Tras la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, las expectativas eran elevadas. No solamente por su perfil, sino por las promesas ideológicas tan heterodoxas para atajar males endémicos del país. Tanto es así, que el propio AMLO auguraba un profundo cambio y una compleja remodelación tras décadas de corrupción, desigualdad, nepotismo y violencia. En definitiva, Obrador anunciaba una Cuarta Transformación.
La pregunta inicial puede ser tachada de prematura, habida cuenta de que las legislaturas en México se prolongan hasta los seis años y la actual apenas lleva dos años. Pero un análisis pormenorizado de la situación actual y las metas marcadas por el Ejecutivo puede ayudarnos a prever los siguientes pasos de la actual Administración y dilucidar si nos encontramos realmente ante un punto de inflexión en la historia mexicana.
Recordemos que a lo largo de su historia México ha pasado por tres momentos clave que supusieron cambios radicales en las estructuras políticas, sociales y económicas del país:
- La Guerra de la Independencia (1810-1821) iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla con el Grito de Dolores, cuyo desenlace terminaría siendo la separación de la Corona Española tras 300 años de dominio.
- La Guerra de Reforma (1858-1861) entre conservadores y liberales para instaurar un Estado-nación moderno de orden constitucional. El conflicto finalizó con la victoria de los segundos, liderados por Benito Juárez, y la implementación de una serie de leyes que consumaron la separación entre la Iglesia y el Estado.
- La Revolución Mexicana (1910-1917) contra el régimen de Porfirio Díaz, que finalizó con la presidencia de Venustiano Carranza y la aún vigente Constitución de 1917.
En línea con lo anterior, la Cuarta Transformación de Obrador se traduciría en un movimiento regenerador cimentado en prácticas gubernamentales más honestas y reformas constitucionales de calado a fin de solucionar los graves problemas de inseguridad, desigualdad, pobreza, desempleo y corrupción que vive la población mexicana. De acuerdo al mandatario, el origen de todos estos males se encuentra en las políticas económicas de corte liberal que han impulsado en las últimas décadas las élites políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN).
UN GOBIERNO RESPALDADO
Lo cierto es que López Obrador tuvo un enorme apoyo electoral en los comicios de 2018. Su discurso anti-establishment terminó calando en treinta millones de mexicanos, lo que facilitó que la coalición Juntos Haremos Historia alcanzara la mayoría en el Congreso de la Unión y MORENA, el partido del presidente, se hiciera con mayorías legislativas en 23 de los 31 estados. Por su parte, tanto el PRI como el PAN quedaron muy debilitados y con apenas poder para ejercer una oposición firme.
La libertad legislativa que ha conseguido el partido de Obrador se suma a la peculiar forma de gobernar del presidente. Sus famosas “mañaneras” ejercen como una plataforma discursiva esencial para armar la agenda política que a él le interesa, introduciendo ciertos temas y relegando otros. La funcionalidad de estas comparecencias le permite anunciar los planes de gobierno, enviar mensajes políticos a la competencia e incluso señalar a algunos sectores de la prensa críticos con la Administración. Esto último le ha valido numerosas críticas por su tendencia al personalismo, sus ataques a distintos colectivos y en definitiva, por erosionar los mecanismos de check and balance.
Sin embargo, es innegable que su predisposición a colocarse ante los periodistas ha hecho de él un presidente magnético para buena parte del electorado, que dos años después mantiene unos niveles de apoyo sólidos a pesar de haber descendido ligeramente desde entonces. De acuerdo a SIMO Consulting, la aprobación ha oscilado desde el 80 % a principios de mandato hasta el 65 % en marzo de este año, con un mayor apoyo entre las rentas medias-bajas (74 %), los hombres (68 %), los autónomos (69 %) y las personas de entre 36 y 45 años (75 %) si nos atenemos a criterios socioeconómicos, sexuales, laborales y de edad respectivamente.
Esto se explica en gran medida por el aumento en protección social que ha llevado a cabo el Gobierno, pasando de un 3,8 % en 2018 a un 4,3 % en 2020, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El contrapunto lo encontramos en una disminución en educación y sanidad frente a años anteriores, que lo aleja de la pretendida universalidad del sistema de bienestar mexicano que vendría a ser, recordemos, la piedra angular que sostiene todo el entramado de la Cuarta Transformación.
Al cerrar el año 2020, Obrador se mantuvo en los mismos niveles según GEA-ISA: alrededor de un 57 % de la ciudadanía le daba su aprobación. Este porcentaje es superior al que recibió en sus primeros años Peña Nieto (44 %), pero inferior al de Felipe Calderón (61 %). Mantiene también su ventaja MORENA, que volvería a recibir los votos del 30 % del electorado en caso de repetir elecciones en este momento.
Con todo, y a pesar de su acalorado discurso contra las élites económicas, Obrador no ha descuidado el apoyo del capital a sabiendas de que sus planes nacional-proteccionistas no se pueden sostener únicamente desde una retórica de “los pobres primero”. Ejemplos de los esfuerzos para reindustrializar el país los encontramos en la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Para el presidente, estas medidas en política económica siguen una lógica desarrollista con la que impulsar la industria nacional y asegurar un crecimiento inclusivo a pesar de que el grueso del electorado disiente en estas cuestiones en concreto: cuentan con una aprobación del 24 % entre las clases medias-bajas y bajas frente al 39 % entre las clases altas. Con mejor o peor fortuna, el presidente ha conseguido hasta el momento equilibrar a ambos grupos, aun cuando la retórica electoralista animaba a contraponerlos.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y REFORMA JUDICIAL
La lucha contra la corrupción fue uno de los grandes pilares del programa de gobierno de MORENA. Los efectos son de sobra conocidos: profundiza en los índices de pobreza, impide el desarrollo, desincentiva la inversión y afecta la gobernabilidad. En México este problema es más acuciante, pues se encuentra en todos los niveles de la Administración, sea a nivel local, estatal o federal.
Ateniéndonos a los datos del último informe del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), las víctimas de casos de corrupción en la prestación de servicios básicos aumentaron un 7,5 % entre 2017 y 2019, estando el 59,2 % de los casos relacionados con las autoridades de seguridad pública. A ello se le añaden las cifras facilitadas por Transparencia Internacional, que situaron a México en el puesto 124 (de un total de 180) en su Índice de Percepción de la Corrupción, muy lejos todavía del escenario ideal y saludable para el país que desearía Obrador. Por ahora el Ejecutivo mexicano se ha escudado en recomendaciones a los gobernadores, alegando que la corrupción es un tema de principios y que deberían evitarla para exprimir al máximo sus presupuestos.
En esta línea, Obrador presentó a principios de año su iniciativa para la reforma del Poder Judicial. El establecimiento de una auténtica carrera judicial con paridad de género; la instauración de un perfil distinto para los defensores públicos, más cercanos a los pobres; o la creación de un Código Penal único para los 32 estados del país, reuniendo en uno sólo delitos prioritarios, como el feminicidio, homologando criterios. Hay quien ve en esta reforma destellos de intromisión en el poder judicial al anular el Consejo de la Judicatura y encargar al Senado (con mayoría de MORENA) la supervisión y el nombramiento de jueces y magistrados.
La cuestión ahora es ver si todo esto queda en entredicho tras la publicación de un vídeo en el que se muestra al hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo sobres de dinero de manos de David León, exdirector de Protección Civil. El contenido del vídeo se remonta a 2015, lo que ha hecho saltar las alarmas en torno a una supuesta financiación ilegal de MORENA durante los comicios de 2015 en Chiapas. De acuerdo con El Universal, los sobres contendrían alrededor de un millón de pesos. De incurrir su hermano en un delito, la imagen regeneradora de Obrador se vería enormemente afectada y constataría que la corrupción ha llegado hasta los círculos más estrechos del presidente, como ya les ocurrió a sus homólogos centroamericanos Jimmy Morales en Guatemala y Juan Orlando Hernández en Honduras.
DELINCUENCIA AL ALZA
Para atajar la delincuencia imperante en el país, de las más enraizadas en la región, se presentó bajo el famoso lema “abrazos, no balazos” una propuesta distinta a las de Gobiernos precedentes, caracterizada por un choque frontal y punitivo contra los delincuentes. El diagnóstico que se hacía era que la delincuencia hunde sus raíces en la pobreza y la desigualdad; la receta consistía en acabar con ellas para erradicar la violencia. Y si bien parte de un análisis de la realidad bastante certero, la implementación de las medidas no ha dado sus frutos. Es más, la situación ha empeorado bastante, hasta el punto de que 2019 fue el año con más homicidios registrados en un siglo con 34.648 casos. Por su parte, el 2020 terminó con cifras muy similares: 34.523 casos.
A pesar de sus palabras, la gran apuesta de Obrador fue una muy parecida a la de Gobiernos anteriores: la militarización. Con la creación de un nuevo cuerpo, la Guardia Nacional, se buscaba afianzar la seguridad pública en el país y sustituir a la desaparecida Policía Federal, a la que el Ejecutivo consideró corrupta. Tan pronto como se creó, el presidente tuvo que darle un uso distinto al inicial: contener las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, desplegando tropas en la frontera con Guatemala para evitar así las sanciones del expresidente Donald Trump. Aunque esto ha continuado y es algo que ha seguido haciendo a inicios del presente año con Biden ya en la presidencia. Con ello, su estrategia de seguridad quedó coja.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, recordó que por primera vez desde 2014 hay una disminución de homicidios en el país, aunque la subida durante el presente mandato con respecto a la anterior Administración fue considerable, pasando de alrededor de 20 a 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Queda claro que, al menos por ahora, Obrador no ha sabido dar con la tecla para reducir el flujo de muertes violentas en el país, que ni siquiera con el confinamiento domiciliario, el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional y la desmovilización social se ha conseguido llegar a los niveles de años anteriores.
Por su parte, el número de mujeres víctimas de homicidio sigue en aumento. Entre enero y julio de 2020 aumentaron más de un 5,4 % con respecto al año anterior y un 9,6 % si los comparamos con 2018. Estos datos, sacados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desmienten los que recoge el Segundo Informe de Obrador. Por lo que vemos, tampoco en esta cuestión se ha sabido dar una solución concreta.
La entrega del hijo del Chapo Guzmán al cartel de Sinaloa o el intento de asesinato contra el jefe de la policía de Ciudad de México por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, evidencian que el Estado mexicano sigue siendo incapaz de controlar su propio territorio, que queda a merced de los distintos grupos criminales. Según un informe de la ONG Semáforo Delictivo, el 80 % de los homicidios del país se hallan vinculados al crimen organizado.
Donde sí ha tenido más éxito la Administración, es en la reducción significativa del robo de combustible, lo que ha supuesto para el Estado el ahorro de 84.000 millones de pesos. Estas acciones ilegales, bastante extendidas en el país, chocaban de frente con la estrategia energética que tiene en mente el Gobierno, muy ligada a los combustibles fósiles.
PROYECTOS Y PREVISIONES ECONÓMICAS
En el ámbito económico, la nueva presidencia se ha aproximado a las tesis bolivarianas, al menos en lo referente a la crítica al liberalismo y a la globalización. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la refinanciación de Pemex o la reciente paralización de proyectos de energía eólica y fotovoltaica son medidas que han levantado suspicacias entre los inversores extranjeros, a pesar de los síntomas tranquilizadores que supuso la ratificación del T-MEC.
La decisión del Gobierno de modificar aspectos clave de la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013, es un buen ejemplo del proteccionismo imperante y del deseo de alcanzar la soberanía energética en México. Las medidas, aprobadas recientemente por el Senado, van encaminadas a reducir la inversión privada en el sector, con el fin de consolidar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y limitar los permisos para plantas eólicas y solares. Las advertencias de tales medidas no se han hecho esperar: una sobrerregulación del sector ahuyenta las inversiones extranjeras e impacta de forma negativa en las relaciones con Estados Unidos. Un aumento del coste eléctrico incrementaría el precio de las exportaciones mexicanas, lo que les restaría competitividad e impactaría en otros sectores comerciales.
En cuanto a los ambiciosos proyectos en infraestructuras para modernizar el país, Obrador ordenó la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, con la que se busca evitar la importación de gasolina y refinar así su propio combustible. En paralelo, el rescate de Pemex y la rehabilitación de seis antiguas refinerías actuarían como palanca desarrollista para alcanzar la ansiada autosuficiencia en 2024, con una meta de 1.550.000 barriles diarios. El plan no está exento de riesgo, ya que el aumento constante de emisiones de carbono hará más complicada la emisión de deuda en los mercados internacionales, donde los proyectos sostenibles son más jugosos a ojos de los inversores. Y eso puede ser fulminante para un prestatario como Pemex, el cual tiene un 90 % de su deuda en manos de inversionistas en bonos.
Otro gran proyecto en mente es el Tren Maya. Previsto para 2024, el trayecto abarcará 1.500 kilómetros, unirá los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, producirá 80.000 empleos y actualmente cuenta con un presupuesto de 35.000 millones de pesos. Frente a los ingresos que generará gracias al transporte de turistas y mercancías, se cuentan las críticas de las comunidades indígenas y asociaciones medioambientales, que tachan la idea de megalómana. En concreto, los pueblos nativos cuestionan la tala de bosques, los cambios en la morfología del lugar y la destrucción de equilibrios ambientales.
De seguir con estas políticas, la agenda de Obrador chocaría con la de Biden en materia energética y medioambiental. La autosuficiencia energética a partir de combustibles fósiles es antitética al horizonte verde que propugna el nuevo inquilino de la Casa Blanca. En su primer encuentro, ambos mandatarios reconocieron los beneficios de la reducción de contaminantes de corta duración, así como de la necesidad de promover la eficiencia energética. No obstante, parece más que probable que este tema será un punto de fricción entre Washington y Ciudad de México durante los próximos años.
A todo esto, se suman los problemas derivados por la pandemia de SARS-CoV-2. México terminó 2019 con una contracción del PIB del 0,1 % —el primer retroceso desde la crisis financiera de 2008— y se agravó durante el pasado año 2020 con un desplome del 8,5 %, lo que empeora las previsiones iniciales del FMI, que cifraban la caída anual en un 6,6 %. Se trata de una caída histórica, la peor desde la Gran Recesión, aunque la nota positiva la dio el cuarto trimestre, donde se vio un repunte del 3,1 % respecto a meses previos. Por sectores, las industrias manufacturera y automotriz han sido las grandes damnificadas, con una caída del 10,2 %. Le sigue el sector servicios con un 7,9 %, mientras que el sector primario ha cerrado el año con un aumento del 2 %. Por su parte, los comercios y la hostelería, al igual que en otros países, han tenido que lidiar con restricciones de aforo y horarios cambiantes, mientras que el turismo vio reducida la llegada de viajeros por vía aérea en un 58 %.
La caída de la economía estadounidense también será clave para México por su alto nivel de interdependencia, materializado en el comercio entre los dos Estados y la proliferación de cadenas globales de valor a ambos lados del Río Bravo. También tendrán un peso enorme la celeridad de los programas de vacunación y la normalización del turismo. En ausencia de sorpresas, el FMI proyecta un rebote del 4,3 % en 2021. Sea como sea, los niveles de actividad previos al coronavirus no se alcanzarán hasta dentro de dos o tres años. Para entonces, López Obrador habrá consumido casi toda su legislatura en el Palacio Nacional sin, previsiblemente, haber alcanzado el deseado crecimiento del 4 % anual que anunció en campaña.
CONCLUSIONES
Pasados más de dos años y de camino al ecuador del mandato, la Cuarta Transformación está lejos de conseguirse. Al menos tal y como la definió el propio Obrador en campaña. Parece más un ejercicio de retórica electoral que un cambio profundo en México. Las anteriores transformaciones, fueron momentos abruptos propios de épocas donde las revoluciones sociales y los golpes de Estado podían generar auténticos cambios en sistemas políticos endebles con mecanismos representativos escasos o directamente nulos. No es comparable a los tiempos actuales, caracterizados por una interdependencia económica, la existencia de actores políticos no estatales que permean en las instituciones y una sociedad más aburguesada que en el pasado.
Si bien ha habido reformas, la política del presidente ha pecado de personalista, con ataques a la prensa y receloso de las críticas. La violencia en el país ha aumentado considerablemente, su plan de control territorial no ha dado frutos y la Guardia Nacional ha terminado erigiéndose como vigilante de las fronteras ante las caravanas de migrantes centroamericanos. La economía se contrajo en 2019 tras años de crecimiento y el coronavirus ha terminado de hundirla, lo que limita enormemente la capacidad reformista del Gobierno. Para más inri, su política de autosuficiencia energética ha repelido inversiones extranjeras en energías renovables, alejando a México de los objetivos medioambientales que perfilan el futuro y lo ha puesto en el punto de mira de un Washington renovado y sin las laxitudes que presentaba Trump en esta materia.
Quizás el término “transformación” sea adecuado como categoría historiográfica, para referirse a una serie de hechos concretos, pero en palabras de un dirigente político en campaña electoral que se encuentra presentando su programa de gobierno, su uso genera unas expectativas difíciles de cumplir. Y parece que eso es exactamente lo que está ocurriendo en México.
