Tras la consumación práctica del Brexit el pasado primero de enero, las consecuencias políticas no han tardado en llegar a territorio británico, donde crecen las tensiones de la mano de protagonistas como Irlanda del Norte y Escocia sobre un escenario que amenaza con desencadenar un conflicto institucional y que pone en riesgo la integridad del país.

Ya es un hecho, la membresía de pleno derecho del Reino Unido dentro de la Unión Europea pasó a ser historia. Primero, de forma oficial cuando abandonó la comunidad el 1 de febrero de 2020; y luego, en su totalidad tras un segundo paso que concretó el proceso al dejar de estar sujeto a las reglas europeas desde enero de 2021. De esta manera, se abrió un panorama en el que, poco a poco, irán entrando en vigor nuevas normativas que regirán las relaciones entre ambas partes y que deberán renegociarse cada cierto tiempo. Esto genera un ambiente de incertidumbre entre los ciudadanos, quienes podrían verse afectados en varios aspectos con la aplicación del flamante statu quo.

Las complicaciones post-Brexit se tornan más notorias, puntualmente, en cuestiones que atañen a las futuras relaciones entre algunas de las naciones constituyentes que conforman el Estado británico. Sobre todo, en Irlanda del Norte, donde se decidió que no se trazaría una frontera física que la dividiera del resto de la isla -algo que avivaría las llamas del conocido conflicto irlandés, enfrentando nuevamente a unionistas y nacionalistas- y que, por lo tanto, se establecería una suerte de límite hidrográfico en el mar destinado a actuar como punto de control fronterizo. Es así que en territorio norirlandés se produce una situación particular. Y es que si bien está fuera de la UE por ser parte del Reino Unido, seguirá ligado a muchas de las pautas europeas, al igual que los nacidos y criados allí podrán gozar de mayores beneficios, incluyendo la opción de obtener la nacionalidad europea si así lo quisieran. Sin embargo, lo más importante a destacar es que Irlanda del Norte permanecerá dentro del mercado único europeo de bienes.

Como consecuencia, se genera una barrera dentro del mismo país que dificulta la fluidez en la circulación de mercancías que van desde Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) a Irlanda del Norte, dado que sería como entrar a suelo europeo. Desde que rigen las nuevas reglas de juego no está permitido el ingreso de algunos productos provenientes del Reino Unido a países de la UE, entre ellos los lácteos y los cárnicos, que deberán someterse a intensos controles y certificados sanitarios. Con lo cual, un cargamento inglés -por poner un ejemplo- con provisiones de este tipo que se dirija a tierras norirlandesas, afrontará las mismas complicaciones a la hora de desembarcar en Belfast que las que tendría si lo hiciera en un puerto español o francés.

Aunque las autoridades británicas insisten en la necesidad de renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte y que, para ganar tiempo, en septiembre aplazaron por tercera vez el lapso acordado en el cual debían comenzar a ejercerse los controles estipulados, de momento nada parece indicar que vayan a realizarse grandes modificaciones en este tira y afloja entre Londres y Bruselas. Como resultado, las cadenas de supermercados norirlandeses podrían verse desabastecidas de comestibles fabricados a partir de carnes procesadas -problema conocido en la prensa local como ‘guerra de las salchichas’- y caer en la necesidad de comprar dichos bienes a sus vecinos europeos. En suma, toda esta serie de circunstancias puede contribuir, en el largo plazo, a derivar en un planteamiento sobre la anexión a la República de Irlanda y la reunificación de la isla, convirtiéndose en otra región con miras al secesionismo.

DILEMA CON ACENTO ESCOCÉS

Las tensiones se intensifican aún más en Escocia, donde la cuestión alcanza una perspectiva puramente política. Si bien se trata de una nación que siempre ha buscado su independencia por ostentar una identidad muy arraigada y diferenciada del resto del Reino Unido -incluso con un sistema legal distinto del que poseen las otras entidades del Estado-, el Brexit ha supuesto una razón más tangible para promover el soberanismo. Esto se debe a que la población escocesa es, casi en su totalidad, pro-europea. De hecho, en el referéndum sobre la salida de la UE, los resultados a favor de la permanencia se impusieron en todos los concejos de Escocia, con un total del 62% de votos partidarios a seguir en la comunidad, frente al 38% que optó por abandonar el bloque.

Por este motivo, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia y líder del SNP (Scottish National Party, por su traducción, Partido Nacional Escocés), afirma que al consumarse el Brexit no se respetó la voluntad del pueblo escocés, lo cual presenta una nueva excusa para negociar con el gobierno de Londres la posibilidad de una convocatoria para celebrar una segunda consulta independentista similar a la realizada en 2014. No obstante, Boris Johnson ha dejado claro que no está por la labor de ceder ante tales reclamos, y menos en una situación tan particular como la actual, puesto que sería insensato encarar una disputa constitucional innecesaria cuando la mayor preocupación de la gente pasa por remontar la crisis económica producida por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, las últimas elecciones al parlamento escocés que se llevaron a cabo el pasado 6 de mayo respaldan las reivindicaciones secesionistas: el SNP quedó a tan solo un escaño de conseguir los 65 requeridos para obtener la mayoría absoluta, pero los ocho diputados electos por el Scottish Green Party (Partido Verde Escocés) garantizan una superioridad nacionalista en el gobierno regional, con lo que las políticas relacionadas con el derecho a la autodeterminación ganarán espacio en la agenda parlamentaria de Escocia. A pesar de que el panorama favorable para las fuerzas soberanistas podría dar alas a un procedimiento a la catalana -con referéndum no consensuado y sujeto a una posterior declaración unilateral de independencia-, Sturgeon descarta esta vía y aboga por seguir una hoja de ruta idéntica a la trazada siete años atrás.

UN ANTECEDENTE QUE EXPONE LA EVIDENCIA DEL CAZADOR CAZADO

La mañana del 18 de septiembre de 2014 amanecía bajo un ambiente expectante en el Reino Unido. No era para menos, se definía el futuro de los escoceses y el estatus político que adoptaría su territorio. Después de mucho tiempo de debates y campañas libradas por ambas posturas con el fin de legitimar y expandir sus puntos de vista, la ciudadanía acudía a las urnas para, mediante el sufragio, pronunciar la última palabra. « No a la independencia ». Ese fue el veredicto que arrojó el plebiscito, en el que la participación alcanzó el 84,9% de la población habilitada para votar -muy alta para los parámetros normales de Escocia- y puso fin al asunto del momento. De todas formas, el margen entre una opción y la otra fue bastante estrecho: los pro-unión ganaron con el 55,3% contra el 44,7% que obtuvieron los adeptos a la separación.

Esta diferencia tan ajustada encuentra su explicación, indefectiblemente, en el gran trato mediático que tuvo el tema durante los meses previos y en el carácter detallado con el que se desarrollaron las campañas destinadas a convencer al electorado. Mientras la agrupación Yes Scotland (partidarios a la independencia) defendía la idea de que la creación del Estado propio aseguraría una mayor prosperidad para Escocia y que representaría mejor los intereses y las tradiciones de los escoceses, Better Together (Mejor Juntos) –organización compuesta por los principales partidos estatales y apoyada por el gobierno británico- centraba su argumento capital en torno a la premisa de que si la nación se independizaba del Reino Unido, dejaría de pertenecer a la Unión Europea. Este hecho pudo ser determinante, si se tiene en cuenta el alto nivel de europeísmo presente en la región.

Hoy, con Reino Unido oficialmente fuera de la UE, el sustento madre que pudo darle la victoria en 2014 se ha invertido. Los pro-unión utilizaron, sin saberlo, un arma de doble filo que ahora está a merced del enemigo y atenta contra su integridad, convirtiendo al cazador en presa a cazar. Es decir, en caso de celebrarse otro referéndum, los bloques soberanistas tendrían todo a su favor para reciclar el viejo fundamento de sus adversarios y seducir a la ciudadanía escocesa con la promesa de volver a ser miembros de pleno derecho de la UE si se concretase la secesión. Las preguntas que, por tanto, cabe formularse son sencillas: ¿se habrá inclinado la balanza para el lado del SNP tras el Brexit? ¿Qué debería hacer una Escocia independiente para entrar en Europa?

LA CERTEZA DE UN FUTURO INCIERTO

Suponiendo que Escocia deviniera finalmente en un Estado soberano, los caminos para formar parte del gran club europeo estarían despejados. Para ello, debería seguir el mismo protocolo que cualquier país del continente que desease entrar a la UE. Esto es: enviar una solicitud de adhesión al Consejo de la Unión Europea, que a su vez lo remite a la Comisión para que estudie la candidatura. Una vez aprobado como candidato oficial, se abriría el periodo de negociaciones y verificación capítulo a capítulo. En este sentido los gaélicos correrían con ventaja, dado que, al ya haber estado dentro como parte de Reino Unido, aseguran el cumplimiento de la mayoría de las condiciones. El problema, sin embargo, estaría en la incertidumbre que genera un aspecto clave: el reconocimiento interestatal.

Con la presencia significativa de naciones con conflictos territoriales internos, muchos se abstendrían de reconocer a la nueva entidad, algo que haría que Escocia corriera el riesgo de quedar atrapada en el temible limbo de los Estados con reconocimiento parcial, como ocurre con Kosovo. Se trata de una cuestión de vital importancia, ya que le ocasionaría trabas no sólo para ingresar en la UE, sino también en otras organizaciones como, por ejemplo, la ONU.

Se mire por el lado que se mire, la única certeza es que el Brexit está desencadenando efectos secundarios que barruntan un futuro incierto. Los sectores euroescépticos británicos festejan el acuerdo aduciendo la reconquista de gran parte de su soberanía –sobre todo en materia comercial y de dominio marítimo-. No obstante, esa misma soberanía que aseveran haber recuperado en el agua, podrían perderla en tierra con una probable desanexión de Irlanda del Norte y Escocia. Es todavía muy pronto para sacar conclusiones tajantes, pero Reino Unido parece estar condenado a pagar su salida de la UE a un precio muy costoso.

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