El nuevo Gobierno implementa una política de bloqueo de las inversiones chinas, tras la exclusión de Huawei del despliegue 5G y la terminación del contrato nuclear

“Somos recelosos de compañías que se benefician directa o indirectamente de subsidios de sus países de origen y de una ventaja competitiva desleal”. Con estas palabras justificaba el primer ministro rumano, el liberal Florin Cîțu (Partido Nacional Liberal, PNL), el acuerdo por el que Rumanía pretende excluir a compañías extracomunitarias de la construcción de infraestructuras estatales. El texto no ha cogido por sorpresa a nadie, al enmarcarse en la misma línea de reticencia a la presencia china seguida recientemente por Bucarest.

Desde la salida del Gobierno socialdemócrata, mucho más favorable a los intereses chinos, se han sucedido sendos Ejecutivos cuya tendencia clara ha sido poner barreras a los intentos de desembarco de Pekín. No en vano, aunque no se refiere expresamente a China, el objetivo principal de la norma sería evitar que ésta siga extendiendo sus tentáculos de ‘poder blando’ sobre el país balcánico. Sin embargo, paradójicamente, en el fondo se encontraría el resquemor ante el empuje de Rusia y la consiguiente necesidad de contentar a EE.UU. en su pugna por el liderazgo global. 

Dificultades internas

Rumanía se viene enfrentando en los últimos años a una fuerte inestabilidad política. En 2019, el Partido Socialdemócrata (PS) de Viorica Dăncilă se vio obligado a abandonar el Gobierno, entre acusaciones domésticas de corrupción y la censura por parte de Bruselas por sus repetidos ataques al estado de Derecho y la libertad de prensa. Posteriormente, se deshizo la nueva coalición de gobierno encabezada por el liberal Ludovic Orban (PNL), que agrupaba a todos los partidos salvo a los socialistas, encaminando al país a las elecciones del pasado diciembre. Tras estas y a pesar de la victoria del PS, se formó un nuevo Ejecutivo de centro derecha liderado por Cîțu (quien ya fuera ministro de Finanzas con Orban-), apoyado en el movimiento anticorrupción Unión Salvar Rumania (USR/PLUS). Dichos comicios, caracterizados por la escasa participación (31%), también provocaron la entrada en el Parlamento como cuarta fuerza política del partido (calificado como ultraderechista) Alianza para la Unión de Rumanos (AUR, oro en rumano), en uno de los pocos países de Europa que aún no tenía representación de la derecha extrema. 

El primer ministro Florian Cîțu (Privesc.Eu România, CC BY 3.0)

En lo económico, pese a ser uno de los países menos favorecidos de la Unión Europea, con la segunda renta per cápita más baja (tras Bulgaria), Rumanía estaba atravesando un momento de relativa bonanza hasta la crisis de la COVID19, pues venía protagonizando cifras de crecimiento pre-pandemia superiores al 4% anual (hasta 7,1% en 2017) (frente a un crecimiento medio de la UE cercano al 2%) y un porcentaje de desempleo del 5,7% (inferior al 7,6% de la media UE o el 16% de España), datos en los que podría influir el hecho de que el 12,5% de su población se haya visto obligada a emigrar en los últimos años.  

China y Rumanía 

Las relaciones entre Bucarest y Pekín se remontan más de siete décadas. No en vano, Rumanía fue el tercer país del mundo en reconocer a la República Popular de Mao Zedong en 1949, tras la URSS y Bulgaria. Más tarde, debido a su aislamiento del bloque soviético y sus tensas relaciones con Moscú, Ceaușescu trató continuamente de fortalecer sus relaciones con China como medio de hacer frente común al “hegemonismo” soviético, llegando a manifestar expresamente su “solidaridad combativa” hacia Pekín. 

Ya en la pasada década, en una Rumanía poscomunista plenamente integrada en la OTAN y la Unión Europea, Bucarest vio inicialmente con buenos ojos la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (BRI, en sus siglas en inglés) impulsada por el presidente Xi, considerándola como una oportunidad de desarrollo económico frente a las políticas de austeridad y contención de gastos impuestas desde Bruselas tras la crisis de 2008. Así, en 2013 el primer ministro Victor Ponta (PS) anunciaba su intención de privilegiar una relación estratégica con China, presentando hasta media docena de proyectos durante la reunión en Bucarest del entonces 16+1 (rebautizado hoy como 17+1 tras la incorporación de Grecia). 

Foro 17+1 (Elab. propia)

Dicho foro comprende a doce países del centro y este de la UE y cinco candidatos a la integración y ha sido fuertemente impulsado desde Pekín. En este aspecto, aunque China reconoce sostener el proyecto europeo, ha argumentado que la UE es un conjunto de Estados soberanos que carece de soberanía por sí misma. Por ello, defiende su legitimidad para negociar acuerdos con los distintos países o con grupos de ellos sin necesidad de pasar por Bruselas, en una buscada estrategia de “divide y vencerás” que le permita desarrollar su estrategia económica y agenda de influencia geopolítica en la región. 

En 2014 se plantearon en dicho marco un gran número de proyectos multimillonarios en infraestructuras, incluyendo para Rumanía un parque eólico (200 millones de inversión), un parque industrial (hasta 10.000 millones), así como la apertura de oficinas locales de numerosas empresas chinas. Sin embargo, lo cierto es que, como en otros de los países integrantes, el transcurso del tiempo sin apreciar apenas resultados palpables ha provocado en Rumanía una enorme desilusión por las promesas incumplidas, que se ha venido a sumar a la desazón por determinadas prácticas contrarias a los valores europeos. Algunos países miembros comienzan a sentirse desligados del foro y, no en vano, hasta seis de ellos (entre ellos Rumanía) no enviaron representación del más alto nivel a la última reunión en febrero de este año, pese a liderarla el propio Xi y celebrarse de forma virtual. La deriva política de los últimos meses y la inquietud suscitada en las grandes capitales (en torno a asuntos como Hong Kong o Xinjiang) habría tenido un importante efecto en esta ausencia. Así, aunque Cîțu ha evitado calificar o condenar situaciones específicas, sí ha expresado su preocupación por la represión política y su rechazo a la “intervención brutal del Estado en cualquier lugar del mundo”. 

En el plano económico, Bucarest entiende que la pertenencia al reducido club tampoco le ha reportado demasiado beneficio. Según el think tank alemán MERICS, Rumanía sólo habría recibido 1.200 millones de euros de inversión directa de China entre 2000 y 2019, frente a los 22.700 millones recibidos por ejemplo en el mismo periodo por Alemania. Casi una década después de la creación del foro regional y del lanzamiento de la BRI, ninguno de los proyectos anunciados a bombo y platillo ha llegado a cristalizar, con sonados fracasos en materia de energía y transporte. 

La ausencia de resultados y las suspicacias con China ha llevado a algunos de los países integrantes a refugiarse en alternativas regionales como la denominada “Iniciativa de los Tres Mares”. Sus impulsores, Polonia y Croacia, buscan crear un arco de desarrollo económico (desde Estonia en el mar Báltico hasta Croacia en el Adriático y Rumanía en el mar Negro) que remplace a las tradicionales dinámicas centradas en el oeste continental y les permita profundizar en la cohesión europea con autonomía respecto de las grandes potencias. Además, como señala Óscar Méndez en su artículo para el IEEE, el objetivo del club subregional sería constituir un freno en la zona a la influencia rusa (basada en el gas que suministra), razón por la que ha sido muy bien recibida por Washington, que la respalda desde su origen. No en vano, según Méndez el bloqueo a Rusia le permite además a EE.UU. abastecer a dichos países de su gas licuado y criticar la benevolencia de otros Estados miembros para con Rusia (como por ejemplo, en el caso del gaseoducto Nord Stream II promovido por Alemania). 

Iniciativa de los Tres Mares (Elab. propia)

La reacción rumana

El clima de retroceso de la relación sino-rumana empezó a fraguarse con la expulsión del proyecto energético estrella en torno a la central nuclear de Cernavoda. En 2014, elGobierno otorgó de forma preliminar la construcción de los reactores 3 y 4 a la China General Nuclear Power Company (CGNPC) por un importe de 8.000 millones de euros. El proyecto se llevaría a cabo mediante la constitución de un consorcio con la compañía nacional rumana Nuclearelectrica (en el que la CGNPC ostentaría el 51%), llegando incluso a firmarse en 2019 un compromiso de inversión de 200 millones de euros anuales por parte de la empresa china. Sin embargo, a comienzos de 2020 se produjo la marcha atrás, cuando el gobierno de Orban requirió a Nuclearelectrica poner fin a las relaciones con la CGNPC. Así, el ministro de economía Virgil Popescu (PNL) afirmó que la compañía rumana podía asumir por sí sola la construcción del reactor 3 y que, en adelante, se planteaban un nuevo escenario de trabajo con empresas de países OTAN (esencialmente americanas o la francesa Orano).

A finales de enero de este año, el Gobierno daba un nuevo paso al adoptar un memorando que, de convertirse finalmente en ley, podría apartar a las compañías chinas de los grandes proyectos de infraestructuras. No en vano, el texto pretende prohibir la participación en licitaciones públicas a empresas de países no comunitarios que no tengan un acuerdo bilateral con Rumanía o con la UE. Según miembros del Ejecutivo, el documento no hace referencia expresa a ningún país, sino que únicamente pretende excluir a aquellas empresas que no se sujeten a los estándares europeos, a efectos de “evitar pérdidas y retrasos derivados de la cancelación de contratos”, siguiendo en este sentido las recomendaciones expresadas por la Comisión Europea. 

En efecto, en una guía publicada en 2019 destinada a ayudar a las administraciones adjudicadoras de contratos públicos, el Ejecutivo comunitario advertía frente a las ofertas con precios anormalmente bajos presentadas por licitadores de terceros países, y recordaba que “las empresas procedentes de terceros países no tienen acceso garantizado a los mercados de contratación pública de la Unión y pueden quedar excluidas”. 

Además, Bruselas prepara un mecanismo para aumentar las exigencias a las empresas de terceros países que no garanticen una reciprocidad a las compañías europeas, así como un sistema de control de las inversiones directas procedentes de fuera de la UE. Todo ello en el contexto de la (todavía pendiente) ratificación interna del Acuerdo Global de Inversiones suscrito entre la UE y China a finales del año pasado, suspendido por Bruselas a principios de este mes, y que se vaticina extremadamente complicada a raíz del empeoramiento de las relaciones entre ambos colosos, con sanciones incluidas a varios europarlamentarios. 

Finalmente, el Gobierno rumano parece haber puesto la puntilla en abril al impedir que Huawei, uno de los proveedores de telecomunicaciones más grandes del mundo, participe en el despliegue de la red 5G del país balcánico. Se materializan así en términos de prohibición las cautelas de seguridad subrayadas por el ente supervisor rumano, así como el Memorando de Entendimiento firmado con EE.UU. en 2019, por el que Bucarest se comprometía con Washington a adquirir tecnología sólo de proveedores “de confianza y fiables”, debiendo verificar si cada compañía “está sujeta al control de un gobierno extranjero, tiene una estructura accionarial transparente y, además de tener un historial de comportamiento ético, está sometida a un régimen jurídico que requiere prácticas empresariales transparentes”. Tales términos, en la práctica, dejan fuera a Huawei, a quien se ha acusado de estar sometida a las órdenes de Pekín. 

La lealtad al amigo americano y el recelo hacia Rusia

Más allá de motivaciones económicas, parece que tras el bloqueo a las inversiones chinas se encontrarían las inquietudes de Bucarest en términos de seguridad y defensa, derivadas de la necesidad o predilección de contentar a Washington como medio de protección frente a una eventual injerencia rusa. En este sentido, las reticencias de la UE a plantar cara como bloque a Moscú han llevado a la mayoría de países del Este a privilegiar sus relaciones con Estados Unidos como garante de su seguridad. 

Así, la mano de Washington parece estar detrás del desplante en dosieres clave como el de Huawei y el de la central nuclear de Cernavoda. En el primer caso, desde la Administración Trump se consideró a Europa del Este y, concretamente a Rumanía, como pieza clave en la estrategia para aislar al gigante tecnológico, que Washington calificaba de peón de Pekín y grave amenaza a la seguridad de las telecomunicaciones occidentales. De esta manera, Rumanía fue de los primeros países en adherirse a la iniciativa ‘Clean Network’ estadounidense, que buscaba “evitar la apropiación de información sensible por parte de actores malignos” en la red, “incluido el Partido Comunista de China”. Además, suscribió el mencionado memorando que establece férreos requisitos a las empresas que deseen participar en el despliegue de las redes 5G. En cuanto al polémico contrato nuclear, Washington ha conseguido que Bucarest termine su relación con la CGNPC, años después de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara a la compañía y a uno de sus directivos de “conspiración para producir y desarrollar material nuclear especial fuera de los Estados Unidos sin la autorización del Departamento de Energía”, confiando en que dicha exclusión genere un efecto contagio en otros proyectos europeos ambicionados por la compañía china.  

Rumanía parece así seguir, en relación con China, la senda marcada por EE.UU., país con el que mantiene una importante “relación estratégica”. Integrada en la OTAN desde 2004, aloja en su territorio sendas bases permanentes especialmente destinadas a la defensa del espacio aéreo del sudeste europeo y que constituyen un elemento de disuasión frente a cualquier amenaza en el mar Negro, especialmente tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. No en vano, además de una importante misión de Policía Aérea Reforzada (patrulla rotatoria en la que participan varios cazas españoles), la Alianza ha instalado en Rumanía parte de su sistema de escudo antimisiles. La presencia de la OTAN podría ser también la razón por la que el importante puerto rumano de Constanta no ha recibido una inversión china similar a la efectuada en el puerto griego del Pireo, dada su cercanía a la base aérea Mihail Kogalniceanu y la obvia reticencia de Washington a encontrar personal chino a escasos 40 kilómetros de las tropas estadounidenses. Además, el fortalecimiento de las relaciones Moscú-Pekín como reacción a las sanciones occidentales podría haber aumentado las reticencias hacia China, ante el temor de que ambos países puedan llegar a colaborar también en asuntos de inteligencia y seguridad (tendencia que de momentoparece haberse descartado por algunos servicios nórdicos). 

El futuro de las relaciones chino-rumanas 

China deberá replantearse su relación con Rumanía y, en general, con los países de la región del Este europeo si pretende seguir considerando a la zona como su punto de entrada al resto del continente. Por el momento, sus aspiraciones económicas se han visto paralizadas o fuertemente mermadas como resultado de un choque a tres bandas: por un lado, el recelo de los Estados del Este hacia Rusia, especialmente a raíz de las incursiones de ésta en Georgia y Ucrania, que no se habrían visto condenadas con demasiada contundencia por los grandes de Europa occidental. Por otro lado, la oposición de EE.UU. al avance chino, que ha desembocado en una batalla comercial y económica global como medio empleado (de momento) por Washington para hacer frente a la manida “trampa de Tucídides” de nuestro siglo. Parece lógico que cuanto más aumente la desconfianza hacia Rusia en la frontera este europea, más querrán los Estados profundizar sus relaciones estratégicas con Washington, a costa (si es necesario) de las relaciones con el lejano gigante asiático. 

Pero no se trata sólo de una cuestión de estricta seguridad, también de economía. A Rumanía le resulta más barato enturbiar sus vínculos con China que a sus socios comunitarios del centro y oeste de Europa, pues no tiene que defender los intereses de grandes empresas rumanas en el mercado chino y, por tanto, no ha de temer represalias de envergadura más allá de, como mucho, una reducción de su volumen de exportaciones agrícolas.

Otros países del Este en situación similar también han comenzado a desvincularse de las iniciativas chinas como medio de conservar a toda costa la relación con EE.UU., escudándose en el escaso rendimiento económico que de todas formas extraen de la relación con Pekín. Es el caso de Lituania, cuyo Parlamento ha decidido recientemente abandonar el 17+1 dado que “apenas produce beneficios” y, en palabras de su ministro de Exteriores, “está dividiendo a Europa”. 

En este movimiento de desconfianza influirían, además, las acusaciones de “trampa de la deuda” que se vinculan normalmente a las inversiones chinas en macro-infraestructuras. No en vano, tales temores, hasta ahora limitados a lo ocurrido en países lejanos como Sri Lanka (donde China se hizo con el control del puerto de Hambantota ante el impago de la descomunal deuda), han llegado ya a la misma periferia de Europa, pues este mismo mes de abril Montenegro ha declarado su incapacidad para devolver un préstamo chino de 1.000 millones de euros para la construcción de una autopista, asunto que se ha convertido en una “patata caliente” para el Ejecutivo comunitario, que rechaza hacerse cargo de la deuda. 

En otro plano, finalmente, a las razones estrictamente económicas y de seguridad se sumaría otro componente clave: el conflicto de valores. El empeoramiento de las relaciones con China ha coincidido con las reservas (cuando no condenas directas) que la mayoría de países europeos han planteado sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en China. Nos encontramos en un momento crítico en el que la UE y sus diferentes Estados miembros han de decidir si desean hacer negocios a cualquier precio con China o si, invocando los valores europeos de los que presume, el club comunitario decide fijar de un modo firme y contundente las reglas del juego para mantener relaciones comerciales. Como indica la analista Iulia Monica Oehler-Șincai en un reciente informe para la European Think-tank Network on China (ETNC) (coordinado por el Real Instituto Elcano), existe efectivamente un choque de valores, pues “la calidad de gobernanza se entiende de forma diferente en China (donde el rendimiento económico y la prosperidad social son sus máximas prioridades) y en la UE (donde se da la misma importancia al rendimiento económico, la prosperidad social y a los valores políticos (principalmente la democracia, los derechos humanos y el estado de Derecho))”. Es más, la autora indica que el éxito económico de China no se percibe automáticamente como un activo en Europa, sino que puede interpretarse como un instrumento de “poder blando” e incluso como una amenaza. 

Aunque pueda decirse que lo hace ligeramente empujada por Washington, lo cierto es que Bucarest ya ha dejado claro qué camino desea seguir con China. El hecho de que en el 70º aniversario del inicio de relaciones diplomáticas ningún ministro rumano visitara China, pone de manifiesto la escasa prioridad que los actuales Gobiernos rumanos pretenden dar a los vínculos entre ambos países. Y aunque resulta improbable que Rumanía asuma una actitud abiertamente hostil hacia Pekín, parece que la línea de actuación es clara: mantener relaciones económicas y comerciales con China, pero no profundizar en la cooperación con un Estado que no comparte sus mismos principios si ello pone en riesgo la relación con EE.UU. 

China se encuentra pues, ante el reto de convencer a sus socios del Este continental de que es capaz de comportarse conforme a los valores europeos, además de ofrecer una alternativa de seguridad compatible con la que brinda Washington. Tarea ciertamente complicada la que le espera a Pekín, si pretende alterar las prioridades de Rumanía: EE.UU., OTAN y UE.