La República Popular China se ha convertido, ya, en la primera potencia mundial en cuanto a nivel de PIB, así como en términos de paridad de poder adquisitivo. Su rápido ascenso y su creciente papel en el escenario mundial obliga a los líderes mundiales a pensar qué tipo de relación establecen con el gigante asiático. España, y la Unión Europea, deben evaluar si quieren seguir priorizando ser los máximos defensores de los derechos humanos y del libre mercado, o tratar de obtener el máximo rédito económico posible.  

Las relaciones económicas han experimentado un gran crecimiento entre ambas partes, sobre todo tras las reformas impulsadas por Deng Xiaoping, que trató de convertir la economía planificada de su país en una economía socialista de mercado. Algunas de estas medidas fueron la descolectivización de la agricultura, la apertura a la inversión extranjera y permitir el emprendimiento. 

Actualmente, China es el segundo socio comercial de la Unión Europea, y ésta, el primero para China. La Unión Europea esperaba que, tras el desarrollo económico, llegasen las reformas políticas, alineadas con los valores europeos.  Según la Agenda Estratégica para la Cooperación UE–China 2020, ambas partes se comprometieron a la defensa del multilateralismo y a la búsqueda de un sistema internacional más justo y equitativo, promoviendo mercados abiertos y transparentes en condiciones de igualdad.

La realidad ha sido muy diferente. La Unión Europea llegó a catalogar a China como el socio más restrictivo para las empresas europeas. Incluso a lo largo del 2021, varios países miembros han introducido medidas de control exhaustivo a las inversiones directas de capital chino, entre ellos, España, debido a la desconfianza existente. 

En este clima de desconfianza mutua, ambas partes presentaron el pasado 30 de diciembre de 2020 el Acuerdo Integral de Inversión (CAI). Este acuerdo, pendiente de ratificar por ambas partes, recoge las demandas perseguidas por la Unión los últimos años, de mejorar la competitividad y una mayor igualdad de condiciones en las relaciones económicas. En él, las partes se comprometen a no poner medidas que impongan limitaciones a empresas y personas que dificulten las relaciones económicas. Aunque está previsto que entre en vigor en el año 2022, ya ha empezado a generar divisiones en el seno de la Unión, y con EE.UU.  

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la supuesta mejora en las condiciones de acceso al mercado chino para las empresas europeas, ya que las empresas chinas cuentan ya con muchas facilidades en el mercado de la Unión. De esta manera, las nuevas relaciones de inversiones se establecerán en base a una supuesta igualdad de condiciones. Se recoge también una priorización en el desarrollo sostenible de las actividades que se lleven a cabo entre las partes.

IMPLICACIONES DEL ACUERDO PARA ESPAÑA

España es uno de los países más beneficiados por el acuerdo. El comercio con China representó el 73 por ciento del déficit comercial total español, pero poco más del 2 por ciento de las exportaciones de España. Los intercambios comerciales siguen creciendo, ya que las importaciones de China en 2020 ascendieron a 29.333 millones de euros, el 10,7% de las importaciones de España, y exportando productos por valor de 8.169 millones de euros, un 3,1% del total de las exportaciones. A las empresas españolas se les presenta la oportunidad de reducir este déficit.

Aunque las relaciones comerciales han ido mejorando, la política de España ha ido alineándose con los postulados defendidos por la Unión Europea. En 2009, el entonces primer ministro chino Wen Jiabao calificó a España como «el mejor amigo de China en Europa». Desde entonces, la posición de España ha tendido a acercarse a las políticas de Francia y Alemania, destacando que es el único país del sur de Europa que no se ha integrado en la “Nueva Ruta de la Seda”, debido a la preocupación que existe respecto a su influencia en el continente.  

Actualmente existe un alto grado de interdependencia económica y tecnológica entre España y China, a pesar del empeoramiento de las relaciones en los últimos años. No se busca un enfrentamiento, pero sí que el CAI representa la visión del gobierno español en cómo deben de ser sus relaciones con China, basadas en la reciprocidad, el beneficio mutuo y el respeto al derecho internacional. 

CONCLUSIONES

El éxito del acuerdo implica para China el reconocimiento del valor comercial de la Unión Europea, crucial en su nueva política de la “Nueva Ruta de la Seda”. Además, consigue potenciar su desarrollo económico, así como la mejora de su imagen. También pretenden conseguir una mayor consecución de sus demandas históricas en cuestiones fundamentales para el país. Esto pasa por reclamar un mayor apoyo a la política de reunificación de China, y una no intromisión en las consideradas cuestiones internas del país, como la denuncia de los abusos llevados a cabo por el gobierno de Xi Jinping en las regiones del Tíbet o de Xinjiang, así como su reconocimiento como una economía de libre mercado. 

El 2021 ha sido un año complicado en las relaciones, principalmente por la desconfianza generada en la gestión de la pandemia. Por ello, la Unión Europea pretende aumentar su autonomía estratégica, y la presentación del CAI es un claro ejemplo de ello. Países como Francia y España llevan tiempo persiguiendo este objetivo. El tratado es un claro ejemplo de cómo los líderes de la Unión han tenido que equilibrar entre valores e intereses. Habrá que valorar si el pragmatismo económico compensa la dejadez en la lucha por los derechos humanos por parte de su mayor defensor. Gran ejemplo de realismo político.

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