La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) llega a su fin tras menos de dos años desde su creación. El presidente del país, Nayib Bukele, anunció el pasado 7 de junio que rompía el convenio de cooperación con la OEA por desavenencias con la organización que encabeza Luis Almagro tras conocerse la contratación de un exalcalde salvadoreño acusado de corrupción.
Cuando en 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador, una de las promesas electorales que venía arrastrando desde la campaña pivotaba en torno a la idea de combatir la corrupción y la impunidad en el país. El Estado centroamericano, al igual que muchos de sus vecinos regionales, contaba —y sigue contando— con un largo historial de casos de corrupción y violencia. De acuerdo al Corruption Perceptions Index de aquel año, publicado por Transparencia Internacional, El Salvador recibía una calificación de 34 sobre 100 y ocupaba el puesto 113 de 180 países.
Para paliar esta situación, la solución del nuevo mandatario fue la creación de una Comisión Internacional a imagen y semejanza de la que había operado en Guatemala hasta el mismo año 2019. La CICIES fue creada en los primeros cien días de gobierno, fruto de un acuerdo firmado con la OEA. La medida fue aplaudida en el extranjero y le granjeó al presidente entrante las simpatías de los organismos internacionales, más todavía teniendo en cuenta que pocos meses antes el presidente guatemalteco Jimmy Morales había anunciado el cierre definitivo de la CICIG. Es entendible, pues, que la CICIES fuera vista como una herramienta útil ante los males endémicos del país, pero también como una segunda oportunidad para atajar la corrupción en la región mesoamericana.
Limitantes y barreras de la Comisión
A pesar del optimismo inicial, el organismo se ha visto muy limitado en sus funciones durante estos dos años. Esto ha sido así en gran parte por el diseño de base del que se partía, augurando un futuro inerme, desprovisto de capacidades y con escasa legitimidad.
En primer lugar, el acuerdo de creación no pasó por la Asamblea Legislativa del país a diferencia de los casos de Guatemala y Honduras. De acuerdo a los artículos 168.4 y 131.7 de la Constitución salvadoreña, el poder Ejecutivo debe presentar ante el órgano legislativo los acuerdos internacionales firmados para su ratificación. Nada de esto se hizo y, en su lugar, la OEA propuso como sucedáneo que la misión tuviera reuniones con la Asamblea para profundizar en el acuerdo. Todo ello suscitó las críticas de los diputados, que vieron en la CICIES un instrumento del Gobierno para perseguir las críticas.
Otro aspecto fundamental es que la CICIES nunca llegó a tener ni las atribuciones ni las competencias con las que sí contaba la CICIG. Ni siquiera se acercaba a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de carácter cooperativo y con cometidos mucho más acotados. Mientras que la CICIG y la MACCIH contaban con facultades para la investigación y judicialización de los casos, la CICIES no llegó a tener nada parecido. Por mandato constitucional, es la Fiscalía General la que monopoliza el ejercicio de la acción penal y la conducción de las investigaciones. En dos años, Bukele no apostó de verdad por la autonomía del organismo, ya que jamás propuso ante la Asamblea Legislativa reformas a la normativa procesal que pudieran darle a la CICIES un carácter querellante.
Tampoco se creó un departamento especializado dentro de la Fiscalía para trabajar conjuntamente con las misiones internacionales, como hicieron Guatemala y Honduras, sino que el desempeño de la CICIES quedaba limitado a la mera asistencia técnica y al ejercicio de auditorías forenses. O dicho de otro modo: la Comisión estaba incapacitada para iniciar investigaciones; tan sólo podría avisar a la Fiscalía en caso de haber indicios de delito.
La expulsión
Y en esto, Nayib Bukele decidió dar por finalizado el acuerdo con la OEA. Las razones oficiales del Gobierno están relacionadas con la contratación del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por parte de la propia OEA en calidad de asesor. En tanto que Muyshondt está imputado por fraude electoral y negociación con las pandillas, «no se puede combatir la impunidad con las personas que están promoviendo esa misma impunidad», dijo textualmente Bukele.
En respuesta a ello, la OEA expuso sus diferencias con el Ejecutivo en torno a la CICIES. Aparte de asegurar que informó al Gobierno salvadoreño de esta acción, le acusó de poner trabas a las pesquisas de denuncias por corrupción a la Administración actual y de valerse de la Comisión para investigar a miembros de la oposición.
Y es que, ya sea por incapacidad o por uso fraudulento del organismo, la CICIES no ha supuesto un auténtico contrapeso a los círculos de poder en El Salvador, entre los que se incluye el propio Gobierno. Bukele enfrentaba denuncias por uso irregular de fondos públicos, tráfico de influencias y nepotismo, pero los esfuerzos por parte del antiguo fiscal Raúl Melara fueron en vano. El pasado mayo, ya con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, Melara fue destituido y reemplazado por Rodolfo Delgado, afín al presidente.
Con el control del Ejecutivo, una mayoría absoluta en el Legislativo y la detentación de la Fiscalía, la CICIES ha terminado siendo un juguete roto en manos de Bukele. La OEA le ha dado la excusa que necesitaba para expulsar a la Comisión y consolidar un poder que roza lo omnímodo. Vendrán nuevas oportunidades, pero a día de hoy la corrupción ha vuelto a anotarse un tanto en Centroamérica.
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