Polonia ha decidido cuestionar el principio fundamental del proyecto europeo, como es la primacía del derecho comunitario sobre el nacional de cada Estado miembro. Con ello, pretende reducir los poderes de las instituciones comunitarias, entendiendo que exceden de sus competencias y limitan el poder de soberanía nacional. Ante ello, la Unión deberá utilizar todos los mecanismos que le otorgan los Tratados comunitarios, si no quiere verse relegada a un papel testimonial en sus relación con los 27, su respuesta decidirá el futuro de una Unión que está encontrando sus mayores destructores en sus propios miembros. 

Se viven momentos de tensión en el seno de la Unión Europea (UE), tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, que declara que varios artículos de los tratados de la Unión son incompatibles con la Constitución polaca, lo que supone que sus tribunales no tienen la obligación de acatar las decisiones judiciales europeas. De esta forma, Polonia da un paso más en lo que parece ser su objetivo: una rotura jurídica con el bloque comunitario, pero esta vez, atacando la base del proyecto de integración europeo, como es el principio fundamental de primacía del derecho comunitario sobre el nacional de cada Estado miembro, base del correcto funcionamiento de su mercado interior o de la integridad de la normativa europea. 

Para entender el origen de esta “batalla” cruzada de desavenencias, debemos remontarnos al previo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estimó que el traslado forzoso de jueces polacos, a fin de imposibilitarles dirimir ciertos casos, podía conllevar la vulneración de los principios de inamovilidad de los jueces e independencia judicial. Asimismo, el tribunal europeo cuestionaba el sistema de nombramiento de los miembros de las cámaras de apelación del Tribunal Supremo de Polonia, y recientemente rechazaba la petición de Polonia de aplazar las medidas cautelares dictadas en julio por la Corte europea, a instancia de la Comisión, para poner freno a la creación de una sala disciplinaria en el Supremo polaco que, desde el punto de vista de las autoridades europeas, suponía contravenir la normativa comunitaria.  

 Una pegatina con las palabras «Zona libre de LGBT» distribuida en la revista conservadora semanal Gazeta Polska (NBCnews) 

Respecto a las anteriores actuaciones del gobierno polaco que dejaban entrever su disconformidad con las exigencias europeas, encontramos la modificación en la ley del aborto, permitido en excepcionales casos y bajo continuas barreras administrativas para ejecutarlo legalmente. O la controvertida iniciativa del gobierno para acabar con la “ideología gay” en el país, a través de la instauración de zonas “libres de LGTB”. 

Pero sin duda, una de las decisiones más fehacientes de la tendencia antidemocrática del ejecutivo polaco es el intento de recortar la libertad de prensa. En un primer momento, tal y como informa la periodista polaca Sylwia Nowosinska, lo hizo a través de la “imposición de impuestos a los medios de comunicación después de la pandemia”, y posteriormente, “cuando el Gobierno pretendió cambiar la ley para que los principales canales de televisión privados no pudieran trabajar”. Pese a que no pudieron llevarlo a cabo, lo que de por sí preocupa, es su intento, alejándose descaradamente del dogma democrático, hacia un mecanismo propio de la ideología comunista, basado en la célebre frase del cantautor Jim Morrison: “quien controla los medios, controla las mentes”.  

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a su llegada a la cumbre de la UE en Bruselas (POOL (REUTERS))

Con estas actuaciones, incluida la sentencia anteriormente mencionada, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, pretende evidenciar que Polonia goza de su propia soberanía, y que la Unión Europea no debe interferir en aquellos aspectos que no sean de su competencia. A fin de ganar adeptos a su causa, ha decidido enviar una carta al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, explicándoles el por qué es necesario imponer límites a las actuaciones de la Unión, con afirmaciones como: “El principio de la primacía del Derecho de la UE cubre todos los actos jurídicos cubiertos por las competencias de la Unión. Sin embargo, este principio no es ilimitado”.

A lo largo de la carta, continúa alertando al resto de Estados miembros, sobre la peligrosidad de no acotar las competencias comunitarias, lo que provocaría que “la Unión Europea dejase de ser una unión de países libres, iguales y soberanos, y que ella misma, se transformara en un organismo estatal gestionado centralmente, cuyas instituciones pudieran imponer lo que estime oportuno en sus “provincias”. 

De todo ello, podemos sobrentender que la verdadera pretensión de sus actuaciones se basa en la búsqueda de un nuevo tipo de relación con la Unión Europea, sabedores de que esta no les puede expulsar. Pudiendo consistir en una relación estratégica para asuntos comerciales y económicos que, en ningún caso, interfiriera en sus políticas internas y en su manera de gobernar.

No obstante, tampoco querrían que se tratase de cualquier acuerdo que pudiera celebrar la UE con terceros países ajenos a la Unión, pues ello les impediría poder obtener los beneficios que lleva implícitos su pertenencia a la comunidad europea. Desde su ingreso en la Unión, en 2004, su PIB se ha más que duplicado, siendo además el principal receptor de fondos estructurales europeos, con los que cubre cerca de un 60% de su inversión pública, otorgándole unos beneficios de más de 150.000 millones de euros entre 2007 y 2020, y el desembolso de unos 70.000 millones previstos hasta 2027.

De igual forma, desde el ejecutivo de Mateusz son conscientes de que no cuentan con el beneplácito de la sociedad polaca para abandonar la Unión Europea. Según datos del último Eurobarómetro, el 55% de los ciudadanos confía más en la UE que en su Gobierno, y más del 80% votaría quedarse en la UE si se celebrara un referéndum al estilo británico. 

Por todo ello, a Polonia le interesa que el resto de Estados miembros apoyen su causa, pues de forma individual no conseguirán más que el rechazo de las instituciones comunitarias, y la puesta en marcha por parte de la Comisión, como guardián del cumplimiento de los Tratados europeos, de todos los poderes que les conceden estos Tratados, para asegurar la prevalencia del derecho de la UE sobre el nacional. Desde Bruselas son conocedores de que cuentan con un as bajo la manga, pues pueden bloquear los tan necesarios Fondos de Recuperación, creados como consecuencia de la pandemia, gracias al mecanismo de condicionalidad, aprobado en 2020, el cual consiste en un instrumento que asegura impedir el acceso a dichos Fondos a aquellos Estados miembros, como Polonia, que incumplan con el Estado de derecho. 

La respuesta europea, una vez evidenciada la estrategia propagandística de Polonia con el resto de Estados miembros, debe ser contundente si no quiere verse superada por la presión que pudieran ejercer, en bloque, más Estados auspiciados por la actuación polaca. De momento, Polonia cuenta abiertamente con el apoyo de Hungría, cuyo Primer ministro Viktor Orbán ya se ha enfrentado con Bruselas en repetidas ocasiones por no respetar los derechos humanos. Junto a ellos, por los lazos históricos de cooperación que les unen, pueden aliarse Eslovaquia y República Checa, pues todos ellos se adhirieron a la Unión de forma conjunta, y presentan una misma visión del proyecto europeo, basado en el aspecto económico, en términos de libre comercio o unión aduanera. De hecho, su no pertenencia a la zona euro evidencia su desconfianza a perder su soberanía. 

La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (YVES HERMAN/Reuters) 

Por todo ello, la actuación polaca debe ser el revulsivo de la Unión para fortalecerse, y modificar todos aquellos mecanismos propios que les provocan más limitaciones que soluciones, al estar contemplados bajo aprobación unánime de todos los Estados. Por ejemplo, la utilización del artículo 7 del Tratado de la Unión, que permite a las instituciones europeas retirar el derecho de voto a un Estado, se presume inviable al requerirse la mencionada unanimidad para su aprobación, por lo que su practicidad como “castigo” a Polonia es nula. 

Dicho lo cual, podemos pronosticar que la respuesta europea no solo afectará a los intereses de este país, sino que además deberá servir como revulsivo ante posibles confrontaciones que pueda tener en el futuro con otros miembros. Todos ellos son conocedores de los beneficios que supone pertenecer a la Unión, al igual del compromiso que requiere, pues como bien señaló la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen: “Esto es lo que todos los Estados miembros de la UE han firmado como miembros de la Unión Europea”.  

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