La crisis abierta en Malí tras los acontecimientos del 25 de abril de 2026 supone un punto de inflexión de gran calado en la dinámica de seguridad del Sahel. La ofensiva coordinada entre el grupo yihadista JNIM y el Frente de Liberación de Azawad (FLA) no solo ha sorprendido por su alcance y nivel de planificación, sino por su capacidad para alterar el equilibrio interno del país y proyectar inestabilidad regional.
En el centro de la situación se encuentra una alianza táctica entre actores con objetivos distintos pero convergentes en el corto plazo. El FLA mantiene su aspiración de independencia de Azawad, con una fuerte base identitaria tuareg, mientras que JNIM persigue la expansión de un proyecto yihadista transnacional vinculado a Al Qaeda. La cooperación entre ambos no es nueva, pero sí lo es el grado de coordinación alcanzado, reflejo de una evolución operativa significativa y de una lectura compartida de la debilidad estructural del Estado maliense.
La ofensiva no puede entenderse sin atender a los meses previos. JNIM había desplegado una estrategia de “yihad económica”, basada en el control de rutas logísticas y el bloqueo de suministros hacia Bamako, lo que debilitó al gobierno tanto en términos materiales como de legitimidad política. Este desgaste facilitó el paso a una fase más ambiciosa, con ataques simultáneos sobre enclaves estratégicos orientados a fragmentar el territorio y aislar el norte del país.
Las acciones del 25 de abril reflejan una ejecución multisectorial en múltiples frentes. Ciudades clave como Kidal, Gao y Sévaré se convirtieron en objetivos prioritarios, mientras que ataques en Kati y en las inmediaciones de Bamako buscaron desestabilizar el núcleo político y militar. La caída de Kidal y la retirada negociada del África Corps ruso han tenido un impacto decisivo, generando un efecto dominó y una clara sensación de vacío de poder.
La actuación rusa ha sido uno de los elementos más controvertidos. Lejos de consolidar la seguridad, ha evidenciado limitaciones operativas, falta de compromiso y una tendencia a priorizar sus propios intereses estratégicos, incluso mediante acuerdos con los insurgentes. Esto ha intensificado las dudas sobre la fiabilidad de Rusia como socio y ha incrementado la vulnerabilidad del régimen maliense.
A nivel interno, la capacidad de respuesta del Estado está seriamente comprometida. Las elevadas pérdidas humanas y materiales, junto con la falta de cohesión, dificultan cualquier contraofensiva efectiva. Además, las alianzas dentro de la Alianza de Estados del Sahel (AES) han demostrado ser limitadas e inoperativas, incapaces de ofrecer apoyo real en un momento crítico.
Las consecuencias potenciales son profundas. Se abre la posibilidad de una fragmentación territorial, con la consolidación de Azawad como entidad separada, mientras que JNIM emerge como el gran beneficiario estratégico, reforzando tanto su capacidad militar como su proyección regional. Este escenario podría impulsar la expansión del yihadismo hacia otros países del Sahel e incluso hacia África Occidental costera.
Más allá del ámbito local, la situación tiene implicaciones directas para Europa. La combinación de inestabilidad, presión migratoria y competencia geopolítica convierte al Sahel en un espacio estratégico clave. Lo ocurrido en Malí no es un episodio aislado, sino un indicio de una posible reconfiguración del orden regional, donde actores estatales y no estatales compiten por redibujar el equilibrio de poder.
