Un país al que previamente se lo consideraba una isla de paz, hoy atraviesa la peor crisis de inseguridad en su historia y se vuelve un foco para analizar las diferencias entre los grupos de delincuencia organizada y los grupos armados. En este texto se abordarán tendencias y consideraciones para nutrir al debate.
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, en medio de un proceso electoral sui generis de elecciones anticipadas abre la puerta a varias discusiones sobre la situación de la seguridad en América Latina. Es importante tomar en cuenta que estas elecciones se dan después de que el presidente Guillermo Lasso (2021-2023) llamara a la muerte cruzada; una figura existente en la Constitución ecuatoriana que permite al primer mandatario disolver el congreso y llamar a elecciones tanto del ejecutivo como del legislativo antes de que termine el período de gobierno.
El presidente Lasso, que decidió no optar por la reelección, tomó esta decisión en un marco de una crisis de gobernanza, vacío de alianzas políticas y en contexto de una crisis de inseguridad que comenzó con masacres carcelarias, con historias más propias del cine de terror que de un recinto penitenciario, y que continúa con un incremento dramático de la violencia en las calles, y varios atentados contra actores políticos. Las muertes no involucran solo a miembros de pandillas, como los miembros del gobierno trataron de sostener al comienzo, sino que han involucrado a decenas de civiles e incluso dos candidatos a elecciones locales, un concejal, un candidato a la asamblea nacional, el alcalde de la ciudad de Manta, y ahora un candidato a la presidencia.
EL CRIMEN ORGANIZADO COMO RETO REGIONAL
En otros eventos de la accidentada historia de América Latina, en los que actores políticos han sido asesinados se han visto envueltos desde los gobiernos de turno a grupos armados con reclamaciones políticas. En Ecuador, llamativamente quienes se han visto involucrados son grupos de crimen organizado (GDO). Los GDO básicamente son agrupaciones delictivas, con un cierto grado de estructura piramidal, zona de influencia, y delitos asociados, varios de ellos están atados al narcotráfico. Sin embargo, vale la pena señalar que su participación en el narcotráfico no está atada a la producción, sino a la distribución. Estos son grupos que establecieron contrato con los productores colombianos y, con asesoramiento y financiamiento de los principales carteles mexicanos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Norte (también conocido como Cartel de Sinaloa), se han profesionalizado en la canalización de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Esto hace que los GDO se integren a las redes del Crimen Transnacional Organizado (CTO), lo que amplía el espectro de su participación delictiva a otros delitos conexos, entre los que están la minería ilegal, el tráfico y trata de personas, el tráfico de armas, la minería y otros delitos ambientales, el lavado de dinero, el contrabando, la penetración política y el control territorial, y el terrorismo (como lo muestra el Gráfico 1). México y Colombia han dado muestras claras de que el CTO representa un desafío severo para la capacidad del Estado de cumplir su rol, incluso cediendo territorio y capacidad organizativa ante la falta de capacidad de los gobiernos de dar respuesta a la amenaza.
El problema se muestra más severo cuando los actores políticos se demoran en tomar acciones para prevenir la penetración del CTO. Cuando esto ocurre, bien sea por ineficiencia, inoperancia, o directamente por factores ideológicos, el Estado pierde espacios frente a los actores criminales. A su vez, los GDO comienzan por procesos de reclutamiento forzado o de atracción económica con los que transforman a su localidad en espacios más cómodos para el desarrollo de sus actividades ilegales. Cuando se combina con la captación de actores políticos bien sea a través de corrupción o de la amenaza violenta pareciera un jaque mate, donde México, Colombia o Brasil han sido incapaces de encontrar la fórmula para dar fin a esta toma de control de los grupos criminales de ciertos barrios o zonas territoriales.
LA ELENIZACIÓN COMO FENÓMENO COMÚN
En primera instancia podría resultar llamativo que el CTO haya adoptado este tipo de prácticas más propias de los Grupos Armados Organizados (GAO). América Latina tiene un largo legado de GAOs, sobre todo aquellos que a mediados del siglo XX optaron por la lucha armada como medio de la toma del poder, respondiendo a una ideología marxista. Prácticamente todos los países de América Latina tuvieron que atravesar un período de conflicto con guerrillas armadas, algunos lo siguen haciendo (como lo muestra el Gráfico 2).
El fracaso de esta aproximación al poder se mostró rotundo, la gran mayoría de GAO tuvieron que rendirse, transicionaron a la política electoral, o mutaron en miembros activos del CTO. Para sostener la lucha armada, muchos GAO optaron por realizar actividades delictivas para obtener financiamiento. El narcotráfico ha sido la opción predilecta, y Colombia lleva la amarga delantera en este sentido. Aunque lograron desmovilizar a las FARC a través de la firma de la paz, muchos de sus miembros se negaron a la reinserción o simplemente no lograron readaptarse a la vida civil por lo que se sumaron a grupos del CTO o a GAO activos, como el ELN.
El ELN, a pesar de estar muy lejos de alcanzar la presencia de las FARC, ha replicado algunas de las prácticas de control territorial, asegurándose en parte el vínculo con las comunidades locales a través de la provisión de servicios que el Estado no cumple. Desde educación, pasando por salud, recreación e incluso la garantía de seguridad, grupos como el ELN se encargan de captar a más miembros para sus filas y obtener la protección de las comunidades frente a las fuerzas de seguridad del Estado. Este fenómeno ha sido abordado por algunos como elenización de la sociedad. Básicamente responde a la idea de que la cultura y la comunidad se acostumbran y normalizan la presencia de estos grupos y en algunos casos hasta los admiran y sienten un vínculo con ellos.
Esta costumbre de satisfacer y conectarse con la localidad también puede rastrearse hasta grande líderes de carteles como Pablo Escobar, y también se ha visto en el caso del Chapo Gúzman, donde a pesar de la violencia de sus actos, algunos miembros de su comunidad los veían con buenos ojos por las dádivas que entregaban a la localidad. Las narconovelas han ayudado a asentar una subcultura que tiene en los grupos que operan por fuera de la ley un potencial referente y además merma el impacto de la violencia con la que se desenvuelven las agrupaciones criminales.
En los últimos meses los GDO ecuatorianos incluso han pasado a ser actores que participan como interlocutores del poder. Los líderes de algunos grupos criminales incluso envían llamados a la paz desde las cárceles. Mientras que tras el asesinato de Fernando Villavicencio llegó a existir una guerra comunicacional en la que uno de los GDO se atribuía la responsabilidad del atentado, para pocas horas después ser desmentido como un bulo por los que aparentemente son los verdaderos representantes del GDO. En este vídeo enviado desde una de las cárceles, el vocero del GDO incluso llegó a resaltar que como agrupación no buscan hacer daño ni a políticos ni a civiles.
¿HACIA DÓNDE VA LA REGIÓN?
En medio de una etapa de creciente desencanto con la democracia, la inseguridad se vuelve un tema permanente en la agenda política regional. Que Ecuador se exponga al riesgo de transformarse en un narcoestado después de décadas de contención, a pesar de encontrarse en medio de los dos mayores productores de cocaína del mundo, debe ser un llamado de atención para el mundo. El debate sobre el narcotráfico no debe ir solo desde el punitivismo, sino que debe extenderse a las condiciones socioeconómicas que lo preceden.
GDO y GAO atraviesan sus propios procesos de rediseño en el mundo globalizado. GAO que se orientan al COT y GDO que empiezan a tener reclamaciones políticas. El fenómeno es más complejo de lo que llegan a vender medios y narconovelas. América Latina carga con el peso del consumo de la droga de las discotecas de Estados Unidos y Europa y el debate sobre legalización o por lo menos otras aproximaciones al problema parece estar estancado por la fuerza de otros problemas más “estratégicos”. Mientras tanto las aproximaciones radicales y de “mano dura” como las del Bukelismo se vuelven populares en redes sociales, aunque esto representa invisibilizar los excesos y abusos de poder y la violación de Derechos Humanos de las minorías y opositores.
El miedo se vuelve una variable permanente en una región que todavía no logra asentarse, a pesar de su riqueza natural y social. El problema del miedo es que vuelve a los electorados en actores más vulnerables a los discursos demagogos, y potencialmente autoritarios. Los GDO y GAO aprovechan esa inestabilidad para seguir asentándose en los sectores donde los Estados no se hacen presentes. Solucionar esto demanda presupuestos, y aunque existen varias formas de acceder a ellos este es un debate que queda para otro análisis.
NOTA: Los planteamientos e ideas contenidas en los artículos de análisis y opinión son responsabilidad exclusiva, en cada caso, del analista, sin que necesariamente representen las ideas de GEOPOL 21.
La mejora de las condiciones de vida en los lugares que más se han visto afectados por las GDOs, tanto en la violencia como en la generación de adeptos para sus filas, sería una respuesta para lo que está sucediendo aquí? Que más podríamos hacer?