras la etapa de gobiernos progresistas conocida

como la Marea Rosa, los gobiernos de los países de América Latina cambiaron y con ellos, su ideología, intereses, sus objetivos internos y sus políticas exteriores. Actualmente, varios gobiernos llamados progresistas o de izquierda están llegando a los gobiernos de los países de la región y muchos de ellos, como Chile, proponen ideas renovadas marcadas por la agenda verde y la cooperación. Las nuevas dinámicas entre estos nuevos actores están por ver.

EXPOSICIÓN DE LAS POSICIONES TEÓRICAS

Medioambiente, justicia, democracia, sustentabilidad… y, sobre todo, desarrollo, son una serie de conceptos que han sido planteados en los documentos oficiales de las conferencias y tratados mencionados anteriormente, los cuales en su mayoría van dirigidos a la “ciudadanía”. Pero ¿se entienden estos conceptos de forma local de la misma forma que son abarcados a nivel jurídico?

Para poder comprender si los conceptos y lógicas del acuerdo son adaptables al pensamiento de la región, es necesario plantearse una serie de interrogantes: ¿existe ambientalismo latinoamericano?, ¿qué es?, ¿es homogéneo?, ¿es acorde a los principios del acuerdo del Escazú? En América Latina los enfoques y los puntos de vista son muy diversos, detrás de cada uno de los conceptos empelados y sus definiciones asignadas, existe una interpretación sobre los vínculos entre naturaleza/ambiente y Sociedad, los cuales reflejan determinados valores y relaciones de poder.

En primer lugar, ¿existe el ambientalismo latinoamericano? Según Gudynas se trata de un movimiento diversificado y heterogéneo, a pesar de sus diferentes variaciones, cuenta con sentido de pertenencia. Entre los principales temas de preocupación de estos movimientos encontramos la forma en la que el ser humano se encuentra inserto en el medio ambiente. Así sería posible valorizar, no solo al hombre, sino también a la naturaleza y a todas las formas de vida no-humanas. Sin embargo, dentro del abanico de posibilidades que presenta Eduardo Gudynas, no todos los actores piensan-actúan del mismo modo. El autor advierte que pueden surgir posturas que planteen desafíos a los objetivos tangibles de los movimientos socioambientales latinoamericanos; la utopía del neoliberalismo verde.

Para Enrique Leff, la identidad del ambientalismo latinoamericano se basa en su radicalidad ontológica, epistemológica, cultural y política. Desde esta perspectiva, el pensamiento ambientalista se convierte en un saber estratégico que sirve para deconstruir las teorías que buscan simplificar las críticas del Sur global a través de las teorías científicas y económicas dominantes. Desde este enfoque, el principal objetivo del ambientalismo latinoamericano debería ser la justicia ambiental.

La justicia ambiental se trata de una poderosa herramienta que sirve para dar sentido a las luchas contra los impactos negativos de la economía moderna y contra la incesante acumulación de capital, materiales y energía. Es, por tanto, una forma de resistencia frente a cualquier idea de desarrollo, que socava el medioambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales.

Repensar las relaciones y formas de producción y distribución de capital forma parte de las propuestas planteadas por numerosos movimientos socioambientales. No solo se tratan de luchas de base territorial vinculadas a actividades extractivistas o de defensa de bienes comunes. Lo que diferencia a los movimientos que buscan la justicia ambiental de los eco-desarrollistas es también la generación de imaginarios alternativos e integracionistas.

A través de la línea de pensamiento planteada, y no de un “neoliberalismo verde”, voluntarista, que se camufla dentro de los ambientalismos latinoamericanos es posible alcanzar la “democracia ambiental” que muchos tratados internacionales se refieren. ¿Por qué? Para conseguir una ruptura de las practicas extractivas y de despojo (entre otras) es también necesario un cambio en la dimensión epistémica. Es decir, incluir las epistemologías y ontologías de las comunidades, situando su conocimiento y politizándolo. En otras palabras, las formas de pensar y entender el mundo forman parte de las luchas por la justicia ambiental y climática.

El intercambio de conocimiento, el diálogo de saberes favorece la interculturalidad formas de convivir de diferentes mundos. Dentro de esta dinámica, se crea el espacio adecuado para alcanzar la justicia ambiental y por tanto la democracia ambiental de la que hablan en los Derechos Humanos. Esto no podrá producirse mientras exista la criminalización y persecución de aquellos que buscan defender la tierra/Tierra, es decir, mientras no se acepten otras formas de comprender y ser en el mundo.

REFLEXIONES

Desde esta perspectiva, parece que nos encontramos más frente a una crisis epistemológica que a una crisis ambiental, donde la principal razón de los desequilibrios provocados por la modernidad son los modos de entendimiento del mundo, de la disarmonía entre los modos de pensar y de intervenir a la naturaleza y las propias condiciones de sustentabilidad de la vida.

Los tratados internacionales deberían comprender el dinamismo y la complejidad de las sociedades. En el caso del acuerdo de Escazú, dirigido a la población y al derecho de acceso de información ambiental, no debería contar con objetivos y vías de comunicación unidireccionales. De esta forma se siguen reproduciendo las desigualdades de legitimidad de conocimiento Norte-Sur a los que Aníbal Quijano denomina la Colonialidad del Saber, por tanto, primero es necesario romper con la idea de la modernización como un progreso sin límites. Es por ello por lo que el papel de la ciudadanía, a través de una sociedad participativa y dinámica es fundamental para renovar aquellos conceptos que reproducen las dinámicas de despojo y desigualdad.

Del mismo modo es necesario dar un paso más allá en la concepción de la ciudadanía y la visión del subdesarrollo como la “fase temporal previa” al desarrollo y a la sociedad de consumo. Los movimientos socioambientales y sus luchas son diversos y se desenvuelven conforme a las diferentes partes del territorio. La dicotomía campo-ciudad y la comprensión de lo urbano como foco de producción de conocimiento racional frente a lo rural reproduce dinámica de colonialismo interno silenciando voces de defensa y sus propuestas locales alternativas.

CONCLUSIONES

Cómo hemos visto, la situación socioambiental en América Latina y Caribe se encuentra marcada por las irregularidades provocadas por el modelo de desarrollo de la modernidad. Existen grupos vulnerables que sufren las consecuencias del despojo y la contaminación y exacerban las desigualdades ya existentes. Desde esta situación de opresión surgen las luchas y las alternativas locales y regionales, las cuales, de forma multidimensional incorporan diferentes aspectos de la vida y de la relación con el medioambiente.

Por otro lado, la región experimenta un cambio de dinámicas a nivel Estatal. Las alianzas y organizaciones de décadas anteriores se han visto afectadas por los recientes cambios de gobierno. A través de una agenda ecológica, algunos de los nuevos lideres progresistas buscan reforzar su relación con la ciudadanía, al mismo tiempo que incrementar su participación. Dentro de este contexto surgió el Acuerdo de Escazú, un tratado que puede ser analizado desde diferentes perspectivas debido a las diferentes implicaciones y objetivos con los que cuenta.

Se trata de un acuerdo internacional pionero en materia ambiental en la región, de este modo, apoyado sobre las bases de la CEPAL, busca dar un nuevo sentido y objetivos comunes a los Estados de Latinoamérica y Caribe. Es un tratado que sienta las bases de las políticas ambientales, acceso a la información y protección de las personas vulnerables y activistas del medioambiente. Un aspecto fundamental es que no es un documento que limita la acción de los países -sin limitaciones geográficas- sino que busca impulsar la creación de leyes de cooperación y defensa de la tierra y las comunidades. Es decir, el Acuerdo de Escazú abre la puerta a un nuevo marco de integración y cooperación regional impulsada desde las capacidades y necesidades de la misma.

Este tratado también permite establecer nuevas vías de comunicación para recopilar demandas y propuestas ciudadanas. Sin embargo, estos nuevos canales nunca llegarán a ser verdaderamente de utilidad siempre que se sigan reproduciendo las lógicas de desigualdad vertical entre el Estado y la población. Es decir, mientras el conocimiento y las epistemologías dominantes sigan invisibilizando y silenciando otras voces alternativas que

buscan reformular los esquemas de dominación globales. Se trata de dinámicas que no solo se producen a nivel internacionales, sino que también se manifiestan en el interior de los países, incrementando las dificultades de determinados grupos y comunidades. Es por ello por lo que desde los movimientos, la academia y otros grupos y asociaciones se busca repensar todo el entramado de relaciones humanas y no-humanas. Políticas de diferencia, dialogo de saberes, ecología política, ontologías del agua… América Latina es productora de una interminable fuente de conocimiento alternativo que busca la comprensión horizontal de otros mundos. Si bien es cierto que la lógica del Estado-nación se aleja de estos pensamientos y reproduce las desigualdades de la modernidad. Sin embargo, sería un paso hacia delante el poder canalizar y poner en dialogo estas propuestas “desde abajo” para así poder redefinir leyes, políticas y dinámicas. Un uso comprensivo y horizontal de los instrumentos brindados por el Acuerdo de Escazú pueden ser una oportunidad para acercar o encauzar de forma multidimensional a la región hacia la justicia socioambiental. 

NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21.