Tras los enfrentamientos revolucionarios y contrarrevolucionarios de la década de 1980, Centroamérica se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. Mientras que los conflictos armados entre guerrilleros y fuerzas de seguridad han dominado el istmo desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 90, desde los procesos de democratización, la delincuencia organizada y el narcotráfico han irrumpido en las sociedades centroamericanas, provocando la remilitarización de la región y la desnaturalización de las instituciones democráticas. Una multiplicidad de factores, como causas estructurales, Estados débiles, élites depredadoras y la política internacional han contribuido al alto nivel de violencia cotidiana que viven los ciudadanos de Centroamérica.

América Central en el esquema centro-periferia

Las noticias habituales sobre los países centroamericanos parecen validar las tesis sobre la existencia de una violencia estructural en el corredor que une América del Sur y México. La plaga de asesinatos en Honduras, El Salvador y Guatemala, junto a los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicaragua, forman parte de una realidad habitual y desesperante para los ciudadanos centroamericanos, que atraviesa toda su historia reciente. Para comprender la profundidad de las raíces de la violencia en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, es necesario revisar la trayectoria de sus economías en el marco del sistema-mundo del siglo XX y la estructuración de su sociedad. 

Desde fecha muy temprana, la región ha presentado los elementos clásicos de la dependencia con respecto a las economías industrializadas del Atlántico Norte. A finales del siglo XIX, las llamadas “repúblicas bananeras” construyeron sus economías orientadas hacia la especialización de los productos agrícolas de exportación, a través de una alianza oligárquica entre los partidos tradicionales, las fuerzas armadas, la burguesía nacional y el capital extranjero, predominantemente, estadounidense. Como en otros países latinoamericanos, el paradigma de dominación en América Central ha sido determinado por la presencia de élites tradicionales de raíces coloniales, portadoras de una visión patrimonial del Estado y personalista de la política. Los modos de integración clientelar y el comportamiento corporativo de las élites, en países con altos índices de pobreza, analfabetismo y violencia, han debilitado el funcionamiento y la presencia del Estado en la distribución de los bienes públicos, privándolo de la legitimidad a los ojos de la sociedad. Estas formas patrimoniales persistieron a medida que las economías de América Central atravesaban sus respectivos procesos de modernización, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y principios de los años ‘70. 

Mercado Común Centroamericano (Wikipedia)

Desde los años ‘50, las repúblicas centroamericanas comenzaron una época de crecimiento y de transformación cualitativa de sus sociedades. Siguiendo los modelos de desarrollo del CEPAL, los Estados centroamericanos se abrieron a la industrialización mediante la sustitución de las importaciones y la creación del Mercado Común Centroamericano para liberalizar el comercio intrarregional y atraer capitales extranjeros. Sin embargo, se trataba de una industrialización fuertemente dependiente de los bienes de capital importados y de los recursos de las exportaciones de productos agrícolas, que seguía siendo la principal fuente de ingresos del Estado. Además, en América Central la modernización del aparato productivo fue mucho más limitada que en Europa y no fue acompañada de cambios sociales considerables. En realidad, el desarrollo industrial no se tradujo en un aumento del empleo rural, ni en mejoras salariales o de calidad de vida de la población urbana y rural. Ahora bien, con todas sus limitaciones, la emergencia de pequeñas industrias y las innovaciones en el sector rural trastornaron la vida de la mayoría de los campesinos y artesanos, produciendo un éxodo masivo a las ciudades y rompiendo con los modelos paternalistas en la integración política de las masas. En América Central, esta transformación se consolidó a mediados de los años 60 y fue el origen de las primeras movilizaciones.

A diferencia de otros países, como México o Argentina, el desarrollo de las ciudades y de la incipiente clase media no dio lugar a reformas importantes en el sector rural, ni en el comportamiento de las élites tradicionales, que se hicieron cargo de los nuevos grupos industriales y se beneficiaron de las oportunidades comerciales con el Estado y el capital extranjero. En efecto, América Central es el ejemplo claro de cómo el crecimiento económico no favorece la justicia social o la democratización en sociedades desiguales y oligárquicas, en las que el Estado está a merced del interés corporativo de las élites. A excepción de Costa Rica y Panamá, en palabras de Edelberto Torres-Rivas, las repúblicas del istmo han sido «democracias malas», sostenidas por Estados débiles. Estos últimos se caracterizan por instituciones frágiles, bajo control del territorio, la corrupción y el incumplimiento de sus funciones fundamentales de servicios de salud, seguridad, educación, comunicación y bienestar. Las «democracias malas» han sido el resultado de factores estructurales relacionados con la pobreza, la dependencia y el analfabetismo, pero también como consecuencia de una oligarquía corporativa que reprimía la participación y el concepto de ciudadanía. Así, mientras las transformaciones estructurales de la economía separan a la población rural de su medio de vida, ésta no encuentra en el Estado una protección adecuada, ni mecanismos de reforma social para insertarse en la modernidad.

La emergencia de la guerrilla y la represión

Ahora bien, al final del ciclo de recuperación económica en 1973, con la crisis del petróleo, las economías centroamericanas, dependientes del comercio internacional y del capital extranjero, se han visto brutalmente afectadas por la inflación y la deuda externa. Hubo una reducción sustancial de las inversiones y de los préstamos, una disminución de los precios de los productos básicos que Centroamérica exportaba y un encarecimiento de los bienes de capital que la industria local necesitaba para operar. Como consecuencia, el desempleo se multiplicó y la brecha social se agrandó considerablemente. La combinación de transformaciones estructurales, aumento de la pobreza, élite represiva, Estado débil y «mala democracia» produjo las condiciones ideales para el surgimiento del descontento. En primer lugar, el malestar se transmitió a través de movilizaciones sociales, protestas agrícolas, huelgas e intentos de reforma por parte de las clases medias y de los sindicatos. Sin embargo, las élites y las fuerzas armadas bloquearon cualquier intento de cambio, incluso mediante golpes de Estado y la represión de la población. 

Bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Wikipedia)

Ante la represión del Estado y la traición de las élites, se mantuvo el campo libre para el surgimiento de grupos armados revolucionarios. Imitando el ejemplo de casos exitosos de guerrilla rural, como China, Vietnam y Cuba, los grupos revolucionarios de América Central aparecieron en las zonas rurales afectadas por la modernización económica y oprimidas por las élites y las fuerzas armadas. Con promesas de reforma agraria, igualitarismo, salud y educación y bienestar material, los guerrilleros consiguieron sustituir la autoridad legítima del Estado a los ojos de algunas regiones campesinas. Ahora bien, estos grupos de izquierda radical en Guatemala, El Salvador y Nicaragua eran organizaciones eclécticas que, combinaron de modo confuso ideas del marxismo, de la teología de la liberación, del indigenismo y del jacobinismo, presentándose como una rebelión violenta contra la alianza entre oligarquía y Estado. El más célebre de estos movimientos fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual, arrastrando el apoyo del campesino indígena y mestizo despojado de tierras y de trabajo, logró apoderarse del gobierno y convertirse en el nuevo Estado nicaragüense, en 1979, año crucial para las luchas de Tercer Mundo, debido a la invasión soviética de Afganistán y la Revolución Iraní. 

Los sandinistas se inspiraron en el ejemplo cubano y basaron su actuación en tres propuestas: democracia, economía mixta y No Alineamiento. Al igual que Cuba, en ninguna de ellas, la Nicaragua sandinista tuvo éxito. La promesa de construir una democracia participativa y pluralista se vio truncada por el autoritarismo y el espíritu monista del FSLN, la economía mixta nunca funcionó a causa de la mala gestión, las ideas anacrónicas y la crisis. Por lo que se refiere a la política exterior, teniendo en cuenta el contexto de fin de ciclo de la Guerra Fría y de fragmentación del Tercer Mundo, Nicaragua llegó tarde al movimiento tercermundista y la internacional de izquierdas, por lo que, más allá de la retórica castrista y de algunos grupos guerrilleros latinoamericanos, no encontró espacios multilaterales con los cuales construir un proyecto regional alternativo.

La Doctrina Reagan

Durante la última etapa de la Guerra Fría, la región fue un verdadero teatro de operaciones en el que se resolvieron los conflictos políticos, militares y diplomáticos entre las facciones antagonistas locales vinculadas con Washington y La Habana. Con la conducción de Henry Kissinger en su política exterior, la Casa Blanca había endurecido su política hacia América Latina y, a través de la difusión de la Doctrina de Seguridad Nacional, había favorecido a los gobiernos autoritarios de la región, como la dictadura de los Somoza, considerados aliados confiables frente a la influencia cubana. 

Tras el breve momento humanitario de Carter, en los años 80, la administración Reagan asumió la militancia anticomunista a nivel global y pasó a apoyar explícitamente a los gobiernos de Guatemala y El Salvador en su cruzada ideológica contra las guerrillas. Al mismo tiempo, la CIA financió y entrenó a las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses desde bases militares en Honduras, en colaboración con oficiales del ejército argentino. Desde Buenos Aires fueron enviados hombres y apoyo a los Contras no sólo por solidaridad ideológica, sino también porque guerrilleros argentinos en el exilio se habían mezclado con los combatientes subversivos de Nicaragua y Guatemala. Esta internacional revolucionaria, formada por luchadores nicaragüenses, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños actuaban bajo los auspicios de Fidel Castro, que enviaba consejeros militares y armas a todas partes, como hacía en Angola. Esta era una política exclusivamente cubana, ya que la Unión Soviética había reconocido desde hace tiempo el dominio americano en América Latina y había ordenado a todos los partidos comunistas de la región que abandonaran la lucha armada. 

Comandos Contras en la región de Nueva Guinea, Nicaragua, 1987 (Wikipedia)

En cuanto a la dimensión de la política económica, al tiempo que se favorecía a los Contras y a las dictaduras anticomunistas en la región y se intentaba aislar a Cuba del concierto internacional, en un momento en que la Unión Soviética se concentraba en Afganistán, Reagan consiguió que los gobiernos latinoamericanos afines aceptaran los programas de ajuste y liberalización económica del FMI y del Banco Mundial para salir de la crisis en la que se encontraban inmersos desde 1973. De este modo, Guatemala, Honduras y El Salvador adoptaron medidas ortodoxas para reducir el déficit público y relanzar las exportaciones agrícolas. Las consecuencias fueron la reducción de los servicios públicos del Estado, el aumento de la deuda exterior y el declive del comercio interregional. El objetivo del plan económico para América Central era desmantelar el mercado común regional para aislar aún más a Nicaragua de sus vecinos y reforzar los vínculos comerciales de la región con Estados Unidos. Desde el punto de vista de los gobiernos centroamericanos, el proyecto económico era mantener sus economías integradas en la globalización americana, en un momento en que el mundo estaba atravesando grandes cambios.

El momento democrático

La dimensión política de esta mentalidad se tradujo en las cumbres presidenciales iniciadas en 1987, cuyo objetivo era recuperar la cooperación entre las repúblicas centroamericanas, encontrar una solución pacífica a las guerras civiles e iniciar el proceso de democratización. Esta última fue una petición de los Estados Unidos y una imposición elitista hecha desde arriba. Dicho de otro modo, la oleada democrática en América Central no nació de la movilización social ni de la presión de los ciudadanos, sino que fue una solución contrainsurgente sugerida por Washington y producida por las élites militares, políticas y empresariales, en un ambiente de violencia. Lo cierto era que la descomposición del imperio soviético en la Europa del Este, las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT y los Tratados de Maastricht anunciaban un sentimiento de cambio de época, por lo que los dirigentes centroamericanos se proponían superar la fase de las guerras civiles. Así, todos los países centroamericanos en conflicto tuvieron elecciones democráticas, entre 1989 y 1990. Los resultados aseguraron el predominio de gobiernos de derecha, que continuaron con las recetas neoliberales de la Década Perdida y consolidaron el proceso de desmovilización de los guerrilleros y de las fuerzas militares.

El puente centroamericano del narcotráfico (Voz de América)

Con todo, si el año 1990 marcó el final de las guerras civiles en América Central, fue también la época de emergencia de otras formas de violencia menos heroicas. Años de represión estatal, de guerrilla y de militarización de la vida pública construyeron un legado violento que ha impregnado las sociedades y las formas de interacción. La delincuencia organizada, el narcotráfico y las bandas forman el triángulo del mal en la región, que desde entonces se ha convertido en la más violenta del planeta, con una media de 63 asesinatos por cada 100 mil habitantes en Guatemala, El Salvador y Honduras. Por un lado, la desmovilización de los años ‘90 dejó una enorme reserva de armas en el mercado negro y miles de guerrilleros desempleados. Por otra parte, las reformas económicas han agravado la situación social de América Central, hasta el punto de que la región cuenta con el 60 % de su población en la pobreza y el 15 % en la pobreza extrema. Por estas razones y por el factor geográfico de ser un puente natural entre los países productores de droga y el gran mercado americano, después de la pacificación, América Central se ha convertido en territorio controlado por las organizaciones criminales transnacionales de los cárteles de la droga. En respuesta, los gobiernos han reelegido sus países, dando a las fuerzas armadas un nuevo enemigo interno con el que justificar su existencia y permitiendo la penetración militar de la estructura del Estado

En resumen, existe una correlación entre la pobreza estructural, las tradiciones políticas violentas y la dimensión social de la violencia. Es una amenaza real contra la democracia, porque no sólo destruye el tejido social, sino que avala la corrupción, desnaturaliza las instituciones, debilita el Estado de Derecho y aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia el resto de la sociedad y de las instituciones.


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